Como consecuencia de los elementos de hecho y fundamentos de derecho precedentemente expuestos, este Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, en la pretensión que por COBRO DE BOLÍVARES (vía ejecutiva) incoara el FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS (antes Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria "FOGADE") contra las sociedades mercantiles PAVIMENTOS TACHIRA C.A.,; C.A. CONSTRUCTORA ESFEGA, y los ciudadanos GUSTAVO ENRIQUE ESPEJO PIÑANGO y FERNANDO ALFREDO ESPEJO PIÑANGO, ampliamente identificados al inicio, DECLARA: Se DECRETA medida de EMBARGO EJECUTIVO sobre bienes propiedad de la parte demandada, hasta cubrir la cantidad de DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO BOLÍVARES CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (Bs. 10.308.334,18), que comprende el doble de la suma demanda.....

este Juzgado, a los fines de materializar su evacuación, así como el hecho, de que consta en autos oposición a la admisión de dicha prueba, por parte actora; es por lo que a todas luces, resulta forzoso para quien suscribe, considerar imprescindible un pronunciamiento sobre la admisibilidad o negativa de la prueba promovida por la representación judicial de la parte demandada, la cual se hará por auto separado. ASÍ SE DECIDE.

este Tribunal, LA ADMITE, cuanto ha lugar en derecho, conforme a lo dispuesto en el Articulo 640 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

este Juzgado, considerando que el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, establece la prueba de informes como mecanismo para obtener información de bancos, asociaciones y otras sociedades sobre hechos que se discutan en el juicio, dicha prueba resulta admisible al no ser manifiestamente ilegal o impertinente y por tanto se desecha la oposición planteada por la parte actora. ASI SE DECLARA

En virtud de lo antes expuesto, este Tribunal niega la revocatoria por contrario del auto de fecha 04 de diciembre de 2013, por el cual este Tribunal oyó en un solo efecto el recurso de apelación propuesto por la parte demandada contra el auto de admisión de pruebas dictado en fecha 26 de noviembre de 2013, solicitada por la representación judicial de la parte actora.

Se DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo estatuido en el artículo 267, en concordancia con lo previsto en el artículo 269 ambos del Código de Procedimiento Civil, con la consecuencia establecida en el artículo 271 eiusdem, es decir, que no podrá intentarse de nuevo la demanda antes de que transcurran noventa (90) días continuos después de verificada la perención.

Se admitio la demanda presentada por el ciudadano JOSE VALERO REINOZA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 3.767.981, abogado en ejercicio e inscrito en el inpreabogado bajo el Nº 71.155, actuando en sus carácter de apoderado judicial del FONDO DE PROTECCION SOCIAL DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS, (antes FOGADE),ente liquidador del BANCO DEL SOL BANCO DE DESARROLLO, C.A,contra las empresas sociedad Mercantil INVERSIONES RIO OBI, C.A, representada por su Director-Gerente JESUS MANUEL ELENA ELENA y la sociedad mercantil SOCIEDAD DE GARANTIAS RECIPROCAS PARA EL SECTOR MICROFINANCIERO S. A., (SGR-SOGAMIC; S. A.),representada por el ciudadano JOSE MANUEL BALZA.

A través de SENTENCIA DEFINITIVA el Tribunal declaró CON LUGAR la solicitud de divorcio presentada por los ciudadanos VICTOR MANUEL JUSTO y HEIDI ANGELINA CORREIA AROCHA, titulares de las cédulas de identidad Nos. V- 6.225.008 y V- 11.033.979, respectivamente. Se declaró DISUELTO el vínculo matrimonial que los une, contraído por ellos 29 de junio de 1990, por ante la Primera Autoridad Civil del Municipio Sucre, Parroquia Petare del Estado Miranda, según acta No. 363, del año 1990, de los libros de matrimonios correspondientes. Se ordenó librar Oficios a la Primera Autoridad Civil del Municipio Sucre, del Estado Miranda, al Registrador Principal del estado Miranda y a la Oficina Regional del Consejo Nacional Electoral, anexándoles copia certificada de la presente sentencia, así como el auto de ejecución, a los fines de dar cumplimiento al Artículo 774 del Código de Procedimiento Civil.

Se DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo estatuido en el artículo 267, en concordancia con lo previsto en el artículo 269 ambos del Código de Procedimiento Civil, con la consecuencia establecida en el artículo 271 eiusdem, es decir, que no podrá intentarse de nuevo la demanda antes de que transcurran noventa (90) días continuos después de verificada la perención.

PRIMERO: Se declara SIN LUGAR la pretensión que por Daños y Perjuicios Materiales y Morales incoara el ciudadano FRANCISCO ALBORNOZ, en contra de Sociedad Civil UNION DE CONDUCTORES LA RESPONSABLE S.C., y la Sociedad Civil TRANSPORTE EL FUTURO C.A., todos plenamente identificados en el presente fallo. Así se decide. -SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas del proceso a la parte demandante o actora, al resultar totalmente vencida en la misma. -TERCERO: Se hace del conocimiento de las partes que el presente fallo es proferido dentro del lapso previsto para ello por el artículo 890 del Código de Procedimiento Civil, por lo que resulta innecesaria su notificación.