este Tribunal considerando que la misma no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de Ley la ADMITE cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia se ordena emplazar a los ciudadanos MARIA TERESA MAZZARRI DE MORENO, GERARDO ALFREDO MORENO TINOCO y JOSE ANDRES MORENO TINOCO, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, en su carácter de herederos conocidos del ciudadano GERARDO JOSE MORENO MAZZARRI, quien era titular de la titular de la Cédula de Identidad N° 4.324.696, de profesión Coronel (G.N) retirado, natural de Valera Estado Trujillo tal y como se evidencia del Acta de Defunción expedida por el Registro Civil del Municipio Baruta del Estado Miranda, a los fines de que expongan sobre la veracidad de la unión concubinaria que mantuvo el pre-nombrado de cujus con la ciudadana CARMEN MARGARITA SAAVEDRA SALAVERRIA, venezolana, mayor de edad, de este .....

se DECLARA DEFINITIVAMENTE FIRME, la sentencia dictada por este Juzgado en fecha 19 de septiembre de 2006, todo ello de conformidad con el articulo 524 del Código de Procedimiento Civil, para lo cual ordena oficiar lo conducente al Registro Principal del Distrito Capital y a la Primera Autoridad Civil de la Parroquia La Candelaria del Municipio Libertador del Distrito Capital, a los fines previsto en el artículo 506 del Código Civil, remitiéndosele adjunto copias certificadas de la sentencia y del presente auto de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley adjetiva. Así mismo, se ordena expedir por Secretaria los cuatro (04) juegos de copias certificadas requeridas con la inserción de la diligencia que las solicitas y del presente auto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 111 y 112 del Código de Procedimiento Civil.

Si bien es cierto, que del artículo parcialmente transcrito se infiere que el legislador adjetivo otorgó la potestad al Juez, de que aún cuando no estuviesen llenos los extremos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, pudiese decretar medidas preventivas, siempre y cuando el actor ofreciere caución o garantía suficiente para responder por los posibles daños y perjuicios que esta pudiera ocasionarle; no es menos cierto, que tal norma establece taxativamente las medidas nominadas que puede decretar el Juez con garantía, no previendo la misma la posibilidad de caucionar para obtener una medida innominada, limitándose la norma a la potestad de acordar embargo de bienes muebles o prohibición de enajenar y gravar inmuebles, resultando improcedente la solicitud de fijación de caución peticionada por el actor, razón por la cual se NIEGA dicha pedimento

el Tribunal observa, que en el caso que se analiza no se cumplen los extremos concurrentes para la procedencia de la medida preventiva solicitada, pues si bien podría considerarse de la lectura de los anexos del libelo de la demanda la eventual existencia de una presunción grave del derecho que se reclama, no aportó el actor elemento probatorio alguno que permita inferir a quien aquí decide que exista riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo. Al no verificarse la concurrencia de los extremos establecidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, para el decreto de la medida, es deber del Juez conforme a la sentencia parcialmente transcrita negar la providencia cautelar peticionada. Así se establece Por las razones expuestas esta autoridad judicial niega la solicitud de medida preventiva y así se decide

Definitivamente firme como se encuentra la sentencia dictada en fecha 29 de junio de 2006, se decreta su ejecución, para lo cual se establece oficiar lo conducente a la Primera Autoridad Civil de la Parroquia Santa Rosalia del Departamento (hoy Municipio) Libertador del Distrito Federal (hoy Capital) y al Registrador Principal del Distrito Capital a los fines de que se sirvan insertar y estampar las respectivas notas. Expídanse las copias certificadas y líbrense oficios.

Por recibida y vista la presente solicitud introducida ante este Tribunal por los ciudadanos MARBELLA JOSEFINA TORRES y JORGE OSWALDO MACHADO G., venezolanos, mayores de edad, cónyuges, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad No. 6.021.679 y 5.137.723, respectivamente, asistidos en este acto por la abogada CARLINA BLANCO, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 85.743. Désele entrada y admítase cuanto ha lugar en derecho. Por cuanto este Tribunal los exhortó a la reconciliación sin lograrse ésta, es por lo que se DECRETA dicha SEPARACIÓN DE CUERPOS y BIENES en los mismos términos y condiciones por ellos señalados, de conformidad con lo establecido en el artículo 189 del Código Civil vigente en concordancia con el artículo 762 del Código de Procedimiento Civil.

En el día de hoy, miércoles 04 de octubre de 2006, siendo las 8:30, hora y fecha fijada por el Tribunal para evacuar la prueba testimonial promovida por la parte actora, anunciado dicho acto en la puerta de este Juzgado por el Alguacil del Tribunal se deja constancia de que está presente el ciudadano PRIMO ROOSELVET VEGA ALVA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cedulad identidad N° 13.337.142, debidamente asistido por el profesional del derecho TOMAS ENRIQUE GUARDIA CHACON, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 1.988, asimismo, se deja constancia que la parte demandada ciudadanos CARLOS PEREIRA PESTANA y JOSE DE CAIRES DA MATA CATARINA, no hizo acto de presencia ni por si, ni por medio de apoderado judicial alguno, instruido el ciudadano PRIMO ROOSELVET VEGA ALVA de los generales de ley sobre testigos manifestó no tener impedimento alguno para declara; y, juramentado como ha sido por la Juez del Tribunal, pasa a exponer

este Tribunal, administrando justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara SIN LUGAR la acción de nulidad por Fraude Procesal interpuesta por la sociedad mercantil MICRO COMPUTERS STORE S.A., (MICOST) contra las ciudadanas ANGELINA CAPRILES y MARIANA MARTÍN CAPRILES, ambas partes identificadas al inicio de este fallo.- Se condena en costas a la parte demandante por haber resultado totalmente vencida en la presente litis de conformidad con lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.- Por cuanto la presente decisión se dicta fuera de los lapsos previstos para ello, se ordena la notificación de las partes, conforme lo previsto en los artículos 233 y 251 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese, regístrese, notifíquese y déjese copia en el en el copiador de sentencias llevado por este Tribunal.-

este Tribunal Primero de Primera instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara sin lugar la tacha incidental de falsedad propuesta por la parte demandante.- Se condena a la parte actora en las costas de la presente incidencia.- Se ordena la notificación de las partes, en virtud de que la presente decisión se dicta fuera de los lapsos previstos para ello, conforme lo previsto en los artículos 233 y 251 del Código de Procedimiento Civil.

La representación judicial de las partes intimadas, aduce su disconformidad con la pretensión de cobro de intereses exigidos por la parte actora en su demanda, defensa ésta que perfectamente es subsumible en la causal de oposición establecida en el ordinal 5° del artículo 663 del Código de Procedimiento Civil, disconformidad con el saldo establecido por el acreedor en la solicitud de ejecución de hipoteca. En este orden de ideas, nuestro legislador adjetivo expresamente dispuso que para que tal causal de oposición pudiera ser admitida era necesario que el intimado presentare prueba escrito de la cual se infiriere tal disconformidad del saldo. Tal exigencia, da a entender que no basta para que sea tramitada tal causal de oposición, que el demandado únicamente se limite a expresar su disconformidad con el saldo exigido por el acreedor en su demanda, como en efecto procedieron a realizar las partes intimadas respecto a los intereses, sino que es necesario que éstas den las razones de he.....