se ordena agregar a los autos dichas actuaciones a los fines de que surta sus efectos legales. Cúmplase.-

III Por los razonamientos anteriormente expuestos, éste JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, declara LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, en consecuencia se extingue la instancia, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 1° del articulo 267 y el articulo 269 del Código de Procedimiento Civil. De conformidad con lo previsto en el Artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, no hay condenatoria en costa. Publíquese, Regístrese y déjese copia. Se ordena levantar medida decretada en fecha 23 de abril de 2008. Dada, sellada y firmada en la Sala del Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas, a los nueve (09) días del mes de noviembre de dos mil once (2011). Anos 20.....

TERCERO: Como consecuencia de lo expuesto y con fundamento en las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, y en estricto acatamiento del criterio anteriormente trascrito, este Tribunal administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA. Y ASÍ SE DECIDE.

Se dictó y publicó Sentencia Interlocutoria mediante la cual decidió la incidencia relativa al artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, aperturada en la causa.- De conformidad con lo establecido en el artículo 251 ejusdem, se ordenó la notificación de las partes de la referida decisión.-

III DECISIÓN Por las motivaciones precedentemente expuestas, este JUZGADO DÉCIMO CUARTO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley dicta la siguiente decisión: PRIMERO: Se declara CON LUGAR la demanda de DESALOJO incoada por la ciudadana ANA ZULAY MONCADA PEREZ, contra la ciudadana ELPIDIA RUFINA MURGA DE TORRES, de conformidad con lo establecido en el literal "b" del artículo 34 del Decreto Ley de Arrendamientos Inmobiliarios y como consecuencia de ello se condena a la parte demandada a realizar la entrega MATERIAL, REAL y EFECTIVA, del inmueble que a continuación se identificada: "Local comercial No. 05, el cual forma parte del terreno ubicado en la Avenida Oeste 2, entre las Esquinas de Puente Nuevo a Quedrado, Parroquia San Juan de Caracas, una vez haya trascurrido el lapso improrrogable de seis (06) meses para efectuar dicha entrega contad.....

la Reposición de la causa al estado de designar nuevo Defensor Judicial

se DECRETA Medida Ejecutiva de EMBARGO

En virtud de lo anteriormente expuesto, éste Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, HOMOLOGA LA TRANSACCION REALIZADA entre ADMINISTRADORA ELITE, C.A y FRANCISCO HERNÁNDEZ GARCÍA, plenamente identificados, y, ACUERDA PROCEDER COMO EN SENTENCIA PASADA EN AUTORIDAD DE COSA JUZGADA.-

Se dictó Sentencia Interlocutoria con Fuerza Definitiva, mediante la cual se declaró: INADMISIBLE la pretensión de cobro de bolívares (intimación), intentada por el ciudadano José María Mella Veiga contra el ciudadano Jorge Manuel Herrera Herrera. Publíquese y regístrese.

A través de SENTENCIA INTERLOCUTORIA el Tribunal REPUSO LA PRESENTE CAUSA, al estado de contestación a la demanda; y por tanto, ANULÓ todas las actuaciones contenidas en el presente expediente, desde el día 22 de octubre de 2011, inclusive. En consecuencia, la defensora judicial deberá comparecer dentro de los cinco (05) días de despacho siguientes al de hoy, exclusive, dentro de las horas comprendidas entre las 8:30 a.m. y 3:30 p.m., a los fines de que de contestación a la demanda, y el proceso continúe su curso de ley; ello en razón de resguardar el derecho a la defensa de las partes y en estricto acatamiento a las normas adjetivas bajo las cuales se está tramitando el presente asunto.