el Tribunal por cuanto la misma no es contraria al orden público, a las buenas costumbres ni a ninguna disposición expresa en la Ley, la ADMITE en cuanto ha lugar en derecho. En consecuencia, se ordena la intimación de la sociedad mercantil T.C.S. TECHNOLOGY CONSULTING SOLUTION C.A., domiciliada en la ciudad de Caracas, constituida mediante documento inscrito ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha primero (01) de noviembre de dos mil (2000), quedando inserto bajo el Nº 25, Tomo 470-AQto., modificados parcialmente sus Estatutos, en fecha 15 de Junio de 2007, bajo el Nº 59, Tomo 1598 A; de los libros de Autenticaciones llevados por ese Registro, e inscrita en el Registro de Información Fiscal (R.I.F) bajo el numero J-30774587-8, en la persona de su Presidente y Director ciudadanos ALEJANDRO PEREZ MIERES Y NESTOR BOSCAN BUJANDA, en su carácter de Presidente y Director, respectivamente, Venezolanos, mayores de edad, d.....

Se dictó auto mediante el cual se admitió la demanda contentiva del juicio que por cobro de bolivares (via ejecutiva) sigue la sociedad mercantil Banco del Tesoro, C.A., Banco Universal, contra la sociedad mercantil "Institutos psicogeriatricos Las Trincheras, C.A." y los ciudadanos Hugo Felipe García Rodríguez y Blanca Marcelina García Rodríguez.-

Atendiendo a los razonamientos expresados, este JUZGADO SÉPTIMO DE MUNICIPIO EJECUTOR DE MEDIDAS E ITINERANTE DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, en virtud que esta causa se encuentra comprendida en los presupuestos de la Resolución N° 2011-0062, emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 30 de noviembre de 2011, DECLARA: PRIMERO: El DECAIMIENTO DE LA ACCIÓN, POR PÉRDIDA DEL INTERÉS en el juicio por DAÑO MORAL que incoaran los ciudadanos JOSÉ ALVARADO VALERO REINOZA y ZULAY EMILIA PINEDA, quienes actúan en su carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos HÉCTOR WILLIAN JIMÉNEZ DÍAZ y VICKIN CLARK RANGEL INFANTE, contra el ciudadano OMAR ANTONIO DAZA, ambas partes identificadas en el encabezado del fallo. SEGUNDO: Por la naturaleza del fallo, no hay condenatoria e.....

En el caso de marras, se desprende que el escrito libelar adolece de errores estructurales en cuanto a sus requerimientos legales, específicamente, en cuanto al requisito referente a que las partes contendientes deben encontrarse debidamente identificadas y, de ser personas jurídicas, deben contener expresamente la denominación o razón social, así como los datos relativos a su creación o registro; en tal virtud, este Órgano Jurisdiccional en atención a lo establecido en el artículo 340 en concordancia con el artículo 642, ambos del Código de Procedimiento Civil, este último aplicado analógicamente al caso sub examine ordena su inmediata depuración y ASI SE ESTABLECE. Dicho lo anterior, este Tribunal fija un lapso perentorio de treinta (30) días continuos siguientes al de hoy a fin de que sean subsanados los vicios señalados en el presente pronunciamiento so pena de inadmisión de la demanda y ASÍ SE DECIDE.

este Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: Primero: Se Homologa el desistimiento de la pretensión del actor contenida en el numeral 2 del literal "A" del capitulo denominado "Petitorio" del libelo de demanda. Segundo: Sin Lugar la cuestión previa opuesta por el demandado en la presente causa. Tercero: Por la naturaleza de la sentencia No Hay Condenatoria En Costas.

SE PROCEDIÓ A DISCERNIR EL CARGO DE CURADOR AD- HOC, conforme A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 110 DEL CC.

Esta Juez del Tribunal Noveno (9°) de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por Autoridad de la Ley y haciendo uso de las facultades conferidas en el literal "c" del Parágrafo Segundo del artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en concordancia con lo establecido en el artículo 110 del Código Civil, discierne en la persona de la ciudadana por la ciudadana ESTHER JUDITH HIDALGO, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-5.002.982, el cargo de CURADORA AD-HOC; de la niña de marras.

-III- Como consecuencia de los elementos de hecho y fundamentos de derecho precedentemente expuestos, este Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, en la pretensión que por PARTICIÓN DE COMUNIDAD incoaran los ciudadanos PEDRO ARMANDO EMPERADOR y CARMEN CRISTINA EMPERADOR, contra la ciudadana NORKA EMPERADOR FARRERA, ampliamente identificados al inicio, DECLARA: Se NIEGAN las Medidas de Prohibición de Enajenar y Gravar y Secuestro sobre las bienhechurías constituidas por una casa, identificada Coromoto 10-69, ubicada en la calle Independencia, Los Paraparos de la Parroquia la Vega, Municipio Libertador del Distrito Capital. Dada la naturaleza del presente fallo no hay especial condenatoria en costas.-

Se dictó Sentencia Interlocutoria, mediante la cual se declaró: que establecía la competencia por la cuantía para los Tribunales de Municipio hasta la suma de cinco mil bolívares (Bs. 5.000,00). En tal sentido, si bien la cuantía como elemento para determinar la competencia es de orden público relativo, puede ser denunciado de oficio en cualquier momento del juicio en primera instancia, según lo dispuesto en el primer aparte del artículo 60 eiusdem. Siendo así, este Tribunal se declara incompetente en razón del valor de lo litigado y declina su competencia en un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de esta misma Circunscripción Judicial, a cuyo Distribuidor se ordena remitir mediante oficio el expediente, una vez que transcurra el lapso de impugnación. Déjese copia certificada de esta decisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Se dicto sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva mediante la cual se declaro consumado el acto de desistimiento presentado en fecha 6 de junio de 2013, teniéndose el mismo como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, a tenor de lo establecido en el artículo 265 del Código de Procedimiento Civil. Así mismo, se ordena la devolución de los documentos originales solicitados, toda vez que la parte interesada consignó las copias necesarias para su certificación. Se ordena la corrección de la foliatura a partir del folio N° 39, tachándose la numeración incorrecta, de conformidad con lo establecido en el artículo 109 del Código de Procedimiento Civil.