Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, NO ACEPTA la declinatoria de competencia que le hiciera el Juzgado Séptimo de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, para conocer de la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por el abogado Miguel Antonio Araujo Gutiérrez, actuando como apoderado judicial de la ciudadana CRISTINA OFELIA FIERRO BARRANDEGUY, contra la República Bolivariana de Venezuela (MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL hoy MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD); ello por estimarse igualmente incompetente, en consecuencia se ordena remitir el expediente a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de que sea ese Máximo Tribunal el que decida cuál es el Órgano Jurisdiccional competente para conocer del .....

Sentencia que declaró con lugar la demanda de divorcio de los ciudadanos Urdaneta-Vielma, con fundamento en la causal tercera del articulo 185 del Código Civil.

Este Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Violencia contra la Mujer Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se CONDENA al ciudadano HENRY ANTONIO PIMENTEL, de nacionalidad venezolana, natural de Caracas, de 34 años de edad, nacido el 14 de febrero de 1977, de estado civil soltero, titular de la cédula de identidad número V-12.718.489, de profesión u oficio vendedor de perros calientes en Sabana Grande, residenciado actualmente en el Edificio Centro Cinco, piso 3, apartamento 36, La Concordia, Parroquia Santa Rosalía, Caracas, hijo de América Pimentel (V) y Francisco Vásquez (V), a cumplir la pena de DIEZ (10) AÑOS de prisión, en virtud de su autoría y responsabilidad en la comisión de los delitos de VIOLENCIA PSICOLÓGICA, VIOLENCIA FÍSICA Y VIOLENCIA SEXUAL, previst.....

este Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la PERENCION DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en la demanda que por DIVORCIO CONTENCIOSO intentara el ciudadano MANUEL JESUS RUIZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de identidad Nº V-9.295.317 contra la ciudadana LAURA THAIS VALECILLO GARCIA, ambas partes suficientemente identificadas en el encabezado de este fallo. Por la especial naturaleza del presente fallo no hay condenatoria en costas de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.

IV DECISIÓN Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PROCEDENTE la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada en fecha 11 de junio de 2010, por la abogada María Fátima Da Costa, actuando con el carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil PROACTIVA LIBERTADOR, C.A., ya identificados, contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA por órgano del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL a través de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO "PEDRO ORTEGA DÍAZ", sede Caracas Sur.

Por los razonamientos precedentemente expuestos, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara: el DECAIMIENTO de la medida cautelar de suspensión de efectos acordada a la empresa INVERSIONES MUEBLES ALESSANDROS SEVILLA, C.A., en fecha 30 de noviembre de 2009, contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 013218 de fecha 8 de julio de 2009, dictado por la Dirección General de Inquilinato del Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura, hoy Ministerio del Poder Popular para Transporte y Comunicaciones.

Se declara CARGA FAMILIAR a la niña (Se omite su identidad por disposición del artículo 65 de Lopnna) del ciudadano ALBERTO JOSÉ YÉPEZ SOLÓRZANO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-15.931.470.

DECISION Por todo lo anteriormente expuesto, esta Sala Seis de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, acuerda declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por los profesionales del derecho LUIS RAMON LAYA MALAVE, JUDITH APARICIO y LILIANA DEL CARMEN RODRIGUEZ, en su carácter de defensores de los ciudadanos DOLORES EMILIA HERRERA GONZALEZ y MIGUEL ORLANDO OROPEZA VARGAS, en contra de la decisión dictada por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en función de Control de este Circuito Judicial Penal, en fecha 25 de marzo de 2011, en la audiencia para oír al imputado, en la cual les decretó medida judicial privativa preventiva de libertad, de conformidad con lo establecido en los artículos 250 en sus tres numerales, 251 numerales 2, 3 y parágrafo primero y 252 numerales 1 y 2 todos del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión del delit.....

Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Vigésimo Primero (21°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara: PRIMERO. Que los Tribunales del Trabajo no tienen Jurisdicción para conocer y decidir la transacción presentada en la demanda incoada por el ciudadano EDGAR RAMIREZ RAMIREZ asistido por la abogada MARIA DANIELA VALENTE inscrita en el IPSA bajo el Nro. 162.511 presentó demanda por Prestaciones Sociales, Enfermedad Ocupacional y Otros Conceptos Laborales en contra de la empresa PEPSI COLA VENEZUELA, C.A., con respecto a la administración pública: Inspectoría del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del presente fallo. TERCERO: Ordena la remisión inmediata de los autos a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de l.....