Este Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide: PRIMERO: DECLARAR NULAS todas las actuaciones ocurridas en el juicio a partir del día 10 de mayo de 2016, exclusive, fecha en que las partes quedan debidamente notificadas de la sentencia dictada por este Órgano Jurisdiccional en fecha 14 de marzo de 2016, y reponer la causa al estado de que se de cumplimiento con el punto Segundo de la sentencia de fecha 14 de marzo de 2016, en el cual se ordena que el presente juicio continúe conforme al proceso detallado en la doctrina jurisprudencial sentada en sentencia dictada por la Sala de Casación Civil, en fecha 27 de agosto de 2004, sentencia 000959, Expediente No. AA20-C-2001-000329.

DECISIÓN Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano LUIS GERMAN PORTILLO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-6.328.832, asistido por la abogada Olmary Elizabeth Larrea Olalla, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 65.080, contra el CONCEJO MUNICPAL DEL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. SEGUNDO: Se ORDENA el pago de las prestaciones sociales del querellante, con sus intereses moratorios, debiéndose deducir los montos respectivos por concepto de anticipo de prestaciones sociales, de conformidad con lo establecido en la parte motiva del presente fallo. TERCERO: Se ORDENA indexar las prestaciones, conforme a la motiva del presente.....

DECISIÓN Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Su COMPETENCIA para conocer de la demanda de contenido patrimonial -Prescripción Adquisitiva de Propiedad-, interpuesta por el ciudadano GUSTAVO CRÓCKER ROMERO, titular de la cédula de identidad Nº V- 2.907.656, abogado inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 131.793, actuando en su propio nombre y representación, en contra del FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITO Y PROTECCIÓN BANCARIA. SEGUNDO: INADMISIBLE la presente la demanda de contenido patrimonial -Prescripción Adquisitiva de Propiedad-, por no haberse agotado la vía administrativa, conforme artículo 68 y siguientes del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Ahora bien, corresponde a este Tribunal constatar la existencia del fumus bonis iuris o periculum in mora, para lo cual se advierte que la parte actora al momento de solicitar la referida protección cautelar no fundamentó la misma en hechos concretos, así como tampoco aportó elementos probatorios que demostraran efectivamente el transcurso del tiempo le causaría un daño de difícil reparación en la definitiva en la presente causa, motivo por el cual resulta forzoso para este Órgano Jurisdiccional, declarar IMPROCEDENTE la solicitud de la medida cautelar solicitada. Lo anterior no obstante a que con base a las facultades conferidas por la ley, el Juez Contencioso pueda dictar medidas cautelares de oficio en el transcurso del proceso, si se configuraran los extremos exigidos. Así se decide.

En mérito de lo antes expuesto, este Tribunal Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara INADMISIBLE POR CADUCA el recurso contencioso administrativo funcionarial, interpuesto por el abogado GUSTAVO ANTONIO MARTIN SILVA, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 93.236, en su condición de Defensor Publico Segundo (2do) en materia Especial Administrativa, Contencioso Administrativa y Penal para Funcionarios Policiales de la Unidad Regional de la Defensa Pública del Estado Bolivariano de Miranda, Extensión Valles del Tuy, del ciudadano FILIDE JESUS OÑATE SALGADO, titular de la cédula de identidad N° 17.556.648, contra la Providencia Administrativa identificada con el número DG-004-2015, de fecha veinte (20) de enero de 2015, relacionada con los hechos investigados según averiguación disciplinaria contenida en el expediente 019-OCAP-IAPMCR-2014, emitido.....

Por lo antes expuesto este Juzgado Superior Noveno Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR LA INHIBICIÓN planteada por el Dr. EDER JESÚS SOLARTE MOLINA, Juez del JUZGADO SUPERIOR QUINTO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS. SEGUNDO: Dando cumplimiento a lo ordenado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No. 1175 del 23 de noviembre de 2010, se ordena la notificación de la presente decisión al Juez Inhibido Dr. EDER JESÚS SOLARTE MOLINA, Juez del JUZGADO SUPERIOR QUINTO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS. Asimismo, se ordena oficiar al JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE ESTA CIRCU.....

Visto el anterior acuerdo, el Tribunal con fundamento en que la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, dándole efectos de Cosa Juzgada, en este estado se hace entrega los elementos probatorios consignados en la instalación de la audiencia preliminar. En este estado se ordena el cierre y archivo del expediente. Téngase la presente acta como sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva.

DISPOSITIVA Con base a todos lo razonamientos de hecho y derecho que han sido expresado en la parte motiva del presente fallo este JUZGADO SEPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, en nombre de la REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECLARA: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR, la demanda incoada por el ciudadano: HÉCTOR EMILIO VILLEGAS RIVAS, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, cédula de identidad No. 8.983.794 contra la empresa AUTOMOTRIZ R.J.Y. Sociedad Mercantil constituida y domiciliada en Caracas. Inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 21 de septiembre del 2006, bajo el número 69, tomó 193-A. SEGUNDO: Se condena a la demandada a cancelar los conceptos establecidos en la parte motiva del presente fallo, como aquellas que arroje la experticia complementaria del fallo ordenada a realizar, en los términos .....

"(...) Por los razonamientos que anteceden, este Juzgado Trigésimo (30°) de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA de conformidad con lo previsto en los artículos 267, 269 del Código de Procedimiento Civil y 202 Ley Orgánica Procesal del Trabajo y en consecuencia la terminación del presente proceso. SEGUNDO: Dada la naturaleza del fallo, no hay condena en costas. TERCERO: Se ordena la notificación de la parte actora. Publíquese, regístrese y notifíquese al demandante (...)"