Visto el anterior libelo de demanda y los recaudos anexos al mismo, presentado por los abogados NICOLAS DORTA CHANGIR y LUZMILA CALCURIAN GARCIA, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 21.990 y 44.974, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil BIG-GLASS, C.A., contra la sociedad mercantil GRUPO GADOL, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil V de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el N° 90, Tomo 404 A-Qto., el día 31 de marzo de 2000; este Tribunal, considerando que la misma no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de Ley la ADMITE cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 881 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 34 de la ley de Arrendamientos Inmobiliarios. En consecuencia, se ordena emplazar a la parte demandada sociedad mercantil GRUPO GADOL, C.A., en la persona de cualquiera de s.....

En consecuencia, con fundamento a las anteriores consideraciones de hecho y derecho este órgano jurisdiccional administrando Justicia el Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confiere la Ley, declara la PERENCIÓN DE LA PRESENTE INSTANCIA. Y ASÍ SE DECIDE.- De conformidad con lo previsto en el Artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, no hay condenatoria en costas.-

Por los razonamientos anteriormente expuestos, éste JUZGADO DUODÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la REPÚBLICA y por autoridad de la Ley, de conformidad con el artículo 257 de la Constitución Bolivariana de la República Venezuela y los Artículos 12, 242, 243 y 256, del Código de Procedimiento Civil, le imparte su HOMOLOGACIÓN el convenimiento celebrado por las partes en los términos por ellos establecidos y procede como en Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.-

En este orden de ideas, la Ley procesal exige que, tanto las diligencias como los escritos, sean debidamente suscritos por las partes o sus apoderados, siendo requisito indispensable a su validez, precisamente la firma de ellos y por cuanto, en el caso de autos, el solicitante, era necesario que esta firmara al pie del escrito libelar y, al no cumplirse este requisito establecido por la norma citada, el mismo se debe considerar inexistente y consecuencialmente negarse su admisión. Por lo antes expuesto y en virtud del poder revisor in limine que le confiere a quien suscribe el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal formalmente NIEGA LA ADMISIÓN de la demanda. Así se declara.-

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Visto el anterior libelo de demanda, así como los recaudos consignados, este Tribunal considerando que la misma no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de Ley la ADMITE cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia se ordena emplazar al ciudadano FELIPE ANCIETA TSUCHIYA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No. V-13.807.599, para que comparezca por ante este Tribunal DENTRO DE LOS VEINTE (20) DÍAS de despacho siguientes a la constancia en autos que de su citación se haga, a fin de dar contestación a la demanda que por COBRO DE BOLIVARES sigue el ciudadano ENRIQUE IGNACIO OLIVA DIEZ, en contra de usted

Se dictó y publicó Sentencia Interlocutoria Con Fuerza de Definitiva declarando inadmisible la presente demanda.-

II Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Décimo Séptimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por virtud de la autoridad que le confiere la Ley, declara: PRIMERO: IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar de secuestro sobre el bien inmueble objeto del juicio interpuesta por el abogado GASTON IRAZABAL, quien actúa en su carácter de apoderado judicial de la parte actora ADMINISTRADORA ABAD, C.A., en el juicio que por RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO sigue en contra del ciudadano CARLOS MANUEL MULLER HERNANDEZ, todos identificados en la parte inicial del fallo. SEGUNDO: Dada la naturaleza del presente fallo no hay especial condenatoria en costas. PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE

IV DISPOSITIVO Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Décimo Séptimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por virtud de la autoridad que le confiere la Ley, declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la pretensión de RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO interpuesta por la ADMINISTRADORA ABAD C.A. en contra del ciudadano CARLOS MANUEL MULLER HERNANDEZ ambos identificados en la parte inicial del fallo. SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se ordena a la parte demandada, que entregue a la parte actora el inmueble objeto del contrato de arrendamiento, constituido por un local comercial destinado a depósito, distinguido con el N° 221-A, de la Avenida Principal de La Urbanización Los Cortijos de Lourdes, Municipio Sucre del Estado Miranda. TERCERO: Dada la naturaleza del fallo, no hay especial condenatoria en costas. PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE

A través de SENTENCIA INTERLOCUTORIA el Tribunal anuló todas las actuaciones contenidas desde el día 10 de julio de 2008 y repuso el juicio que por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO intentara GIOVANNI GUASTELLA contra VICTOR JULIO SALAS, al estado de que se admita nuevamente la demanda, conforme al procedimiento oral, establecido en el artículo 859 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y de conformidad con lo indicado en el artículo 1º de la Resolución No. 2006-00066, de fecha 18 de octubre de 2006, dictada por el Tribunal Supremo de Justicia. Dada la naturaleza del fallo no hubo condenatoria en costas.