Por las razones antes expuestas, este Tribunal Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara CON LUGAR la RECTIFICACIÓN DE ACTA DE MATRIMONIO solicitada por la ciudadana NORMA ESPERANZA CONTRERAS DE PORRAS, quien es de nacionalidad venezolana, mayor de edad, casada, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-4.435.759.-, y en tal sentido, ordena que se rectifique los errores mencionados en los términos siguientes: en el Acta Nº 5 A, de fecha cuatro (04) de enero de mil novecientos setenta y ocho (1978), inserta en los Libros de Registro Civil de Matrimonios llevados por la Primera Autoridad Civil de la Parroquia Sucre, Departamento Libertador del Distrito Capital, donde se lee "...JOSEFA PORRA DE QUERALES ..." deberá decir y leerse: "...JOSEFA PORRAS DE QUERALES ..." asimismo donde se lee CENOBIA CUBERO.....

considera este Juzgado que en el caso bajo estudio el acta de matrimonio no adolece de ningún error material, por cuanto el cambio del número de cédula de identidad del up supra mencionado ciudadano ocurrió con posterioridad al matrimonio del solicitante tal y como se desprende de la constancia expedida por la División de Archivos de Prontuarios de la Dirección de Control de Extranjeros de fecha 16 de octubre del presente año, por lo antes expuesto se declara la solicitud de rectificación de Partida de Matrimonio IMPROCEDENTE.

PRIMERO: INADMISIBLE la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por la abogado JULY CORDERO BARRETO, actuando en su condición de apoderada judicial de la sociedad mercantil ADRIÁTICA DE SEGUROS, C.A. por no tener la representación de la quejosa, sociedad mercantil ADRIÁTICA DE SEGUROS, C.A., documento poder con facultad expresa para intentar la Acción de Amparo Constitucional, lo cual constituye un requisito sine qua non, SEGUNDO: En consecuencia, CESAN LOS EFECTOS DE LA MEDIDA CAUTELAR INNOMINDA decretada por este Tribunal Constitucional por auto de fecha 14 de noviembre de 2008 en el Cuaderno de Medidas Nº 1 del presente expediente, mediante la cual se suspendieron los efectos del decreto de ejecución ordenado por el Tribunal de primera Instancia Marítimo mediante auto de fecha 30 de octubre de 2008, TERCERO: Dada la naturaleza del presente fallo, no hay especial condenatoria en costas. Se ordena expedir copia certificada de la presente decisión, a los fines de su archivo.....

HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES DÁNDOLE EFECTO DE COSA JUZGADA,

esta SALA 7 DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara CON LUGAR la recusación planteada por el ciudadano NOEL LENIN QUIROZ MUJICA, abogado en ejercicio, de este domicilio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 76.190, en su condición de defensor del ciudadano JHONNY JOSE GARCIA, contra la ciudadana ROMY MENDEZ RUIZ, su condición de Juez del Juzgado Cuadragésimo Sexto de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, fundamentado en el artículo 86 ordinales 7º y 8° del Código Orgánico Procesal Penal, relacionada con la causa distinguida bajo el N° 10.702-08 de la nomenclatura de ese Juzgado.

En vista de las consideraciones antes expuestas, este Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario, administrando Justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley declara EXTINGUIDA POR PERENCION la presente causa, el cual se inició con el Juicio Ejecutivo incoado por las ciudadanas Mireya Tapia y Maria Leonor Pineda, venezolanas, mayores de edad, abogadas, titulares de las Cédulas de Identidad Nos. 8.064.425 y 7.429.451, inscritas en el Inpreabogado con los No. 45.780 y 65.536, respectivamente, actuando en representación de la República Bolivariana de Venezuela, adscrita al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), contra la empresa "Agrícola Malagana, C.A", sociedad mercantil inscrita anteriormente ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, bajo el No. 340, folios 238 al 24, del libro de Registro de Comercio No. 3, en fecha 07-07-1976, posteriormente se .....

En vista de las consideraciones antes expuestas, este Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario, administrando Justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley declara EXTINGUIDA POR PERENCION la presente causa, el cual se inició con el Recurso Contencioso Tributario, interpuesto por los ciudadanos Cristian Di Máximo y Rafael Rosillo González, venezolanos, titulares de las Cédulas de Identidad Nos. 11.550.539 y 11.736.8812.985.601, inscritos en el IPSA con los Nos. 69.530 y 95.833, respectivamente, actuando en su carácter de Apoderados Judiciales de la empresa denominada "Estación de Servicio Sexta Avenida, C.A", sociedad mercantil, Inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el No. 13, tomo 347-A-Sgdo, en fecha 01 de septiembre de 1995, igualmente inscrito en el Registro de Información Fiscal No. J-00091749-3, contra la Resolución No. 751, de fecha 22-06-2005, emanada de la Alcaldía de Mu.....

Fue practicada medida de Secuestro sobre el inmueble objeto de la presente medida y se puso en posesión de la Depositaria Judicial designada, quien lo recibió libre de bienes y personas en el acto, comprometiéndose a cumplir con todas las disposiciones legales establecidas en la Ley Sobre Depósitos Judiciales y demás leyes de la Republica.

Se dictó resolución mediante la cual se le discierne el cargo al ciudadano CARLOS MARRERO MARRERO de Curador Especial de la niña: , anteriormente identificado, de conformidad con lo establecido en el artículo 270 del Código Civil, con todas las consecuencias legales inherentes al mismo.-

En consecuencia, este Tribunal lo ADMITE POR CUANTO HA LUGAR EN DERECHO, por no ser contraria al orden público a las buenas costumbres y procede a HOMOLOGAR el presente CONVENIMIENTO DE RÉGIMEN DE CONVIVENCIA FAMILIAR, en los términos allí expuestos, indicándosele a las partes que la presente homologación tiene fuerza ejecutiva. Todo de Conformidad con el artículo 387 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y el Adolescente. Expídase por secretaría copias certificadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 del Código de Procedimiento Civil. Líbrese oficio a la Oficina de Atención al Público, a los fines de remitirle copia certificada de la presente resolución, para que sea entregada a los interesados, una vez consignen los respectivos fotostatos. Cúmplase.