DISPOSITIVA. Por todo lo anteriormente expuesto este Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley ACUERDA: Conceder al penado LINARES SALAS FRANKLIN RONALD, Titular de la Cedula de Identidad N° V-17.058.080, previamente identificado, EL DESTACAMENTO DE TRABAJO, como fórmula Alternativa al Cumplimiento de la Pena impuesta, en virtud de cumplir los requisitos exigidos de manera concurrente establecidos en el encabezamiento y los tres (3) numerales en el Artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal, por un lapso de CUATRO (04) AÑOS, DOS (2) MESES Y VEINTITRES (23) DÌAS (Lapso que aún le falta por cumplir de la pena impuesta) contados a partir de la presente fecha.

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara CONSUMADA LA PERENCIÓN y en consecuencia extinguida la instancia, en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los abogados NESTOR LUIS ALVAREZ MARTÍNEZ y MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ FRANCHI, obrando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil CONSTRUCTORA NACIONAL DE VÁLVULAS, C.A. (CNV), contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa Nº 208-2003, dictada en fecha 9 de octubre de 2003, por la Inspectoría del Trabajo con Competencia en el Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda con Sede en la ciudad de Los Teques, todos, suficientemente identificados en la parte motiva del presente fallo.

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara CONSUMADA LA PERENCIÓN y en consecuencia extinguida la instancia, en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la abogada CARMEN BARINIA MORALES, obrando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano FRANK GREGORIO HERNÁNDEZ LÓPEZ, contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa Nº 31-02, dictada en fecha 5 de marzo de 2002 por la Inspectoría del Trabajo del Distrito Federal, Municipio Libertador, todos, suficientemente identificados en la parte motiva del presente fallo.

Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso interpuesto por la ciudadana PAZ NIEVES, representada por la abogada Reyna Margarita Alemán Marín, identificados en la motiva del presente fallo, contra la CORPORACIÓN DE SALUD DEL ESTADO MIRANDA. SEGUNDO: se ORDENA el pago a la actora de los sueldos suspendidos desde el mes de octubre de 2005, y las primas de antigüedad y movilización, así como el pago de los cesta ticket desde el mes de febrero de 2006, y su restitución en la nómina de personal de la Corporación de Salud el Estado Miranda.

declara: 1.- PARCIALMENTE CON LUGAR, la querella interpuesta por la ciudadana REBOLLEDO MONTILLA MAGDIS AMADORA, representada de abogado, todos identificados en el encabezamiento del presente fallo, sobre la solicitud del pago de la diferencia de prestaciones sociales, canceladas por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social hoy Ministerio del Poder Popular para la Salud. 2.- NIEGA el pago de la diferencia de las prestaciones sociales, solicitada por la actora, con fundamento en la parte motiva del presente fallo. 3.- ORDENA el pago a la actora de los intereses moratorios causados por el retardo del pago de las prestaciones sociales, calculados desde el 01 de enero de 2004, hasta el 22 de febrero de 2006, de conformidad con la motiva del presente fallo. 4.- ACUERDA practicar una experticia complementaria del fallo, conforme con lo expresado en la motiva de la presente decisión.

declara SIN LUGAR, la querella interpuesta por los ciudadanos RAMÓN HILARIO CAMPOS y JUANA DEL CARMEN ALCALÁ DE CAMPOS, portadores de la cédula de identidad Nros. 458.540 y 1.916.409, respectivamente, representados por la abogada IRIS DEL CARMEN CAMPOS ALCALÁ, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 80.943, mediante la cual solicitan el pago de prestaciones sociales y otros conceptos contractuales como beneficiarios del ciudadano DALMIRO JOSÉ CAMPOS ALCALÁ, portador de la cédula de identidad Nro. 4.945.215, ya fallecido, al INSTITUTO NACIONAL DE COOPERACIÓN EDUCATIVA (INCE), creado por Ley el 22 de agosto de 1959 y Reformada el 08 de enero de 1970.

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la querella interpuesta por los abogados Manuel Urbina Ponce y Zoed Eligon Centeno, actuando como apoderados judiciales de la ciudadana YORLENIS PINTO MARIN, contra la REPUBLICA BOLIARIANA DE VENEZUELA (MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL).

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dispone en los siguientes términos: PRIMERO: Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la querella interpuesta por la ciudadana GLENYS ROCCA, asistida por el abogado Giancarlo Bottini, contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR ¿CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES¿ OFICINA DE PLANIFICACIÓN DEL SECTOR UNIVERSITARIO). SEGUNDO: Se declara la nulidad de la evaluación notificada a la querellante en fecha 11 de diciembre de 2006 correspondiente al período 01 de julio de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2006. TERCERO: Por lo que se refiere a la solicitud que hace la actora de que se ordene al Ente querellado cancelarle la suma de dieciséis millones doscientos cuatro mil cuatrocientos veintisiete bolívares con ocho cén.....

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de la presente demanda interpuesta por el abogado MARCOS HUMBERTO HERNÀNDEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 17.326, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano FRANKLIN JOSÉ MARÍN VILLARROEL, titular de la cedula de identidad Nº V.- 5.098.795, contra la Cámara Municipal del Estado Vargas.

PRIMERO: Con lugar la Inhibición con fundamento en el numeral 15° del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, propuesta por el Dr. José Daniel Pereira Medina, en su condición de Juez a cargo del Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, surgida en el juicio que por Nulidad de Asamblea, sigue Magaly Cannizzaro viuda de Capriles contra la sociedad mercantil Distribuidora de Publicaciones Capriles C.A ( DIPUCA) .- SEGUNDO: Remítase copia certificada de la presente decisión al Juez Inhibido.-