DISPOSITIVO Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Undécimo de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, Declara: PRIMERO: INADMISIBLE la presente demanda de nulidad interpuesta en fecha 07 de enero de 2015 por el abogado MARCO ANTONIO BRITO CABELLO, en su condición de apoderado judicial del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS URBANAS (INTU), contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa N° 0411-14 contenida en el expediente N° 027-2013-01-00101, emitida en fecha 11 de junio de 2014, emanado de la Inspectoría del Trabajo en el Este del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: Dada la naturaleza del fallo no hay condenatoria en costas.

este Juzgado Quinto (5°) de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por Autoridad de la Ley, declara: Primero: Sin lugar la demanda de nulidad interpuesta el ciudadano Alexánder Guillermo González Abreu, titular de la cédula de identidad Nº 10.871.782, debidamente asistido por el abogado Israel Pereira, inscrito en el I.P.S.A. bajo el N° 124.022; contra la Providencia Administrativa Nº 00180-14, emanada de la Inspectoría del Trabajo en el Norte del Municipio Libertador de Distrito Capital, en fecha 30 de junio de 2014, en el expediente Nº 023-2013-01-00717, que declaró con lugar la solicitud de la calificación de la falta interpuesta en fecha 20 de marzo de 2013, por los ciudadanos Domingo Salgado y Elizabeth Peraza Gudiño, en su carácter de apoderados judiciales de la entidad de trabajo C.A. Metro de Caracas. Segundo: Dada la naturaleza de la presente .....

Este Juzgado es INCOMPETENTE en razón de la cuantía para seguir conociendo del presente proceso incoado por la ciudadana SUSAN EMILIA DEL CARMEN CAMEJO MORALES, contra la ciudadana JEANETTE COROMOTO CAMEJO MORALES, ut supra identificados; en consecuencia, DECLINA la competencia en un Juez de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

DECISIÓN Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo identificado con el alfanumérico MD-DD 5090, de fecha 13 de agosto de 2012, suscrito por el ciudadano Ministro del Poder Popular para la Defensa, efectuada por el ciudadano FRANKLIN JOSÉ ANTUAREZ RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad número V- 12.214.144, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 166.792, actuando en su propio nombre.

DECLARA: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda interpuesta por la sociedad mercantil JAH INSURANCE BROKERS CORP, contra sociedad mercantil INVERSIONES MARBEN 253, C.A., por COBRO DE BOLÍVARES. SEGUNDO: Se condena a sociedad mercantil INVERSIONES MARBEN 253, C.A. a pagarle a sociedad mercantil JAH INSURANCE BROKERS CORP ;la cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON CERO SEIS dólares de los Estados Unidos de América (US$ 1281,06), por concepto de la prima de seguro derivada de los certificados que la contienen, a la tasa de cambio vigente para el Sistema Complementario de Administración de Divisas, denominado o conocido como SICAD I, para la fecha en que quede definitivamente firme la presente decisión. Este calculo se realizará por una experticia complementaria del fallo para lo que ordena oficiar al Banco Central de Venezuela, para que sea esta Institución de sobrado prestigio la que lo realice.

Por todas las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Primero (1°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de Ley, declara: CON LUGAR la demanda que por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, interpuso el ciudadano ANDERSSON CLEMENTE SANCHEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad No. 22.746.510, contra las empresas demandadas, GOURMET 678, C. A., INVERSIONES RODRÍGUEZ 3010, C. A. Y SOLIDARIAMENTE a ELIO POLICARPIO RODRIGUEZ, en su condición de DIRECTOR Estatutario, ambas partes debidamente identificadas en autos. Condenándose a ésta ultima al pago de la cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TRES BOLIVARES CON NOVENTA Y UN CENTIMOS (BS. 57.303,91), por los conceptos debidamente discriminados en la forma que esta.....

Este Tribunal en vista de que la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, da por concluido el proceso y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, dándole efectos de la Cosa Juzgada

Finalmente, visto que en el escrito transaccional, las partes mediante recíprocas concesiones, acordaron el pago de la cantidad de QUINCE MIL TRESCIENTOS SETENTA BOLÍVARES CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (Bs.15.370,44), por los conceptos demandados, los cuales recibe el trabajador mediante cheque identificado con el Nº 37312366 perteneciente a la cuenta Nº 0134-0373-26-2120210001 del Banco Banesco, Banco Universal. Por lo que este juzgado de conformidad a lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y las Trabajadoras, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 10 y 11 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo (aún vigente), el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, así como lo artículo 257, 258, numeral 2 del articulo 89 todos de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, acuerda impartirle la HOMOLOGACIÓN a dicha transacción en los términos en que fue expuesta. Así se decide.

En mérito de lo anterior, este Juzgado Superior Sexto de lo Superior Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1.-PROCEDENTE LA MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO SOBRE BIENES SUFICIENTES propiedad de la sociedad mercantil "SEGUROS CANARIAS DE VENEZUELA, C.A", solicitada con motivo de la demanda ejecución de fianza interpuesta conjuntamente con medida cautelar de embargo, por los abogados Rafael Ángel Domínguez Mendoza, Alejandro Urdaneta, Luís Leonardo Cárdenas, Guillermo Aza y Leyman Velásquez, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 105.112, 138.836, 71.833, 120.986 y 117.213, actuando en nombre y representación del INSTITUTO AUTÓNOMO DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y SERVICIOS DEL ESTADO MIRANDA (INFRAMIR), contra la Sociedad Mercantil "SEGUROS CANARIAS DE VENEZUELA, C.A", por la cantidad de Cuarenta y Tres Mil Quinientos Ochenta y Siete Bolívares con Siete Céntimos (Bs. 43.587,7).

Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley se declara COMPETENTE para conocer del presente juicio que por DAÑO MORAL, incoare el ciudadano REINALDO JOSÉ MORENO GONZÁLEZ, contra la ciudadana DAXI YESSENIA HERNÁNDEZ, ambas partes ut supra identificadas. Así se decide.