En nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, HOMOLOGA EL DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO, en los mismos términos en que fue suscrito, por consiguiente, se declara terminado dicho procedimiento, por lo cual se ordena el archivo definitivo de este expediente. Asimismo, se ordena la devolución de los documentos originales que se encuentran insertos en el presente expediente, previo suministro de los fotostatos correspondientes para su certificación. Así se decide.-

Fue homologada la transacción celebrada entre las partes en el presente juicio.

este Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el Ordinal 1° del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo pautado en el Artículo 270 eiusdem, con la consecuencia establecida en el Artículo 271 ibídem, es decir, que no podrá intentarse de nuevo la demanda antes de que transcurran noventa (90) días continuos después de verificada la perención. SEGUNDO: NO SE CAUSARON costas en este asunto dada la naturaleza del fallo, a tenor de lo establecido en el Artículo 283 del Código Adjetivo Civil.

Se declara Consumado el Convenimiento celebrado en fecha 18 de Junio de 2013, en los términos señalados por las partes, por cuanto la misma versa sobre la controversia planteada en el juicio que por COBRO DE BOLÍVARES (Procedimiento Intimatorio), interpuso INVERSIONES BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A., contra MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ REYES., signado con el expediente No. AP11-V-2013-000565, por no ser contraria a derecho o alguna disposición expresa de la Ley y versa sobre derechos disponibles. Asimismo se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, conforme lo establece el Artículo 255 del Código de Procedimiento Civil.

Se dictó sentencia Primero: Decretar Medida de Embargo Ejecutivo, sobre bienes propiedad de la parte demandada, sociedad mercantil Intelrad C. A., en su condición de deudora principal, y de los ciudadanos José Gregorio Debia Camacho y Maria Eugenia Camacho Molina, en su condición de fiadores solidarios y principales pagadores de la obligación, hasta cubrir la cantidad de Bs. 7.741.244,13, que comprende el doble del capital adeudado, los interés y las costas calculadas prudencialmente por este Tribunal en un 15%. De embargarse cantidades liquidas el mismo se efectuara por la cantidad de Bs. 4.982.589,69 que comprende el capital adeudado, los intereses y las costas calculadas por el Tribunal en un 15%. Segundo: A los fines de la práctica de la medida se ordena librar despacho-comisión al Juzgado de Municipio Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del estado Barinas (a quien corresponda por distribución).

Este Juzgado considera que la oposición de la parte demandada debe ser desechada y como consecuencia de ello se admiten las pruebas documentales promovidas por la parte accionante cuanto ha lugar en derecho salvo su apreciación en la definitiva del fallo. En cuanto a la prueba de informes este Juzgado por cuanto de la revisión de la prueba considera que la misma no resulta manifiestamente ilegal o impertinente la admite cuanto ha lugar en derecho salvo su apreciación en la definitiva. En consecuencia se ordena oficiar a SEGUROS FASMIJ; SEGUROS ALTAMIRA; SEGUROS CARACAS; SEGUROS HORIZONTE; SEGUROS LA OCCIDENTAL; SEGUROS LA ORIENTAL, SEGUROS LA PREVISORA; MAPFRE LA SEGURIDAD; MULTINACIONAL DE SEGUROS; SEGUROS PIRAMIDE; SEGUROS QUALITAS; SEGUNET 24; SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE SUPERFICIA; y, VIDAMED. Se declara procedente la oposicion de la parte demandada y como consencuencia de ello Inadmisible la prueba testimonial conforme a lo dispuesto en el artículo 1387 del Código Civil.

Se declaran Inadmisibles las pruebas del merito favorable de los autos y principio del hecho negativo promovido por la parte demandada por cuanto las mismas no son de las pruebas tipificadas en el Código de Procedimiento Civil y mucho menos de las llamadas pruebas libres. Se admiten las pruebas documentales promovidas en el Capitulo II del referido escrito de pruebas.

por cuanto la misma no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley, este Tribunal de conformidad con el artículo 630 del Código de Procedimiento Civil y 199 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, ADMITE a sustanciación en cuanto ha lugar en derecho. En tal sentido, por ser la vía ejecutiva un juicio especial, cuya sustanciación corresponde al procedimiento ordinario, según lo dispuesto en el artículo 634 del Código de Procedimiento Civil, este Juzgado con el objeto de adecuar el proceso a la materia especial agraria, acuerda su tramitación según lo establecido en el artículo 199 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, ajustándose de esta manera el procedimiento a los principios rectores del Derecho Agrario de inmediación, concentración, brevedad, oralidad, publicidad y carácter social, garantizándose de esta forma el fiel cumplimiento de las disposiciones de ley. Asimismo, se le hace saber a la actora que este pronunciamient.....

Vista la diligencia presentada en fecha 26-06-13, por la representación judicial de la parte actora, abogado ALFREDO ORDOÑEZ, inscrito en el IPSA bajo el No. 108.214, en el cual hace un llamamiento a este Juzgado para el respecto de los principios de celeridad, transparencia, justicia idónea y expedita, previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Juzgadora hace saber a dicho profesional del derecho que tales principios siempre han constituido el norte de la actuación de la Juez a cargo del Tribunal. En tal sentido, se ha tramitado el presente asunto, desde que la juez se aboco al conocimiento del presente expediente, en fecha 06-05-13. Los informes fueron solicitados por la misma juez para la realización de la experticia complementaria del fallo, de los cuales en su mayoria ya constan en autos, debidamente foliados, son realizados con el único fin de evitar futuras impugnaciones de la mencionada experticia. El fin de la información requerida.....

En tal sentido, esta Juzgadora observa que en el auto de fecha 10 de mayo de 2013, se omitió ordenar la notificación del Ministerio del Poder Popular para la Cultura del abocamiento de esta Juez. En consecuencia, visto que en fecha 23 de Julio de 2012, oportunidad fijada para la Prolongación de la Audiencia Preliminar, a la cual comparecieron ambas partes, dejándose constancia que no fue posible lograr la mediación, por lo cual se dio por concluida la Audiencia Preliminar, asimismo, visto que la parte demandada procedió a contestar la demanda, en fecha 31 de julio de 2012. En tal sentido, se ordena la notificación de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA y DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, una vez que conste en autos la consignación de la última de las notificaciones señaladas, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes las partes podrán manifestar el allanamient.....