este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: Tempestivo el segundo escrito de oposición de cuestiones previas, presentado por la parte demandada. SEGUNDO: Sin lugar las cuestiones previas contenidas en los ordinales 2º, 3º y 6º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil relativas a la ilegitimidad de la parte actora y su apoderado y el defecto de forma de la demanda por no haberse dado cumplimiento a requisitos exigidos en el artículo 340 eiusdem. TERCERO: Sin lugar la cuestión previa contenida en el ordinal 8º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil atinente a la existencia de una cuestión prejudicial, específicamente que el juicio llevado en el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de esta Circunscripción Judic.....

este Juzgado, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley REPONE LA PRESENTE CAUSA al estado en que se encontraba para el día 16-9-2002, a fin de que se proceda a la evacuación de las pruebas, lapso que comenzará a correr una vez conste en autos la última notificación que de las partes se haga; y, una verificadas las mismas se librarán los despachos, oficios y boleta correspondiente. No hay condena en costas debido a la naturaleza del fallo. Se ordena la notificación de las partes de la presente decisión.

Visto el libelo de demanda y sus recaudos anexos, presentado por la abogada Amy Vielma, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el N° 104.873, actuando en su carácter de apoderada judicial de ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN VENEZOLANA, C.A. ARCOVEN, empresa domiciliada en Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui, inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 19 de junio de 1.959, bajo el N° 70, Tomo 19-A, luego de cambiado su domicilio inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui en fecha 11 de junio de 2.000, bajo el N° 72, Tomo A-1, este Tribunal considerando que la misma no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la Ley la ADMITE cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 881 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 33 de la ley de Arr.....

Por recibida y vista la solicitud de Separación de Cuerpos y Bienes, suscrita por los ciudadanos MARIVI DEL VALLE ORTEGA y ELKIN DARIO DUQUE ZULUAGA, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de la cédulas de identidad números V-16.316.989 y V-19.565.622, respectivamente, debidamente asistidos por la abogada Meralis Aparicio de Tremont, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 91.063, désele entrada y admítase cuanto ha lugar en derecho. Por cuanto este Tribunal los exhortó a la reconciliación sin lograrse ésta; en consecuencia de ello, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrado Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decreta la solicitud de Separación de Cuerpos y Bienes, en los mismos términos y condiciones por ellos expuestos, por no ser contraria al orden público o las buenas costumbres, de conformidad con.....

Vista el anterior libelo de demandada de divorcio fundamentada en el artículo 185-A del Código Civil y los recaudos anexos al mismo suscrito por los ciudadanos ISABEL TERESA CONTRERAS RANGEL y RICHARD JOSÉ FIGUEROA GARCÍA, venezolanos, mayores de edad, cónyuges entre sí, titulares de las cédulas de identidad Nros. 6.867.881 y 10.524.809, respectivamente, debidamente asistidos por la abogada Gladys De Jesús Lezama Rivas, adscrita a la Unidad de Protección del Niño y a la Familia de la Sindicatura del Municipio del Distrito Capital e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el N° 16.074; el Tribunal la admite cuanto ha lugar en derecho, por no ser contraria al orden público, las buenas costumbres ó alguna disposición expresa en la Ley. En consecuencia se ordena citar al representante del Ministerio Público, quien deberá comparecer por ante este Juzgado dentro de los diez (10) días de despacho siguientes a la constancia en autos que de su citación se haga,

Vistas las diligencias, suscritas en fecha 3 de los corrientes por los ciudadanos Antonio Palma De Conciliis y Liliana Grandillo, respectivamente, actuando en su carácter de expertos grafotécnicos designados en el presente juicio y los pedimentos contenidos en ellas, este Juzgado a los fines de proveer sobre los mismos observa: En cuanto a la entrega del documento sobre el cual se realizara los estudios a que se contrae la misión de los referidos expertos, el Tribunal acuerda el desglose del documento marcado "DOC-3", que riela al folio noventa y cinco (95) de la presente pieza y la entrega del referido documento a los solicitantes, quienes deberán dejar constancia de haber recibido el mismo mediante diligencia. Desglósese original. Respecto a la prorroga solicitada, este Juzgado acuerda otorgar a los expertos grafotécnicos un lapso de diez (10) días de despacho siguientes a la constancia en el expediente de haber retirado el documento objeto de la experticia a los fines de co.....

Vista la demanda y los recaudos anexos a la misma presentada por la abogada Cristina Durant Soto, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el N° 27.359, actuando en su carácter de apoderada judicial de la sociedad de comercio HOLCIM (Venezuela), C.A., antes denominada "Cementos Caribe, C.A., domiciliada en Caracas, inscrita originalmente bajo la denominación social de Compañía Anónima de Cementos Coro, por ante el Registro Mercantil de la Primera Circunscripción, el 11 de noviembre de 1.953, bajo el N° 595, Tomo 3-B, posteriormente cambiada la denominación social por la de Consolidada de Cementos, C.A. (Conceca), luego por Cementos Caribe, C.A., y por último modificada su denominación por la actual, según documento inscrito por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 04 de julio de 2003, bajo el N° 41, Tomo 87-A Pro.; este Tribunal la ADMITE cuanto ha lugar en derecho, por no ser contraria a.....

En cuanto a la oposición de la prueba de Inspección Judicial admitida el día de hoy (07-11-2008), este Tribunal admitió tal prueba, por no ser manifiestamente ilegal, ni impertinente, pudiendo la diligenciante estar presente en la práctica de la misma, a los fines de su evacuación. Por tal razón se desecha la oposiciónformulada en los términos planteados PoAsí se establece.-

Vista la diligencia suscrita por la abogada Elena Flores, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro 14.178, quien actúa como apoderada judicial de la parte intimante, mediante la cual consigna en dos folios útiles documento autenticado, en el que consta el recibo de la cantidad de sesenta mil bolívares por parte del abogado Octavio García Contasti, y el correspondiente finiquito otorgado por la ciudadana Katalina Kowalenko, solicitando se suspenda la medida de prohibición de enajenar y gravar, decretada en fecha 21 de abril de 2008, que cursa a los folios 18 y 19, del cuaderno de medidas del juicio de Estimación e Intimación de Honorarios Profesionales, el Tribunal con vista al documento suscrito por una parte el ciudadano Octavio García Contasti y por la otra la ciudadana Katalina Kowalenko, ante la Notaria Pública Primera del Municipio Baruta del estado Miranda, de fecha 13 de octubre de 2008, en la cual se evidencia el finiquito del presente juicio, aunado a la solicitud de.....

La Inhibición es un recurso otorgado por el legislador al funcionario judicial que conozca que en su persona existe alguna causal de recusación, estando obligado a declararla sin aguardar a que se le recuse, tal facultad está sujeta a las causales taxativas, indicadas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, no existiendo norma alguna que exprese que dicho recurso sea dable a la parte ejercerla, por lo que, esta juzgadora considera que el hecho de motivar el otorgamiento o negativa de una medida solicitada por alguna de las partes, no es indicativo de haber emitido opinión al fondo de lo debatido, y menos aun patrocinar a alguna de las partes, siendo en consecuencia forzoso para este Tribunal negar la solicitud de inhibición planteada por la parte accionante.