Por las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por los abogados STALIN A. RODRÍGUEZ S. y ANA MARÍA MARICHALES SALAS, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 58.650 y 135.811 respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana MIRIAN HERRERA CASTILLO, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V- 4.286.830, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, y en consecuencia: PRIMERO: Se ORDENA a la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda recalcular y pagar los montos que se le adeudan a la ciudadana MIRIAN HERRERA CASTILLO, titular de la cédula de identidad Nº V- 4.286.830, por los conc.....

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la querella interpuesta por ciudadano JOSÉ LEÓN TORRES TORRES, titular de la cédula de identidad Nº V.-4.585.241, debidamente asistido por la abogada KATIUSKA DÍAZ HURTADO, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 69.527, contra la Procuraduría General del Estado Miranda.-

En ese orden de ideas, dada la existencia de un vicio que vulnera el derecho a la defensa y al debido proceso que asiste al Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura, hoy Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda quien funge como codemandado en la presente querella, y el cual por mandato del artículo 4 numeral 3° de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República es representado judicialmente por ésta, es forzoso para quien decide en aras de reordenar el proceso garantizando el disfrute de los derechos y garantías constitucionalmente reconocidos a las partes, REPONER la presente causa al estado en que se practique el emplazamiento de estas para que se verifique la contestación del recurso, revocándose en consecuencia el dispositivo dictado en fecha 30 de enero de 2009 , así como también todas y cada una de las actuaciones procesales subsiguientes al auto de fecha 09 de julio de 2008, y así se decide.-

Por las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la querella interpuesta, por el ciudadano HERNÁN ELÍAS GONZÁLEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V- 5.229.880, debidamente asistido por la abogada GIOVANNA GUZMÁN SIGUENZA, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 101.842, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO PÁEZ DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, y en consecuencia: PRIMERO: SE ORDENA a la Alcaldía del Municipio Páez del Estado Bolivariano de Miranda, realizar el pago de las prestaciones sociales del ciudadano HERNÁN ELÍAS GONZÁLEZ, por el tiempo de servicio prestado en la ya citada Alcaldía desde el primero (1º) de enero de 2005 hasta el primero (1º) de diciembre de 2008, de conformidad con lo establecido en el artículo 108 .....

Por las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la querella interpuesta, por la abogada GIOVANNA GUZMÁN SIGUENZA, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 101.842, actuando en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana MARIA ISABEL RAMOS MARRERO, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V- 6.835.013, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO PÁEZ DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, y en consecuencia: PRIMERO: SE ORDENA a la Alcaldía del Municipio Páez del Estado Bolivariano de Miranda, realizar el pago de las prestaciones sociales a la ciudadana MARÍA ISABEL RAMOS MARRERO, por el tiempo de servicio prestado en la ya citada Alcaldía desde el nueve (9) de febrero de 2007 hasta el diecinueve (19) de diciembre de 2008, de conformidad c.....

En torno a lo precedentemente expuesto, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo, actuando en sede Constitucional, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara INADMISIBLE la acción de amparo intentada por los abogados VICENTE PUPPIO, FRANCO MASCIOLI, CAMILLA RIEBER y VERÓNICA MORA, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros 4.897, 26.057, 112.736 y 126.599, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales de la Sociedad Mercantil AIRCRAFT MANAGING HOLDINGS INC., contra el presunto silencio negativo (sic) de la Gerencia General de Transporte Aéreo del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, en decidir la solicitud presentada en fecha 13 de marzo de 2009, de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparos sobre Derechos y Garantías Constitucionales.-

En Torno a lo precedentemente expuesto, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo, actuando en sede Constitucional, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara INADMISIBLE la acción de amparo intentada por los abogados KEINSY RIVAS AVENDAÑO y FÉLIX MEDINA BRACHO, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros 105.538 y 48.177, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales de la Asociación Cooperativa "YAUCARACAM, R.S", inscrita en el Registro Inmobiliario del Primer Circuito del Municipio Sucre del Estado Bolivariano de Miranda, en fecha 11 de octubre de 2006, bajo el Nº 10, Tomo 6, Protocolo Primero, contra la Alcaldía del Municipio Sucre del Estado Bolivariano de Miranda, por la presunta violación del derecho al trabajo reconocido en los artículos 87 y 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley.....