En este estado este Tribunal de conformidad a lo establecido en el Artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo los Trabajadores y Trabajadoras, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 133 de La Ley Orgánica Procesal del Trabajo; HOMOLOGA el presente acuerdo transaccional en los términos expuestos ordenando agregar a los autos el escrito, asimismo se da por terminado el presente juicio y se ordena el archivo del expediente. Se acuerda expedir las copias certificadas solicitadas de conformidad a lo establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. El Juez El Secretario Abog. Gilberto Alfaro Abog. Berlice González

en virtud de que la Transacción celebrada no vulnera normas de orden público, ni derechos irrenunciables del trabajador, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, de Trabajadores y Trabajadoras, por cuanto han sido discutidos, versa en escrito y contiene una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y los derechos en ella comprendidos, le imparte su HOMOLOGACION, DANDOLE EFECTOS DE COSA JUZGADA, únicamente en lo que respecta a los pagos y conceptos reconocidos como pagados. Finalmente y habiendo constatado el pago total efectuado de manera íntegra se da por terminado el presente procedimiento, se ordena su archivo definitivo y el cierre informático del mismo, una vez vencidos los lapsos para el ejercicio de los recursos. Publíquese y Déjese Copia Certificada de la presente decisión La Jueza. Abg. CAROLINA CHAKIAN M La Secretaria Abg. Mariandrea González.

En secuencia de lo anterior, resulta menester para quien suscribe el presente fallo dejar suficientemente establecido que la manifestación de la voluntad de la Administración Pública Strictu Sensu materializada en un acto administrativo investido de legalidad (a titulo presunto) comporta el deber de quien emana dicha voluntad, de mantener intacta la Supremacía de las Normas Constitucionales dentro del contenido y fines de esa voluntad que dimana de la naturaleza ejecutiva y ejecutoria de tales actos, sin que pueda entenderse ello como el ejercicio de una autoridad desmesurada o arbitraria del poder de imperio que como quiera que la ley se lo asigne, La Constitución se lo limita.

En base a los razonamientos anteriormente expuestos, este TRIBUNAL SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÀREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: SIN LUGAR la caducidad de la acción. SEGUNDO: SIN LUGAR la prescripción de la acción. TERCERO: CON LUGAR la demanda por solicitud de jubilación especial incoada por los ciudadanos EDESIA NATIVIDAD AGUILERA, JOSEFA MARÍA CASTRO y MIGUEL ANGEL BELISARIO contra el INSTITUTO NACIONAL DE NUTRICIÓN, en consecuencia, se ordena a la demandada concederles la jubilación especial. CUARTO: No se condena en costas a la demandada, en atención a lo establecido en el artículo 98 del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.

Observa esta Juzgadora, una vez revisadas las actas procesales que conforman el presente expediente, que en el contrato de arrendamiento debidamente notariado por ante la Notaría Pública Quinta del Municipio Sucre del Estado Miranda, dejándolo inserto bajo el Nº 27, Tomo 31, de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría, que fuera suscrito entre la Sociedad Mercantil INMOBILIARIA YEREVAN S.A., constituida y domiciliada en la ciudad de Caracas, según asiento inscrito en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 15 de septiembre de 1987, bajo el Nº 6, Tomo 87-A-Pro, representada para ese acto por su Presidente ciudadano ZAREH ZARIKIAN SAHAGIAN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-2.939.634, por una parte y por la otra, el ciudadano LORENZO MARIO PAOLINO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-6.464.293; se desprende de la Clausula de Arbitraje, denominad.....

Se NEGÓ la medida innominada, peticionada por los apoderados judiciales de parte demandante.

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la ley, ADMITE EL RECURSO DE CASACIÓN anunciado por el Abogado en ejercicio RUBEN MAESTRE WILLS, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 97.713, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada, contra la sentencia definitiva dictada por éste Tribunal en fecha 08 de agosto de 2.012, en el juicio que por resolución de contrato de arrendamiento interpuso la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL CENTRO PLAZA contra la sociedad mercantil ESCRITORIO INMOBILIARIO PLAZA 10, C.A.

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: Temporánea la solicitud de aclaratoria hecha por la abogada HERMYLA FAGÚNDEZ ACOSTA, apoderada judicial del ciudadano RAFAEL ALBERTO BELISARIO, de la sentencia que dictara este Tribunal en fecha 17 de octubre de 2012 en la presente causa. SEGUNDO: Se declara PROCEDENTE la solicitud de aclaratoria efectuada por la parte actora, por la motivación expuesta ut supra. TERCERO: Se corrigen los puntos primero, segundo y cuarto de la parte dispositiva del fallo objeto de aclaratoria, en consecuencia, quedan redactados de la siguiente manera: "PRIMERO: Declara PARCIALMENTE CON LUGAR la querella interpuesta por la abogada HERMYLA FAGÚNDEZ ACOSTA, Inpreabogado Nº 11.404, actuando como apoderada judicial del ciudadano RAFAEL ALBERTO BELISARIO, titular de la cédula de identida.....

DISPOSITIVA En razón de lo expuesto, esta Sala Diez de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República por Autoridad de la Ley ADMITE el recurso de apelación interpuesto de conformidad con el artículo 447 numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal, por el abogado MIGUEL JESUS SALAZAR OSECHAS, con el carácter de Defensor Público Trigésimo (30°) del Área Metropolitana de Caracas, en contra de la decisión dictada el 20 de septiembre de 2012, por el Tribunal Trigésimo Sexto (36°) de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual decreto "...la MEDIDA CAUTELAR DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA PRIVATIVA DE LIBERTAD, por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 1 del Código Penal... Todo de conformidad con lo previsto en el articulo (s) 250, 251 del Código Orgá.....

Tampoco se explica por qué el diligenciante identifica tales publicaciones como "carteles de citación", siendo que las mismas corresponden al referido auto de fecha 13 de diciembre de 2012, que no tiene nada que ver con el cartel de citación previsto artículo 223 del Código de Procedimiento Civil. De hecho, el diligenciante aún no ha solicitado citación por carteles ni por correo certificado, inobservando el auto de fecha 2 de julio de 2012, cuando se le instó a solicitar alguna vía de citación de las señaladas en la Ley Adjetiva.- En consecuencia, este Tribunal NIEGA la solicitud del diligenciante, de proceder "a la citación y fijación de dichos carteles", y se RATIFICA el auto de fecha 2 de julio de 2012, en el sentido que el diligenciante solicite e implemente la vía que considere conveniente a fin de citar a la parte demandada, conforme a lo dispuesto en la Ley Adjetiva Civil.-