Vista que fuera declarada improcedente la caución presentada por la parte codemandada en el intentado Recurso de Invalidación, se acuerda continuar con la ejecución de la sentencia, en consecuencia, este Juzgado fija para el día 09 de octubre de 2007, a las 09:00 a.m., para que sea practicada la medida de embargo ejecutivo en la presente causa. Igualmente, se insta a la parte actora a que señale bienes propiedad de la parte demandada, a los fines de realizar dicho embargo. Se ordena librar oficio a la Comandancia de la Policía Metropolitana de Caracas requiriendo el apoyo de la fuerza pública. Así mismo, se ordena librara oficio a la Coordinación Judicial con copia a la Coordinación de Secretarios a fin de que no sea incluido este tribunal para las audiencias preliminares correspondiente a ese día. Líbrense los Oficios.-

este Juzgado le imparte su Homologación, dándole efectos de Cosa Juzgada, toda vez que no vulnera derechos irrenunciables del trabajador ni normas de orden público.

En el día 21/09/2007, esta Sala de Juicio le impartió la correspondiente Homologación al Convenimiento de Obligación Alimentaria, presentado por la Defensora Pública Quinta para la Protección del Niño y del Adolescente del Área Metropolitana de Caracas, a solicitud de los ciudadanos EDINSON ZOZAYA MUÑOZ y JENNY MARILYN MARQUEZ GODOY, mayores de edad, de este domicilio, titulares de las Cédulas de Identidad Nº 15.662.859 y N° 12.006.877 respectivamente, a favor de su hija la niña

En el día 21/09/2007, esta Sala de Juicio le impartió la correspondiente Homologación al Convenimiento de Obligación Alimentaria, presentado por la Fiscal Centésima Octava (108°) del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, a solicitud de los ciudadanos JONATHAN MICHELL CAMACHO MENDOZA y JOSBELY COROMOTO MARCANO MARQUEZ, titulares de las cédulas de identidad Nº 13.866.874 y Nº 15.106.809, respectivamente, a favor de su hija la niña

En el día 21/09/2007, esta Sala de Juicio le impartió la correspondiente Homologación al Convenimiento de Obligación Alimentaria, presentado por la Fiscal Centésima (100°) del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, a solicitud de los ciudadanos IRIS MARCELINA SOJO ROSALES y FERNANDO ALEMÁN OROPEZA, titulares de las cédulas de identidad Nº 12.916.290 y Nº 9.542.034, respectivamente, a favor de su hija la niña

En el día 21/09/2007, esta Sala de Juicio le impartió la correspondiente Homologación al Convenimiento de Obligación Alimentaria, presentado por la Fiscal Centésima (100°) del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, a solicitud de los ciudadanos IRIS MARISELA CHACON GARCIA y JHON ENDER HERNANDEZ SANABRIA, titulares de las cédulas de identidad Nº 16.340.439 y Nº 16.076.249, respectivamente, a favor de su hijo el niño

Planteadas así las cosas, este Tribunal observa que la controversia en el presente asunto se circunscribe a determinar únicamente si resulta aplicable la eximente de responsabilidad penal tributaria prevista en el artículo 108 numeral 3° de la Ley de Impuesto sobre la Renta de 1982, aplicable al ejercicio fiscal investigado En relación a este único punto, este Tribunal observa que no existen en el expediente elementos probatorios que desvirtúen lo señalado y comprobado por la Administración Tributaria, por cuanto la recurrente no presentó las pruebas necesarias que demuestren la aplicación al caso concreto de la eximente de responsabilidad penal contenida en el numeral 3° del artículo 108 de la Ley de Impuesto sobre la Renta de 1982, aplicable ratione temporis, razón por la cual la Resolución impugnada, debe surtir plenos efectos legales, en virtud de la presunción de legalidad y veracidad de que gozan los actos Administrativos.

este Tribunal pasa a pronunciarse sobre la protección de Amparo Cautelar, visto que en el escrito recursivo se ha denunciado la violación de derechos constitucionales y establecido, como ha quedado, que la naturaleza del Amparo Cautelar se asemeja a la naturaleza que tiene la medida de suspensión de efectos de los actos administrativos tributarios, con relación a la exigencia de comprobación del requisito sobre el fumus boni iuris o apariencia de buen derecho, es decir, la probable existencia de un derecho, de que la pretensión principal será favorable al accionante, y este requisito no puede derivar únicamente de la sola afirmación del recurrente, sino que debe ser acreditado en el expediente, no solo con argumentos sino con elementos de prueba que lleven a la convicción del juez, prima facie y sin que signifique pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, que asiste al recurrente la apariencia de un buen derecho en su pretensión, esto es así, porque los actos administrativos .....

Con relación al desistimiento formulado por el apoderado judicial de la demandante, este Tribunal pasa a realizar las siguientes consideraciones: En primer lugar debemos definir lo que debe entenderse por desistimiento Del análisis efectuado a las actas procesales se evidencia de manera muy clara que el desistimiento del procedimiento más no de la acción, fue realizado en forma expresa por el representante judicial del demandante “PUERTOS DEL LITORAL P.L.C., C.A.”, facultado para ello, según documento poder y autorización suscrita por el ciudadano Presidente de la demandante supra identificada, mediante diligencia de fecha catorce (14) de diciembre de dos mil cinco (2005), que cursa al folio trescientos cincuenta y nueve (359) del expediente, en la etapa introductoria del presente procedimiento judicial, siendo forzoso para este Tribunal concluir que dicho desistimiento cumple con todos los requisitos legales para surtir los efectos que le asigna el artículo 263 del C.....

"...este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, DECLARA LA PRESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por el profesional del derecho JESUS OSWALDO GALLEGOS R., e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 42.516, procediendo en este acto en sus carácter de Apoderado Judicial de SUCRE Y CIA, C.A., Sociedad Mercantil de este domicilio, inscrita en el Juzgado de Primera Instancia en lo Mercantil de esta Jurisdicción, el día 23 de agosto de 1944, bajo el N° 2013, y cuya última modificación estatutaria se llevó a cabo en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, quedando registrada bajo el Nro. 82, Tomo 8-A, de fecha 30 de diciembre de 1985, e inscrita por ante el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el Nro. J-00035412-0, de conformidad con lo establecido en el artículo 185 del Código O.....