se homologo al desistimiento

declara SIN LUGAR la Acción Contencioso Administrativa Funcionarial interpuesta por la ciudadana ALIDA FRAGA CRUZ, portadora de la cédula de identidad Nro. 5.153.954, asistida por el abogado ELÍAS WUILEINER HERNÁNDEZ FRAGA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 85.403, contra la notificación de fecha 15 de julio de 2011, suscrita por la Directora de Recursos Humanos de la Dirección Estadal de Salud del Distrito Capital, del Ministerio del Poder Popular para la Salud, mediante la cual se le informó sobre su clasificación como Técnico en Información y Estadísticas de Salud I, Técnico I (TI).

declara SIN LUGAR la Acción Contencioso Administrativa Funcionarial interpuesta por la ciudadana ALIDA FRAGA CRUZ, portadora de la cédula de identidad Nro. 5.153.954, asistida por el abogado ELÍAS WUILEINER HERNÁNDEZ FRAGA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 85.403, contra la notificación de fecha 15 de julio de 2011, suscrita por la Directora de Recursos Humanos de la Dirección Estadal de Salud del Distrito Capital, del Ministerio del Poder Popular para la Salud, mediante la cual se le informó sobre su clasificación como Técnico en Información y Estadísticas de Salud I, Técnico I (TI).

Con fundamento en lo antes expuesto este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE POR CADUCIDAD la querella interpuesta por la ciudadana EVA DEL CARMEN GUERRERO MÁRQUEZ, debidamente asistida por el abogado José del Carmen Blanco, contra el GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL.

Con fundamento en lo antes expuesto este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE POR CADUCIDAD la querella interpuesta por la ciudadana BEISY THAIS HENRIQUEZ PINEDA, debidamente asistida por el abogado José del Carmen Blanco, contra el GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL.

Con fundamento en lo antes expuesto este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE POR CADUCIDAD la querella interpuesta por la ciudadana ALMEIDA DE GUERRERO BERENICE JOSEFINA, titular de la cédula de identidad Nº 6.006.236, debidamente asistida por el abogado JOSÉ DEL CARMEN BLANCO, Inpreabogado Nº 26.495, contra el GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL.

Con fundamento en lo antes expuesto este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE POR CADUCIDAD la querella interpuesta por la ciudadana MARYORI MARÍA REYES HIDALGO, titular de la cédula de identidad Nº 13.088.412, debidamente asistida por el abogado JOSÉ DEL CARMEN BLANCO, Inpreabogado Nº 26.495, contra el GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL.

Por los razonamientos que preceden el Tribunal declara PARCIALMENTE CON LUGAR la oposición que hiciera la parte querellada a las pruebas que promoviera la parte querellante.

En lo concerniente al "CAPITULO V" denominado "PRUEBA DE TESTIGOS", este Tribunal niega la admisión de la testimonial referida a la ciudadana Carmen Elvigia Porras Escalante, en su condición de Magistrada de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo previsto en el artículo 495 del Código de Procedimiento Civil. Así mismo, se niega la admisión de la prueba testimonial promovida referida a la ciudadana Onelymar Salas Porras, por cuanto la parte promovente no consignó la dirección para librar la citación respectiva, es decir no cumple con los requisitos previstos en el artículo 483 eiusdem, y así se decide.

Este Órgano Jurisdiccional, recalifica la acción y ordena dar el trámite a la presente acción de conformidad con lo previsto en la Ley del Estatuto de la Función Pública. En consecuencia, de conformidad con los requisitos de admisibilidad previstos en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se admite cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.