Se dictom sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva mediante la cual esta Juzgadora que debe declarar INADMISIBLE el escrito anterior, mediante el cual fue solicitada la EXTINCIÓN DE HIPOTECA, pero en el que no fue demandada persona alguna. No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza de la decisión. Publíquese y regístrese. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los veintiocho (28) días del mes de enero de dos mil catorce (2014). Años 203° de la Independencia y 154° de la Federación.

Fue declarada sin lugar la apelación interpuesta. Asícomo nulo el auto de admisiòn de la demanda. Se revoco la sentencia del a quo. Y se declaro inadmisible la demanda.

En el día de hoy 27/01/2014, se dictó resolución en el cual se decretó la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la presente solicitud

En el día de hoy 27/01/2014, se dictó resolución en el cual se decretó la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la presente solicitud

En el día de hoy 27/01/2014, se dictó resolución en el cual se decretó la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la presente solicitud

Se Decreta, la SEPARACION DE CUERPOS solicitada por los ciudadanos PEDRO ANTONIO GOMEZ JIMENEZ y MARIA CAROLINA LAVIOSA BARRIOS, Asimismo, se Homologa las Instituciones Familiares en beneficio de su hijo en los mismos términos, condiciones y fines por ellos convenidos en su escrito de solicitud, de conformidad con el artículo 189 y 190 del Código Civil, en concordancia con el artículo 762 del Código de Procedimiento Civil

Se declara la presente solicitud de Título de Únicos y Universales Herederos del De Cujus DOUGLAS JOSE UREA, quien en vida fuera venezolano, titular de la cédula de identidad, Nº V-6.280.189, a los ciudadanos MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ PEREZ Y DOUGLAS DANIEL UREA RAMIREZ, Todo de conformidad con lo previsto en el artículo 517 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y el Adolescente, en concordancia con los artículos 936 y 937 del Código de Procedimiento Civil.

Por todas las consideraciones precedentes, este Juzgado Séptimo Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: UNICO: la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de la demanda de Nulidad intentada por el ciudadano Rafael Ramón Briceño Quintero contra la Providencia Administrativa RJ-DIRESAT-034-2008, de fecha 13 de octubre de 2008, emanada del presidente del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (Inpsasel), el cual declaró sin lugar el recurso jerárquico interpuesto por el ciudadano in comento, contra el acto administrativo dictado por la Dirección Estatal de Salud de los Trabajadores (DIRESAT) del estado Lara. Se ordena notificar a la parte recurrente de la presente decisión.-

este JUZGADO SÉPTIMO DE MUNICIPIO EJECUTOR DE MEDIDAS E ITINERANTE DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: El DECAIMIENTO DE LA ACCIÓN, POR PÉRDIDA DEL INTERÉS en el juicio que por EJECUCIÓN DE HIPOTECA incoara la sociedad mercantil FONDO COMÚN C.A., BANCO UNIVERSAL contra los ciudadanos GILDA CRISTINA PLAZA ROJAS y DAVID SALOMON PLAZA RAMIREZ, partes identificadas en el encabezado del fallo. SEGUNDO: Por la naturaleza del fallo, no hay condenatoria en costas de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 233 y 251 del Código de Procedimiento Civil, se ordena notificar a las partes de la presente decisión. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y DÉJESE COPIA. Dada, firmada y sellad.....

Por cuanto en autos no se evidencia que la parte demandada diere cumplimiento a la sentencia dictada por este Tribunal en fecha 28 de noviembre de 2011, el Tribunal decreta su ejecución forzosa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 526 del Código de Procedimiento Civil y en consecuencia decreta medida ejecutiva de embargo