Por las razones anteriormente expuestas, éste Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA notificar al recurrente, apoderados judiciales del ciudadano LOVERA D´ ARMAS, para que en el plazo de treinta (30) días continuos contados a partir de la fecha en la cual conste en autos dicha notificación, informe a éste Tribunal si conserva el interés en que la causa sea decidida. En caso de no obtenerse respuesta en el indicado plazo, en el supuesto de que se logre su notificación, se declarará TERMINADO EL PROCEDIMIENTO por pérdida del interés y se ordenará el ARCHIVO del expediente.

Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la querella interpuesta por la ciudadana INGRID MERCEDES CASTRO ROJAS, representada por el abogado CASTO MARTÍN MUÑOZ MILANO, antes identificados, contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 0121, de fecha 19 de julio de 2005, suscrita por el Gobernador del Estado Miranda, el cual se ANULA. SEGUNDO: Se Ordena la reincorporación inmediata de la querellante en el cargo que desempeñaba de Supervisora III, así como el pago de los sueldos dejados de percibir desde la fecha de su retiro, hasta la fecha de su efectiva reincorporación.

El Tribunal de conformidad con lo establecido en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, la admite cuanto ha lugar en derecho.

El tribunal de conformidad con lo establecido en el articulo 646 del Código de Procedimiento Civil, decreta medida preventiva de embargo sobre bienes propiedad de la parte demandada

Este Tribunal en vista que la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, da por concluido el proceso y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, dándole efectos de la Cosa Juzgada, se ordena el cierre y archivo del presente expediente

DISPOSITIVA Por todos los razonamientos de hecho y de derecho antes expuestos, este Juzgado Vigésimo Séptimo (27º) de Primera Instancia con Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ACUERDA NEGAR la revision de la medida de privacion de libertad acordada al imputado ARNOLFO ENRIQUE ARNEDO ARANZA, solicitada por su abogado defensor dr. rodolfo flores, defensor publico 81º penal, conforme a lo previsto en el articulo 264 del codigo organico procesal penal, dictada en conta de su defendido en audienci oral celebrada ante este Juzgado en fecha 11-06-06, por no haber cambiado las circunstancia de hecho y de derecho que dieron lugar a la misma; todo ello en virtud a lo establecido an los articulos 250, 251 y 252 en relacion con los articulos 1, 12, 13 y 19 ejusdem; y los articulos 19, 23 y 26 de la Constitucion de la Republica bolivariana de ven.....

1) CON LUGAR la apelación intentada por la abogada CARMEN RENGIFO, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado) con el número 75.432, apoderada judicial de la parte actora, contra el auto de fecha 30 de noviembre de 2005, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. 2) SE REVOCA la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, de fecha 30 de noviembre de 2005. 3) SE ORDENA la Juzgado de primera instancia supra citado, dictar nueva sentencia con apego a lo dispuesto en la dispositiva de esta Sentencia. 4) Dadas las características de la presente decisión, no hay condenatoria en costas. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

V. DISPOSITIVA PRIMERO: CON LUGAR la apelación interpuesta por la abogada Alba Liconti, en su carácter de apoderada judicial de la parte actora, sociedad mercantil ALMACENADORA EL PALMAR, C.A., en fecha 07.10.2005, contra la sentencia definitiva de fecha 20.09.2005 proferida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró inadmisible la tercería intentada por la sociedad mercantil "INVERSIONES ATATECH, C.A." contra la parte demandada en la causa principal, sociedad mercantil "C.A., SEGUROS ORINOCO"; sin lugar la demanda por cumplimiento de contrato de seguros e indemnización de daños y perjuicios interpuesta por la sociedad mercantil "ALMACENADORA EL PALMAR, C.A." contra la sociedad mercantil "C.A., SEGUROS ORINOCO"; y condenó en costas a la parte actora, de conformidad con lo previsto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. SEGUNDO: SIN LUGAR la excepció.....

DISPOSITIVA Con fundamento en las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este Juzgado Duodécimo de Primera Instancia En Función de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, resuelve de oficio REVOCAR la Medida de Régimen Abierto, que como fórmula Alternativa de Cumplimiento de Pena fue acordada por este mismo Tribunal al penado REINALDO DEL CASTILLO RÍOS, como consecuencia de ello se ordena librar boleta de encarcelación a nombre del referido penado y junto con oficio remitirla a la Dirección de Capturas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, para que proceda a su inmediata aprehensión y traslado al Internado Judicial Capital Rodeo II, a los fines de que continúe cumpliendo la pena que le fue impuesta, y ejecutada como sea la captura del referido penado, notifique lo conducente a este Tribunal a los fines.....

ORDENA que la presente investigación siga por las disposiciones del procedimiento ordinario, como efectivamente ya se encontraba en ese estado, cuando la Fiscalía 43º del Ministerio Público le dio inicio el día 01 de octubre de 2006, conforme se desprende del folio 8 de las actuaciones, en virtud de la denuncia interpuesta por el ciudadano DANIEL ALBERTO TORRES LADERA, en esa misma fecha, por la comisión del delito de ROBO DE VEHICULO AUTOMOTOR, además del robo de su arma de reglamento, dinero en efectivo y un teléfono celular, habiéndose ordenado la práctica de las diligencias necesarias para el total esclarecimiento de los hechos, la comprobación de los delitos, y el aseguramiento de los objetos activos y pasivos de la perpetración, así como la identificación de los autores o partícipes.