SE DICTO SENTENCIA INTERLOCUTORIA, DECLARANDO SIN LUGAR LAS DEFENSAS DE INADMISIBILIDAD OPUESTAS POR LA PARTE DEMANDADA Y SIN LUGAR LA CUESTION PREVIA OPUESTA CONTENIDA EN EL ORDINAL 6° DEL ARTICULO 346 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.

SE DECLARA CON LUGAR la demanda de EJECUCIÓN DE HIPOTECA interpuesta por PROMOTORA SAN IGNACIO, C.A., contra DUARTE MANUEL DA HORTA y OTRO; SE CONDENA a la parte demandada a que le pague a la parte actora las cantidades adeudadas por concepto de CAPITAL, más la cantidad adeudada por concepto CLÁUSULA PENAL; más la cantidad adeudada por concepto de DAÑOS y PERJUICIOS por el retardo en el cumplimiento de la obligación. SE CONDENA a la parte demandada a pagar a la parte actora los intereses que se sigan generando sobre el saldo capital, SE ORDENA INDEXAR las CANTIDADES CONDENAS en el PARTICULAR SEGUNDO conforme a los Índices Inflacionarios para el Consumidor (IPC), establecidos sistemáticamente por el Banco Central de Venezuela, SE IMPONEN LAS COSTAS a la parte demandada.

Se DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267, en concordancia con lo estatuido en el artículo 269 ambos del Código de Procedimiento Civil, con la consecuencia prevista en el artículo 271 eiusdem, es decir, que no podrá intentarse de nuevo la demanda antes de que transcurran noventa (90) días continuos después de verificada la perención.

Se DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267, en concordancia con lo establecido en el artículo 269 ambos del Código de Procedimiento Civil, con la consecuencia establecida en el artículo 271 eiusdem, es decir, que no podrá intentarse de nuevo la demanda antes de que transcurran noventa (90) días continuos después de verificada la perención.

Este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: el DECAIMIENTO DE LA ACCIÓN por pérdida del interés procesal.

Se DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267, en concordancia con lo estatuido en el artículo 269 ambos del Código de Procedimiento Civil, con la consecuencia prevista en el artículo 271 eiusdem, es decir, que no podrá intentarse de nuevo la demanda antes de que transcurran noventa (90) días continuos después de verificada la perención.

SE DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 267, EN CONCORDANCIA CON LO ESTATUIDO EN EL ARTÍCULO 269 AMBOS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, CON LA CONSECUENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 271 EIUSDEM, ES DECIR, QUE NO PODRÁ INTENTARSE DE NUEVO LA DEMANDA ANTES DE QUE TRANSCURRAN NOVENTA (90) DÍAS CONTINUOS DESPUÉS DE VERIFICADA LA PERENCIÓN.

Por las argumentaciones que se han dejado extendidas, y visto que no es común la presente causa a los ciudadanos GUILLERMO WOLINER EINHORN, MOISES WOLINER BENHAMU, JOHNATAN WOLINER BENHAMU y MIRIAM BENHAMU de WOLINER EINHORN, al ser estos en algunos casos Administradores con firma Tipo "A" de la demandante y en otros casos Directores de la demandada, resulta forzoso para este Juzgado declarar INADMISIBLE la tercería propuesta, con fundamento en el ordinal 4º del artículo 370 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

Se dictó sentencia interlocutoria mediante la cual se DECRETÓ medida cautelar innominada solicitada por la abogada Yudith Josefina Salazar Oca, actuando en representación de la ciudadana JULIANA MARÍA GARCÍA MATUTE, en consecuencia se ordenó la SUSPENSIÓN de la ejecución de la sentencia emanada del Juzgado Décimo Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictada en el juicio que por Cumplimiento de Contrato de Arrendamiento siguieron los ciudadanos Ricardo Valenti González y Lorena Sofía Valenti González, contra la ciudadana Juliana María García Matute, en el expediente Nº AP31-V-2012-000004 de la nomenclatura de ese Juzgado, por ello se ordenó oficiar a dicho órgano jurisdiccional participándole el presente decreto.

LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 267, EN CONCORDANCIA CON LO ESTATUIDO EN EL ARTÍCULO 269 AMBOS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, CON LA CONSECUENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 271 EIUSDEM, ES DECIR, QUE NO PODRÁ INTENTARSE DE NUEVO LA DEMANDA ANTES DE QUE TRANSCURRAN NOVENTA (90) DÍAS CONTINUOS DESPUÉS DE VERIFICADA LA PERENCIÓN. SEGUNDO: DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 283 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL NO HA LUGAR A COSTAS.