Se dictó resolución en la cual se declara a la niña -----, como carga familiar de la ciudadana CARMEN ALICIA LEAL DE DAVILA.

ESTE TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE EJECUCION DE LA SECCION DE RESPONSABILIDAD PENAL DEL ADOLESCENTE DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, PASA A PRONUNCIARSE EN LOS SIGUIENTES TERMINOS: PRIMERO: Se le impone al sancionado XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la ejecución de la Sanción de LIBERTAD ASISTIDA, prevista en el artículo 626 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, por el lapso de UN (01) AÑO, impuesta en fecha 21-06-2010, por el Juzgado Noveno (09°) de Primera Instancia en Funciones de Control de la Sección de Responsabilidad Penal de Adolescentes de este Circuito Judicial Penal; por haber admitido los hechos por la comisión del delito de ROBO GENERICO, previsto y sancionado en el Artículo 455 del Codito Penal vigente, en ese sentido se le informa al sancionado que debe colaborar con el equipo técnico que designe la Institución a.....

Por los razonamientos antes expuestos este Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR, la Apelación interpuesta por la representación judicial de la parte actora, en contra de la decisión de fecha 22 de octubre de dos 2010, dictada por el Juzgado Vigésimo Segundo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área metropolitana de Caracas. En consecuencia de lo anterior se acuerda: PRIMERO: SE DECRETA medida de SECUESTRO sobre el inmueble constituido por un apartamento ubicado en la Urbanización Lomas de Prados del Este, Sector C-2, Segunda Etapa, en la Avenida Principal, Jurisdicción del Municipio Baruta, Distrito Sucre del Estado Miranda, situado en el edificio denominado Residencias Indialca II, Piso 4, apartamento 4-C, el cual le corresponden dos (2) puestos de estaciona.....

Se DECLINA la competencia de la presente causa, al Tribunal de los Teques de Protección del Niño, Niña y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, a los fines de que conozca del presente procedimiento, a quién se ordena remitir la totalidad del presente asunto, una vez se haya cumplido el lapso establecido en el artículo 69 del antes aludido Código, a los fines de seguir con su respectiva sustanciación.

este Tribunal Décimo Quinto (15°) de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación, Ejecución y Régimen Transitorio de Protección de Niños, Niñas procede a Homologar el CONVENIMIENTO DE OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN, en los términos allí expuestos todo de conformidad con lo establecido en el artículo 375 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, indicándosele a las partes que la presente homologación tiene fuerza ejecutiva. Expídanse por secretaria las copias certificadas del convenio y del presente auto y entréguense a los interesados en la Oficina de Atención al Público (O.A.P.), una vez que las partes consignen los fotostátos pertinentes, a fin de que surta los efectos legales correspondientes. Por último, se ordena el CIERRE Y ARCHIVO del presente asunto.

SE CONSIDERA DESISTIDO EL PROCEDIMIENTO, EN CONSECUENCIA, DECLARA EXTINGUIDA LA INSTANCIA y se ordena el cierre y archivo del presente asunto. Y ASÍ SE DECIDE. PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE Dada, firmada y sellada en el Despacho del Juzgado Décimo Cuarto (14°) de Mediación y Sustanciación del Circuito Judicial del Tribunal Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional. En Caracas, al día doce (12) del mes de Enero de Dos Mil Once (2011). Años: 200° de la Independencia y 151° de la Federación.- LA JUEZ, Dra. ENOE CARRILLO CASTELLANOS LA SECRETARIA, Abg. YARITZA GÓMEZ En el día de hoy, siendo la hora indicada en el sistema Juris 2000, se publicó la presente decisión.- .....

Este Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR, la oposición a la admisión del Recurso Contencioso Tributario incoado por la contribuyente RIVIERA MOTORS, C.A., formulada por la Apoderada Judicial de la Alcaldía del Municipio Baruta del Estado Miranda; y por vía de consecuencia INADMISIBLE dicho Recurso Contencioso Tributario.

Por todo cuanto antecede, esta Corte Superior de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, actuando como Tribunal Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara inadmisible la acción de amparo constitucional incoada por la ciudadana BOLIVIA MARTÍN SANTANA, Fiscal 113º del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, en la causa seguida a los adolescentes (IDENTIDAD OMITIDA), en contra de la decisión dictada por el Juzgado de Primera Instancia en Función de Control Nº 7 de esta misma Sección y Circuito Judicial Penal, de fecha 17 de diciembre de 2010, de conformidad con lo establecido en el ordinal 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Por todo cuanto antecede, esta Corte Superior de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, actuando como Tribunal Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara inadmisible la acción de amparo constitucional incoada por la ciudadana BOLIVIA MARTÍN SANTANA, Fiscal 113º del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, en la causa seguida al adolescente (IDENTIDAD OMITIDA), en contra de la decisión dictada por el Juzgado de Primera Instancia en Función de Control Nº 7 de esta misma Sección y Circuito Judicial Penal, de fecha 17 de diciembre de 2010, de conformidad con lo establecido en el ordinal 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

El Tribunal admite cuanto ha lugar en derecho, salvo su apreciación en la definitiva, las pruebas por cuanto en su contenido no son manifiestamente ilegales ni impertinentes en los términos expuestos en la presente decisión