Finalmente, visto que en el escrito transaccional, las partes mediante recíprocas concesiones, acordaron el pago de la cantidad de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS BOLIVARES CON 39/100 (Bs. 29.972,39), pago efectuado al ciudadano EDGAR JOSE PEÑA BLANCO, mediante cheque librado contra la entidad Bancaria BANESCO BANCO UNIVERSAL , a favor del actor, identificado Nº 49897025, perteneciente a la cuenta Nº 0134-0345-77-34533038938, este Juzgado de conformidad a lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y las Trabajadoras, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 10 y 11 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo (aún vigente), el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, así como lo artículo 257, 258, numeral 2 del articulo 89 todos de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, acuerda impartirle la HOMOLOGACIÓN a dicha transacción en los términos en que fue expuesta. Así se decide.

Homologada transacción

En consecuencia, este Juzgado, en virtud de que la Transacción celebrada no vulnera normas de orden público, ni derechos irrenunciables del trabajador, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, de Trabajadores y Trabajadoras, por cuanto han sido discutidos, versa en escrito y contiene una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y los derechos en ella comprendidos, este Juzgado le imparte su HOMOLOGACION, otorgándosele efectos de cosa juzgada a la transacción suscrita por las partes. Asimismo se acuerda de conformidad con el artículo 21 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo numeral 3º expedir un juego de copias certificadas. Finalmente y habiendo constatado el pago total efectuado de manera íntegra, no teniendo este Tribunal ninguna otra actuación procesal que realizar con ocasión a la presente oferta real de pago, da por terminado el presente procedimiento, se ordena su archivo definitivo y el cierre informático del mismo, u.....

Por las razones expuestas en el fallo, se declara la improcedencia de las medidas cautelares peticionadas por la ciudadana MIRIAM SHOSANA RAMÍREZ APONTE DE STOPLER, a través de su Libelo y escritos de fecha 18 de julio, 25 de septiembre, 09, 15 y 17 de octubre de 2013.

Por otra parte, para la evacuación de la inspección judicial y la designación de inspectores navales o peritos especializados y visto que el Tribunal de Primera Instancia Marítimo es unipersonal y de competencia Nacional se ordena comisionar al Juzgado (Distribuidor) del Municipio Carirubana de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, a fin de que designe y juramente a los inspectores navales o peritos especializados, cite al abogado Jesús Ramón Martín Rodríguez y fije la oportunidad y hora y, practique la Inspección Judicial por la cual se le está comisionando, todo lo cual deberá constar en la citación ordenada; una vez evacuada remita el original con sus resultas a este Tribunal.

Se dictó la presente Resolución mediante la cual se declaró como ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS del De Cujus SANTIAGO GERMAN CEDEÑO GORDILLO, quien en vida fuera de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° E-82.025.270, a sus hijos, SE OMITEN DATOS y el niño SE OMITEN DATOS; y a su cónyuge, la ciudadana ARACELIS DEL CARMEN DABOIN, mayor de edad, venezolana y titular de la cédula de identidad N° V-10.813.089

Se dictó la presente Resolución mediante la cual se declaró como ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS del De Cujus TENNIXON JESUS SARABIA, quien en vida fuera mayor de edad, de nacionalidad venezolana, y titular de la cédula de identidad N° V-14.196.437, a sus hijos, el adolescente SE OMIEN DTOS y los niños SE OMITEN DATOS y a su concubina, la ciudadana INGRID SAUDITH VASQUEZ ARIAS, mayor de edad, venezolana y titular de la cédula de identidad N° V-14.756.430.

DECISIÓN Por todos los razonamientos que anteceden, este Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por la abogada en ejercicio y de este domicilio Ana María Marichales Salas, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Número 135.811, actuando con el carácter de Apoderada Judicial de la ciudadana ELENA JOSEFINA TORRES DE ROJAS, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 5.148.665, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO MIRANDA, por cobro de diferencia de Prestaciones Sociales, Intereses Moratorios y Corrección Monetaria, en consecuencia se declara: - PROCEDENTE la solicitud del pago de los intereses generados en virtud del denominado antiguo régimen, únicamente desde el 20 de diciembre de 1990, hasta el 19 de junio de 1997. -PROCEDENTE el reclamo f.....

-III- DECISION Atendiendo a todo lo expuesto, este Tribunal Décimo Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara CON LUGAR la solicitud de Divorcio formulada por los ciudadanos NESTOR JOSE BARRIOS MERCHAN y NURIA DISNEY PINEDA HIDALGO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-14.016.459 y V-16.075.354, respectivamente, en consecuencia queda disuelto el vínculo matrimonial por ambos contraído en fecha 21 de octubre de 2006, por ante la Primera Autoridad Civil de la Parroquia Sucre, Municipio Libertador del Distrito Capital, según se evidencia de Acta de Matrimonio Nro. 75, del Libro de Registros Civil de Matrimonios llevados por dicha Autoridad Civil. Expídanse copias certificadas de la presente decisión a cada uno de los solicitantes. Así mismo se acuerda notificar a las autoridades correspondientes .....

este Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el Ordinal 1° del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo pautado en el Artículo 270 eiusdem, con la consecuencia establecida en el Artículo 271 ibídem, es decir, que no podrá intentarse de nuevo la demanda antes de que transcurran noventa (90) días continuos después de verificada la perención. SEGUNDO: NO SE CAUSARON costas en este asunto dada la naturaleza del fallo, a tenor de lo establecido en el Artículo 283 del Código Adjetivo Civil.