D I S P O S I T I V A Por todas las consideraciones antes expuestas, esta Sala Cuatro de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Dr. LUIS MARTINEZ NAVARRO, Abogado en ejercicio, actuando en su carácter de Defensor Privado del ciudadano CARLOS ALFREDO CALDERON MARTINEZ, con fundamento en lo establecido en el artículo 447 numeral 4° de la ley adjetiva penal, en contra de la decisión dictada por el Juzgado Séptimo (7°) de Primera Instancia de Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, de fecha 20 de Septiembre de 2012, a cargo de la Juez SHIRLEY PAEZ YANEZ, mediante la cual decretó Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad en contra de su patrocinada, con fundamento en el artículo 250 numerales 1°, 2° y 3° en relación con el artículo 251 numerales 2° y 3° am.....

Este JUZGADO SEPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRANSITO y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad de la ley HOMOLOGA el desistimiento del procedimiento efectuado por la representación judicial de la parte actora, abogado JOSE LUIS TAMAYO RODRIGUEZ inscrito en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo el Nro. 17.744, en el juicio intentado por JORGE LUIS RAMIREZ HERNANDEZ contra CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, plenamente identificados en la primera parte de la presente decisión.

Cartel de notificación del abocamiento del ciudadano Juez en la presente causa

PRIMERO: Se CONFIRMA la decisión dictada el 13 de julio de 2012, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la acción de amparo constitucional propuesta por el ciudadano Luís Felipe Gil Chikin en contra del fallo proferido el 10 de octubre de 2011 por el Juzgado Décimo Octavo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y que guarda relación con el juicio que por cobro de bolívares incoara la ciudadana Yuraima Josefina Ramos Marín en contra de Luís Felipe Gil Chikin; SEGUNDO: Se declara sin lugar la apelación interpuesta por el ciudadano Luís Felipe Gil Chikin, parte accionante, no produciéndose condenatoria en costas del recurso dada la especie de la acción incoada, contra decisión judicial, y al no observarse temeridad en la misma. TERCERO: Se declara sin lugar la adhesión a la apelación, planteada por el abogado Rafael Arturo Sante.....

Xartel de notificación del abocamiento del ciudadano Juez en la presente causa.

CUARTO: En consecuencia, cumplido tales extremos, este Juzgado Superior Primero ADMITE el Recurso de Casación anunciado por el CARLOS BRENDER, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora ciudadana MARIELA BOLIVAR, contra la Sentencia dictada en fecha 10.08.2012, por este Juzgado Superior. Haciendo constar que el último de los diez (10) días que se dan para el anuncio lo fue el día veintinueve (29) de Octubre de 2012. Y ASÍ SE DECIDE.- Se deja expresa constancia: (i) Que los folios 16 al 53, 59, 65 al 70, 91 al 94, 104 al 113, 124 al 146, 162, 192, 194, 196, 198, 200 al 201, 203, 205, 207, 209, 211, 261, 280, 304, de la pieza I del Cuaderno Principal; y folio 101 de la Pieza II del Cuaderno Principal se encuentran tachados y presentan enmendadura; (ii) Que las foliaturas que no han sido testadas son totalmente válidas. Remítase, con oficio, el presente expediente a la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia. Líbrese oficio.- LA JUEZ, DRA. IND.....

Visto el escrito de promoción de pruebas presentado en horas de despacho del día 18 de Octubre de 2012, por los ciudadanos ANDRES ELOY HERNANDEZ SANDOVAL y ANDREINA HERNANDEZ SABATE, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nos. 2.836 y 77.535, actuando en su carácter de apoderados judiciales del contribuyente "LORD ERNESTO JHONSON GOMEZ", y por cuanto las pruebas en él contenidas no son manifiestamente ilegales ni impertinentes, se admiten todas cuanto ha lugar en derecho, salvo su apreciación en la definitiva

Este Tribunal declara EXTINGUIDO POR DECAIMIENTO DEL INTERES PROCESAL, el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por los ciudadanos Fidel A. Montañez Pastor y Liliana Pereda Cedeño, actuando en su carácter de Apoderados Judiciales de la contribuyente, contra las Resoluciones de Imposición de Sanción Nos. 0205000740-8, 0205000742-4, 0205000743-2, 0205000744-0, 0205000746-7 y 0205000747-5 y sus correlativas Planillas para Pagar (Liquidación) todas de fecha 15/08/2000, emanadas de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Central del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria SENIAT.-

III DECISIÓN Por las motivaciones precedentes, este Juzgado Décimo Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dicta la siguiente decisión: PRIMERO: Se declara CON LUGAR la defensa previa opuesta por los apoderados judiciales de la ASOCIACIÓN CIVIL CAJA DE AHORRO DE LOS OBREROS DE MINFRA "CADO-MINFRA" parte demandada contra el abogado HÉCTOR EDUARDO RIVAS NIETO, parte intimante relativa a la inepta acumulación de pretensiones establecida en el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil; SEGUNDO: Se declara IMPROCEDENTE la demanda de ESTIMACIÓN E INTIMACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES DE ABOGADO incoada por el abogado HÉCTOR EDUARDO RIVAS NIETO contra la ASOCIACIÓN CIVIL CAJA DE AHORRO DE LOS OBREROS DE MINFRA "CADO-MINFRA", por ser contraria a derecho; TERCERO: Se condena en costas a la parte actora por haber resultado vencida en la.....

este Tribunal a los fines de proveer sobre lo solicitado insta a la parte demandante que preste caución o fianza bancaria por la cantidad de TRESCIENTOS VEINTE MIL BOLÍVARES ( Bs. 320.000,00) de acuerdo con las previsiones del artículo 590 del Código de Procedimiento Civil, a los fines de poder responder a la parte contra quien se dirige la medida solicitada, los posibles daños que ésta pudiera ocasionarle. Cúmplase.