Se DISCIERNE el cargo de CURADOR AD-HOC de los niños de nueve (09) y ocho (08) años de edad, respectivamente al ciudadano RAMON ANTONIO FIGUERA GARCIA,

RESOLUCIÓN/DISCERNIMIENTO DE CURADOR AD HOC DH/Se dictó resolución en la cual este Tribunal administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por Autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, haciendo uso de las facultades conferidas en el Parágrafo Segundo, literal "c" del artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en concordancia con lo dispuesto con el artículo 110 del Código Civil, DISCIERNE el cargo de CURADOR(A) AD-HOC los niños; SE OMITE LA IDENTIFICACION, de diez (10) y ocho (08) años de edad, respectivamente, a la ciudadana TERESA DE JESÚS MARTÍNEZ ESPINOZA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad número V-6.256.846, con todas las consecuencias legales.

/CURADOR ESPECIAL/Este Tribunal Noveno Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, en uso de sus facultades legales y de acuerdo con lo establecido en el artículo 270 del Código Civil Venezolano, discierne en la persona del ciudadano ORLANDO PEREZ, titular de la cédula de identidad número V.-6.174.235, el cargo de CURADORA ESPECIAL del niño:SE OMITE LA IDENTIFICACION, de nueve (09) años de edad.

/CURADOR/Este Tribunal Noveno Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, en uso de sus facultades legales y de acuerdo con lo establecido en el artículo 110, se discierne en la persona de la ciudadana: MIRIAN ROSA SIRA MUJICA, titular de la cédula de identidad número V.-6.916.586, el cargo de CURADORA AD-HOC del niño SE OMITE LA IDENTIFICACION, de un (01) año de edad, hijo de la solicitante ciudadana ALBA MILEIDY SIRA MENDOZA, titular de la cédula de identidad número V.-21.047.252.

este Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Transito del Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela declara: Primero: La PERENCION DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, en la solicitud interpuesta por DILIA JOSEFINA ARREAZA LARA, titular de la cédula de identidad Nº V-3.958.348. Segundo: Por la especial naturaleza del presente fallo no hay condenatoria en costas de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.

este Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Transito del Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela declara: Primero: La PERENCION DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, en la demanda interpuesta por ODALIS MEDINA, venezolana, mayor de edad, , titular de la cédula de identidad Nº 8.975.930, contra ELIZABETH ANDRADE BENEDITO, portuguesa, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de identidad Nº E 82.122.692. Segundo: Por la especial naturaleza del presente fallo no hay condenatoria en costas de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.

En este sentido, este Juzgador observa en esta fase cautelar, sin que ello implique un pronunciamiento sobre el fondo del presente asunto, que no se aprecia de las actas indicio alguno que de manera contundente haga presumir la violación flagrante tanto del derecho al debido proceso de la sociedad mercantil Calox International C.A, por lo que resulta forzoso concluir que no se configura el requisito del fumus boni iuris, esto es, la presunción grave de violación de los derechos constitucionales denunciados como conculcados, resultando entonces innecesario el análisis del segundo de los requisitos, esto es, el periculum in mora, pues éste resulta determinable por la sola verificación del fumus boni iuris, y en consecuencia, se declara improcedente la solicitud cautelar de amparo constitucional interpuesta por el recurrente. Así se decide.

Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Décimo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR, la demanda interpuesta por el ciudadano ANGEL ALFONSO SANDOVAL DORTA., en contra de la DISTRIBUIDORA DE MATERIALES MACONOR, C.A., ambas partes plenamente identificadas anteriormente. SEGUNDO: Se ordena el pago de los salarios caídos desde la fecha del despido, hasta la fecha de notificación de la demandada en la presente causa, a razón de un salario mensual de Bs.F. 2.200,00, es decir, Bs.F. 73,33 diarios. TERCERO: Se condena en costas a la demandada de conformidad con el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

En consecuencia, este Juzgado Trigésimo Noveno (39) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, le imparte la HOMOLOGACIÓN a la Transacción celebrada entre el demandante JOSE ANTONIO CALCAÑO GIL, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nª 3.711.049, debidamente representada por su apoderada judicial OLIVIA MARGARITA RIZO MORALES, inscrita en el inpreabogado bajo el número 90.828, y por otra parte, la demandada PROCESADORA DE AVES GALIPAN S.A, representada por su apoderado judicial el ciudadano DANY IZILDO RODRIGUEZ GONCALVES, inscrito en el inpreabogado bajo el número 67.956.

Este Tribunal en vista de que la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, da por concluido el proceso y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, dándole efectos de la Cosa Juzgada. Asimismo, se deja constancia que se devolvieron las pruebas promovidas por las partes. Finalmente, en vista del presente acuerdo se ordena el cierre y archivo del expediente.