DISPOSITIVA Con base a todos lo razonamientos de hecho y derecho que han sido expresados en la parte motiva del presente fallo este JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECLARA: UNICO: INADMISIBLE, la acción de Amparo Constitucional, interpuesta por el ciudadano PABLO VILLASANA GONZALEZ, Venezolano, , mayor de edad de este domicilio identificado con la cedula V- 3.815.537, en contra de la empresa INTEGRAL DE MERCADOS Y ALMACENES C.A. sociedad mercantil inscrita por ante la oficina Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito capital y Estado Miranda, en fecha 07 de mayo de 1991, registrado bajo el N° 52, tomo 59-A-pro No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del presente fallo.

Se dictó extenso del pronunciamiento realizado por este Despacho Judicial en el acta de fecha 21/10/2013; en el cual este Juzgado RATIFICÓ SU COMPETENCIA, para seguir conociendo de la presente causa de acción mero declarativa de unión estable de hecho, incoada por las Abogadas DORIS CARRASCO y TIBISAY PERRUOLO, inscritas en el Inpreabogado bajo los Nros. 30.364 y 28.115, respectivamente, actuando en su carácter de Apoderadas Judiciales de la ciudadana JUDITH DEL VALLE USECHE RODRIGUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.-7.943.708, en contra del ciudadano FRANCISCO ANTONIO VELASQUEZ MAYOR, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V.- 10.377.031, acogiéndose a la decisión emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 07/06/2012, en sentencia N° 37.-

este JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara el DECAIMIENTO, por la perdida del interés procesal, en la solicitud que por SEPARACION DE CUERPO Y BIENES, siguen los ciudadanos LUIS CARLOS SIERCHIO PAEZ y MAYERLING CAROLINA PANIZ RAMOS, antes identificados.- No hay condenatoria en costas conforme lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.

Se dicto sentencia mediante la cual se HOMOLOGO, de conformidad con lo establecido en los artículos 375 y 518 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el CONVENIMIENTO DE OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN, ante la referida Fiscalia, en todas y cada una de sus partes, dándole carácter de Sentencia Firme Ejecutoriada, presentada por la Abogada ZULAIMA DEL CARMEN DUM COLMENARES, en su carácter de Fiscal Centésima Octava (E) del Ministerio Publico, a solicitud de los ciudadanos CARMEN MARIA GOMEZ GUAPO y LUIS ALBERTO ESCALONA COLMENARES, titulares de las Cédulas de Identidad Nos. V-16.877.650 y V-16.157.423, respectivamente.

En mérito de lo anteriormente expuesto, este Juzgado a cargo del Juez del Tribunal Décimo Quinto (15º) de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el DIVORCIO con base al artículo 185-A del Código Civil, de los ciudadanos ELIZABETH DEL VALLE CORONADO VALERA y JOSÉ ARGELES BARAZARTE BRICEÑO, titulares de las cédulas N° 15.791.852 y 13.339.654, respectivamente, asistidos de Abogado, por medio del cual solicitan la disolución del vínculo Matrimonial contraído por ante la Primera Autoridad Civil de la Parroquia Las Minas, Municipio Baruta del Estado Bolivariano de Miranda, en fecha 07/09/2001, según Acta N° 30, de esa misma fecha y ASI SE DECIDE.

Se declara CON LUGAR la solicitud de divorcio presentada con base al artículo 185-A del Código Civil, por los ciudadanos, ROBIN ALEJANDRO HERRADA GUEDEZ y FLOR DEL ROSARIO SIERRA CAMPOS, venezolanos, mayores de edad titulares de las cédulas de identidad V-9.118.997 y V-6.653.550, respectivamente,

este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS Y NACIONAL DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR la presente demanda de PARTICION Y LIQUIDACION DE COMUNIDAD CONYUGAL, intentada por el ciudadano HENRY GUSTAVO CABRERA TABARES, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V-6.095.650, contra la ciudadana CARMEN LUCIA NUZZO NAVAS, venezolana, mayor de edad y titular de la cedula de identidad Nº V-8.551.870. SEGUNDO: CON LUGAR la Reconvención planteada por la ciudadana CARMEN LUCIA NUZZO NAVAS, antes identificada. TERCERO: Se ordena la partición del inmueble constituido por el apartamento identificado con el número y letra Ocho- B (8-B), situado en el piso 8 del edificio Residencias Grand Plaza, situado en la Avenida .....

este Juzgado Sexto De Primera Instancia En Lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario De La Circunscripción Judicial Del Área Metropolitana De Caracas, en nombre de la República Bolivariana De Venezuela y por autoridad de la Ley, HOMOLOGA El CONVENIMIENTO DE PAGO en los mismos términos y condiciones expuestas por las partes, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 525 del Código de Procedimiento Civil.

este Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el Ordinal 1° del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo pautado en el Artículo 270 eiusdem, con la consecuencia establecida en el Artículo 271 ibídem, es decir, que no podrá intentarse de nuevo la demanda antes de que transcurran noventa (90) días continuos después de verificada la perención. SEGUNDO: NO SE CAUSARON costas en este asunto dada la naturaleza del fallo, a tenor de lo establecido en el Artículo 283 del Código Adjetivo Civil.