En relación a la solicitud de la medida preventiva de Embargo sobre el inmueble arrendado, solicitada en el libelo de la demanda, este Juzgado niega su decreto, por cuanto no procede legalmente el embargo preventivo sobre bienes muebles

este Juzgado Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la solicitud de divorcio interpuesta por los ciudadanos GUILLERMO ENRIQUE JIMENEZ SANCHEZ y JENNY JOSEFINA CASTRO RIVERO, antes identificados. En consecuencia, se declara DISUELTO el vínculo matrimonial contraído por ellos ante el Jefe Civil de la Parroquia 23 de Enero del Departamento (hoy Municipio) Libertador del Distrito Federal (hoy Capital), el día cinco (5) de septiembre de 1986, registrado bajo el Acta No. 144 del Libro de Registro Civil de Matrimonios de ese mismo año.

En cuanto a la consignación del cheque de gerencia referido por el apoderado judicial de la parte demandada, como caución para que no se decrete dicha medida, este Juzgado declara que la medida de secuestro no se decreta ni se suspende con caución, mucho menos puede impedirse su decreto a través de dicha medida sustitituva, si estuviesen llenos los requisitos legales consagrados en la ley para su decreto, pues el secuestro es una medida cautelar conservativa del bien inmueble arrendado, y no asegurativa de las resultas del fallo, como pretendió entenderlo el apoderado judicial de la parte demandada. Sólo se permite impedir mediante caución el decreto de la medida de secuestro cuando se dan los supuestos establecidos en el ordinal 6° del artículo 599 del Código de Procedimiento Civil, lo cual no se corresponde con el caso de autos, en el que la solicitud de la medida está fundamentada en el ordinal 7° del mismo artículo, por cuanto se está tramitando el procedimiento. En consecuencia, .....

Visto que los términos convenidos por la demandada, YAISY PÉREZ, y la abogada Yasmín Córdoba Barrios, apoderada de la ciudadana MARÍA APARECIDA FERREIRA, ya identificadas, quien además tiene facultad para transigir, conforme poder apud acta otorgado ante este Despacho el 19 de octubre de 2009, no son contrarios al orden público y que además en la materia sobre la cual versa el presente procedimiento no están prohibidas las transacciones; actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, este Juzgado HOMOLOGA LA TRANSACCIÓN JUDICIAL celebrada entre las partes el 19 de noviembre de 2009, teniéndose la misma como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, a tenor de lo establecido en los artículos 255 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

En consecuencia, de conformidad a lo previsto en el artículo 643, ordinal 1° del mismo Código, se declara INADMISIBLE la demanda por COBRO DE BOLÍVARES interpuesta por el Procedimiento por Intimación, por el ciudadano HÉCTOR EDUARDO RIVAS NIETO contra la sociedad mercantil CONSTRUCTORA BAYA, C.A y la ciudadana LUISA RIVAS CORREA.