Sentencia que declara el divorcio de los ciudadanos Ramos-Anseumes, con funadmento en el artículo 185-A del Código Civil.

Se declara la EXTINCION del presente juicio de Divorcio.-

DISPOSITIVA Por las razones antes expuestas, esta Sala Dos de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decreta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara INADMISIBLE el Recurso de Apelación interpuesto por los Abgs. EVELIO ANTONIO QUINTERO JIMÉNEZ y MÓNICA ALEXANDRA CANDELL, en su carácter de defensores de los ciudadanos FREDDY RAMÓN RODRÍGUEZ BECERRA y JHON DEIVIS PABÓN MAJIAS, en contra de los pronunciamientos dictados en la Audiencia Preliminar celebrada en fecha 23 de Octubre de 2006, por el Juzgado Trigésimo Cuarto (34°) de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, a cargo de la Dra. MARÍA FEDERICA PÉREZ CARREÑO, mediante los cuales admitió la acusación Fiscal, admite las pruebas interpuestas por la Representación Fiscal, de conformidad con lo establecido en el artículo 331 del Código.....

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso contencioso administrativo de nulidad intentado por el abogado SEGUNDO JOSÉ VELÁSQUEZ BRITO, apoderado judicial de la sociedad mercantil "COMUNICACIONES BWC, C.A.", antes identificados, contra la Inspectoría del Trabajo en el Distrito Capital Municipio Libertador.

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CONSUMADA LA PERENCIÓN y en consecuencia extinguida la instancia, en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la ciudadana IRLANDIA CECILIA CORNEJO GARCÍA, por intermedio de sus apoderados judiciales, abogados MIRIAN JOSEFINA PERDOMO RODRÍGUEZ y MANUEL DE JESÚS DOMÍNGUEZ, contra el acto administrativo contenido en la Resolución No.005684 de fecha 17 de octubre de 2002, dictada por la Dirección General de Inquilinato del Ministerio de Infraestructura.

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CONSUMADA LA PERENCIÓN y en consecuencia extinguida la instancia, en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los ciudadanos RAFAEL NICOLÁS ISTURIZ y MARÍA EUGENIA MORA DE ISTURIZ, asistidos por el abogado EDUARDO ACOSTA, contra el acto administrativo contenido en la Resolución No.006129 de fecha 9 de enero de 2003, dictado por la Dirección General de Inquilinato del Ministerio de Infraestructura.

DECISIÓN Por los motivos precedentes este Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo, actuando en Sede Constitucional, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley declara INADMISIBLE, la presente acción de Amparo Constitucional incoada conjuntamente con medida cautelar por el abogado Francisco Javier Sandoval, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 42.442, actuando en su carácter de apoderado judicial del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos del Instituto Municipal de Crédito Popular del Municipio Libertador del Distrito Capital, que actúa como sujeto colectivo de derecho laboral y por lo tanto actúa en su propio nombre y en nombre de los trabajadores del Instituto Municipal de Crédito Popular del Municipio Libertador, contra el ciudadano Hender López Barbosa, titular de la Cédula de Identidad Nº 3.248.404, en su carácter de Presidente y Representante legal del Instituto Municipal de Crédito Popular.....

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara HOMOLOGADO el desistimiento de la querella interpuesta por los abogados Andrés Troconis Torres, Jaime Torres Fernández y Maryuri Meza, en su condición de apoderados judiciales de la ciudadana MARÍA LUISA GONZÁLEZ PÉREZ, contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR).

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dispone en los siguientes términos: PRIMERO: Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la querella interpuesta por los abogados Humberto Simonpietri Luongo, Juan Bautista Simonpietri Luongo y Atilio Agelviz Alarcón, actuando como apoderados judiciales del ciudadano MELECIO GUERRERO, contra la República Bolivariana de Venezuela (MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR). SEGUNDO: Se niega el pago de la diferencia de prestaciones sociales, por la motivación ya expuesta en este fallo. TERCERO: Se ordena al Organismo querellado pagarle al actor los intereses moratorios causados por retardo en el pago de prestaciones sociales, desde el 31 de marzo de 1998 hasta el 22 de septiembre de 2003, lo cual debe hacerse sin capitalizarlos. CUARTO: A los fines de determinar con toda precisió.....

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, dispone en los siguientes términos: PRIMERO: Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la querella interpuesta por el abogado Brigido Barrios Aponte, actuando como apoderado judicial de la ciudadana EVELIN ALVAREZ ALVAREZ, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO MIRANDA (CONTRALORIA DEL ESTADO MIRANDA). SEGUNDO: Se declara la NULIDAD de los actos de remoción y posterior retiro que afectaron a la actora, en consecuencia se ordena a la Gobernación del Estado Miranda a través de la Contraloría del Estado Miranda, reincorporarla al cargo que desempeñaba de Secretaria Ejecutiva III, o a otro de igual jerarquía y remuneración, con el pago de los sueldos dejados de percibir desde la fecha del retiro hasta su efectiva reincorporación, los cuales deberán ser cancelados de manera integral, .....