Ahora bien, de una sumatoria detallada realizada por esta sentenciadora, se observó que la misma no coincide con lo peticionado por la parte actora en el particular primero del mencionado capítulo, puesto que el monto que arroja la sumatoria de los capitales de cada uno de los pagarés (aún y cuando la parte actora identificó en la parte narrativa del libelo, el capital del pagaré No. 00319600014303 con la cantidad de Bs. 5.500.000,00 siendo lo correcto, Bs. 6.000.000,00 según se evidencia del original del pagaré consignado en autos), más los intereses calculados a la T.A.P.P, es de VEINTIOCHO MILLONES SESENTA Y DOS MIL OCHENTA Y TRES BOLÍVARES (Bs. 28.062.083,00), y no la cantidad indicada por la actora en el libelo, motivo por el cual, este Tribunal condena a pagar a la parte demandada la cantidad de VEINTIOCHO MILLONES SESENTA Y DOS MIL OCHENTA Y TRES BOLÍVARES (Bs. 28.062.083,00), de los cuales Bs. 19.000.000,00, corresponden al capital de los pagarés Nos. 00319600014303 y 0031007, .....

Vista la diligencia de fecha 19 de julio de 2006, suscrita por el abogado HECTOR PAEZ-PUMAR, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 35.733, donde solicita la ejecución de la sentencia dictada en fecha 14 de julio de 2006, y se libren los respectivos oficios a las autoridades competentes, consignando a tal efecto dos (02) juegos de copias simples a los fines de su certificación, este Juzgado luego de una revisión de las actas procesales que conforman el presente expediente pudo constatar que no cursa en autos poder alguno que acredite su representación, siendo forzoso NEGAR lo peticionado por el pre-nombrado profesional del derecho

La restricción de los servicios básicos de agua y energía eléctrica cuya violación denuncia el quejoso, son imprescindibles para vivir en sociedad, y su suspensión en principio pareciera constituir vías de hecho utilizadas por la ciudadana Mariana Peralta para vulnerar los derechos constitucionales de rango constitucional denunciados por el ciudadano Bonifacio Rojas. Así se decide.- VI DISPOSITIVO En fuerza de los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Primero de Primera instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando en Sede Constitucional, administrando justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara CON LUGAR la presente acción de AMPARO CONSTITUCIONAL interpuesta por el ciudadano BONIFACIO ANTONIO ROJAS, en contra de la ciudadana MARIANA PERALTA viuda de CASTRO, ambas partes plenamente identificadas al inicio de este fallo .- Se ordena el restablecimient.....

Ahora bien, estudiadas como han sido las actas que conforman el presente expediente, observa este Tribunal que el apoderado judicial de la parte actora tiene facultad expresa para desistir, la cual consta en el poder que le fuera otorgado, cursante a los folios que van del 13 al 16 del expediente, ambos inclusive), siendo en consecuencia procedente dar por consumado el presente desistimiento. Por las argumentaciones que se han dejado extendidas, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley imparte la HOMOLOGACION AL DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO, formulado en fecha 16-6-2006, dándose por consumado el acto y procediéndose como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, no pudiendo el demandante volver a proponer la demanda antes que transcurran noventa días, conforme lo p.....

Por cuanto la Dra. María Rosa Martínez Catalán, fue designada por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, Juez de este Juzgado se AVOCA al conocimiento de la presente causa. Asimismo, vistas las diligencias de fechas 13 y 26 de julio de 2006, suscritas por el abogado FRANCISCO ZUBILLAGA SILVA, en su carácter de apoderado judicial de la co-demandada INMOBILIARIA LOS ZUBI, C.A, donde solicita se libre oficio al Registrador Inmobiliario del Segundo Circuito del Municipio Baruta del Estado Miranda (antigua Oficina Subalterna del primer Circuito de Registro del Municipio Sucre del Estado Miranda), para que se levante la medida de prohibición de enajenar y gravar que pesa sobre el inmueble que consta en autos, de igual forma consignó copia simple de la certificación de gravámenes expedida por el mencionado Registrador Inmobiliario del Segundo Circuito del Municipio Baruta del Estado Miranda, donde se evidencia la aludida medida, este Juzgado acuerda de conformidad. En .....

De la anterior jurisprudencia parcialmente transcrita, se puede observar, el cambio de criterio asumido por nuestro Tribunal Supremo de Justicia, en el sentido de que es obligatorio, y no discrecional del Juez, acordar una medida cautelar, cuando considere llenos ambos extremos necesarios, es decir, el fomus bonis iuris y el periculum in mora. No obstante, el Tribunal observa, que en el caso que se analiza no se cumplen los extremos concurrentes para la procedencia de la medida de embargo preventivo solicitado, pues si bien podría considerarse de la lectura de los anexos del libelo de la demanda la eventual existencia de una presunción grave del derecho que se reclama, no existe presunción grave de quedar ilusoria la ejecución del fallo. Al no verificarse la concurrencia de los extremos establecidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, es deber del Juez negar el decreto de la providencia cautelar peticionada relativa al embargo preventivo sobre bienes.....

Vista la diligencia que antecede suscrita por el ciudadano, JOSE RAFAEL PARRA DIAZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula identidad N°996.771, asistido por la abogada, MIRNA SIVIRA PIÑERO, inscrita en el Inpreabogado bajo el No.66.601, procediendo en su condición de apoderada judicial de la parte accionante, mediante la cual solicitan que se ordene la citación de los demandados en el presente juicio, en la persona de los abogados, JOSE GABRIEL SARMIENTO SOSA y PEDRO ALEJANDRO SARMIENTO SOSA, en su carácter de apoderados especiales de los ciudadanos Gisela Parra Mejías, Gloria Parra Mejías, Héctor Parra Mejías, Mirna Parra Mejías, Zaida Parra Mejías y Silvia Parra Mejias, plenamente identificados en autos, este Tribunal de una revisión de las actas procesales que conforman el presente expediente, pudo constatar, por una parte, que el poder conferido a los referidos abogados, (folio 55 al 5.....

Ahora bien, es necesario para esta juzgadora precisar que demandado el desalojo con base en la necesidad del demandante para ocuparlo, es indispensable que éstos prueben su condición de propietarios del inmueble cuyo desalojo accionan, circunstancia esta que no fue acreditada conforme a la ley, es decir, no probó la parte actora ante el juez de cognición su carácter de propietarios del inmueble objeto de la presente acción. Adicionalmente, cabe destacar que ha establecido de manera reiterada la jurisprudencia que el peso de la prueba no puede depender de la circunstancia de afirmar o negar un hecho, sino de la obligación que se tiene de demostrar el fundamento de cuanto se pretende en juicio, dado que ninguna demanda o excepción puede prosperar si no se demuestra. La apoderada actora consignó ante esta Alzada copia de la planilla de declaración sucesoral en la que se declaraba el bien cuyo desalojo pretende así como el titulo supletorio de las bienhechurías consistentes de tal inmu.....

Por recibido el presente expediente, proveniente del JUZGADO UNDECIMO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS con motivo del juicio que por RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO (APELACION) sigue ERICA MARIA MAZO FLORES contra HECTOR SUAREZ MENDOZA, este Tribunal le da entrada y lo anota en los libros respectivos. En consecuencia, se fija el DECIMO (10) DIA DE DESPACHO siguientes al de hoy, para dictar sentencia en la presente causa, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Procedimiento Civil.

Así las cosas, el Tribunal a los fines de pronunciarse sobre la homologación observa: En efecto, dispone el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil: "En cualquier estado y grado de la causa puede el demandante desistir de la demanda y el demandado convenir en ella. El Juez dará por consumado el acto, y se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sin necesidad del consentimiento de la parte contraria. El acto por el cual desiste el demandante o conviene el demandado en la demanda, es irrevocable, aun antes de la homologación del Tribunal" Igualmente el artículo 265 eiusdem, dispone: "El demandante podrá limitarse a desistir del procedimiento; pero si el desistimiento se efectuare después del acto de contestación de la demanda, no tendrá validez sin el consentimiento de la parte contraria".- Ahora bien, estudiadas como han sido las actas que conforman el presente expediente, observa este Tribunal que el abogado Gerardo A. Caso Santelli.....