este Tribunal lo ADMITE cuanto ha lugar en derecho, en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el 23 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales

Vistas las pruebas presentadas por la ciudadana ADRIANA JIMÉNEZ CABALLERO, abogada en ejercicio e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 67.393, en fecha 29 noviembre de 2007, en su carácter de apoderada judicial de la parte actora, por una parte, y por la otra, el ciudadano HÉCTOR EDUARDO RIVAS NIETO, abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 11.784, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada, en fecha 04 de diciembre de 2.007, este Tribunal las ADMITE cuanto ha lugar en derecho, por no ser las mismas manifiestamente ilegales ni impertinentes, salvo su apreciación en la definitiva

SIN LUGAR la apelación de fecha 26 de noviembre de 2007, ejercida por el abogado en ejercicio RAMÓN VARGAS MEZONES, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte actora, ciudadana RUTH YAMILET GÓMEZ QUIJADA, contra de la sentencia tantas veces mencionada y, consecuencialmente, se confirma en todas y cada una de sus partes. Igualmente se anula todo lo actuado en el presente proceso desde el 26 de junio de 2007, fecha en la cual la parte demandante consignó las publicaciones (separatas) del cartel de citación y repone la causa al estado en que la parte demandante dé cabal cumplimiento a lo ordenado en el auto fechado el 23 de marzo, 7 de mayo y 12 de junio de 2007, relativos a la citación por carteles de la parte demandada. Así se declara.-

Se declara LA CONVERSIÓN EN DIVORCIO de la Separación de Cuerpos y Bienes, solicitada por los ciudadanos NELSON DAVID VERA LEDEZMA y YALITZA CECILIA BONILLA CELY, venezolanos, de este domicilio, mayores de edad, cónyuges, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-11.921.809 y V-12.174.437, respectivamente

Vista la apelación de fecha 10 de enero de 2008, interpuesta por el abogado RAUL M. RAMIREZ SENIA, actuando en su carácter de apoderados de la parte actora, en contra del auto dictado por este Juzgado en fecha 08 de enero de 2008, el Tribunal oye la apelación interpuesta en un solo efecto, de conformidad con lo previsto en el artículo 291 del Código de Procedimiento Civil

NIEGA la Medida de Prohibición de Enajenar y Gravar así como la Medida Preventiva Innominada solicitada ante este órgano jurisdiccional, por la parte actora en la pretensión de COBRO DE BOLIVARES deducida por la ciudadana ANA ROSA JARABA CONTRERAS contra los ciudadanos LUIS ENRIQUE BENSHIMOL PEDRIQUE y DAVIS EDUARDO BENSHIMOL PEDRIQUE.

declara: SIN LUGAR la oposición ejercida por la empresa demandada PROMOTORA LA CASCADA C.A., en la persona de su Director GERHARD HERMANN JOSE STRATTHAUS ALBRECHT, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 3.141.637, el juicio que por Ejecución de Hipoteca le sigue el BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA C.A., en consecuencia, se ordena la continuación de la causa con arreglo a los dispuesto en el artículo 662 del Código de Procedimiento Civil.

DECLARA: TITULO SUPLETORIO, para asegurar la posesión o algún derecho que pudiera tener el ciudadano FELIX SALAS ROJAS, antes identificado, en representación de la ciudadana YOLANDA COROMOTO SALAS GARCIA, venezolana, soltera, mayor de edad y titular de la cedula de identidad N° V-6.140.140 de conformidad con lo establecido en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil.

Se declara LA CONVERSIÓN EN DIVORCIO de la Separación de Cuerpos, solicitada por los ciudadanos CESAR EDGARDO ANDRADE TORRES y SANDRA DEL CARMEN AGELVIS GARCIA DE ANDRADE, venezolanos, de este domicilio, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-4.090.602 y V-7.662.555, respectivamente

este Juzgado se declara incompetente en razón de la cuantía y en consecuencia se ordena DECLINAR LA COMPETENCIA a un Tribunal de Municipio de esta Circunscripción Judicial. Ordenándose remitir el presente expediente al Juzgado Distribuidor de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas una vez transcurrido el lapso previsto en el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil.