DECISIÓN Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- ACEPTA LA COMPETENCIA declinada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo para conocer de la demanda por (acción de cumplimiento de contrato) (por daños y perjuicios), que interpusiera el abogado Roberto Alfredo Campos Pereira, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 36.576, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil DANKA DE VENEZUELA S.A., domiciliada en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, inscrita en el Registro Mercantil V de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 19 de noviembre de 1996, bajo el N° 50, Tomo 74 A Qto., contra la República Bolivariana de Venezuela por órgano del Consejo Nacional Electoral. 2.- ADMITE la presente.....

DISPOSITIVA Por todos los razonamientos antes expuestos, esta Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA COMPETENTE para conocer y resolver el presente asunto al Juzgado Vigésimo Séptimo de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, ello, en total comprensión, con lo pautado en los artículos 72 y 79 ambos del Código Orgánico Procesal Penal. Quedando así resuelto, el conflicto negativo de competencia planteado. Regístrese, publíquese, diarícese y remítase copia debidamente certificada de la presente decisión al Juzgado Décimo Tercero (13°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a los fines legales consiguientes; asimismo remítase la presente incidencia al Juzgado Vigésimo Séptimo de Primera Instancia en Función.....

SIN LUGAR la recusación interpuesta por el ciudadano Carlos Muradian Rodríguez, asistido por la Abogado Deyanira Pinto, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, en la solicitud de Interdicción Civil, en benefició del ciudadano Gregori Muradian Ogonesjan; dicha recusación fue planteada en contra de la Dra. Ana Elisa González, Juez a suplente del Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con fundamento en el causal 12º, 17º y 18° del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil. De conformidad con el articulo 98 ejusdem, se ordena a la parte recusante, pagar una multa de dos bolívares (Bs.2.00). PUBLIQUESE Y REGISTRESE. REMITASE copia certificada de la presente decisión al Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por el abogado JESÚS AVENDAÑO inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 27.546, en su condición de apoderado judicial de la parte demandada ciudadano PEDRO CARLOS EDUARDO ZAMORA FONSECA; contra la sentencia dictada por éste Tribunal en fecha 31 de julio de 2.009.

Tribunal en vista de que la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, da por concluido el proceso y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, dándole efectos de la Cosa Juzgada, se deja constancia en este mismo acto, que se ordenará el cierre y archivo del presente expediente, una vez que conste en autos el último de los pagos a qui ofrecidos

En base a las anteriores observaciones, esta Sala Cuatro de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley declara: Admite el escrito contentivo de la inhibición planteado por la funcionaria Marjorie Maggiolo Díaz, en su carácter de Juez Vigésimo Noveno (29º) de Primera Instancia en funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, para apartarse del conocimiento de la causa nº 530-09 (nomenclatura del Tribunal de Juicio), seguido en contra de los ciudadanos Rowill Francisco Lira y Carlos Antonio Vera Noguera, fundamentada en el artículo 86.7 del Código Orgánico Procesal Penal. Admite las pruebas ofrecidas por la funcionaria inhibida.

(...) En lo atinente a las Documentales consignadas como anexos del escrito de promoción de pruebas e insertas en los folios cincuenta y tres (53) al ochenta y dos (82) (ambos folios inclusive) del expediente, el Tribunal las admite en cuanto ha lugar en derecho. En consecuencia, procédase a su control y evacuación en la Audiencia de Juicio correspondiente. ASÍ SE ESTABLECE. (...)

(...) En cuanto a la Exhibición de Documentos promovida en el escrito de promoción de pruebas, debe observarse que la parte promovente no aportó copias fotostáticas de las documentales solicitadas en exhibición y tampoco suministró con exactitud los datos del contenido de las documentales, lo cual constituye una carga para que el medio probatorio surta plenos efectos en la demostración de los hechos que se pretenden probar, en caso de la no exhibición, motivo por el cual atendiendo a lo dispuesto en la norma del artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, debe negarse la admisión del referido medio probatorio. (...)

este Juzgado Séptimo Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad que le confiere la Ley, declara: UNICO: LA HOMOLOGACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO TRANSACCIONAL, al cual se le confiere efecto de cosa juzgada.

En este sentido, y atendiendo a lo señalado por la sentencia Nº383 del 03 de abril de 2008, del Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social, con ponencia del Magistrado Alfonso Valbuena, se estableció que conforme al artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el cartel debe ser consignado en el empleador, en algunas de las oficinas que exige el precepto legal, es decir, en la secretaría o en la oficina receptora de correspondencia, si la hubiere. De tal manera, que observa este Tribunal que el ciudadano Alguacil, debió entregar o consignar el cartel de notificación en alguna de las oficinas que exige el citado precepto legal, o ser recibido por alguno de los representantes señalados en dicho cartel e indicados por la parte Accionante en el libelo, para que dicha notificación fuere válida y no afecte el orden público laboral, infracción del artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y no menoscabe el derecho a la defensa de las partes. En consecuencia,.....