Este Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución en vista de que la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, da por concluido el proceso y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, dándole efectos de la Cosa Juzgada. Asimismo se ordena la entrega de los escritos de pruebas consignado en la Audiencia Preliminar. En cuanto al archivo y la terminación del procedimiento, este Tribunal se pronunciara por auto separado una vez que conste en autos el cumplimiento del pago acordado por ambas partes. Es todo. Termino, se leyó y conforme firman.

HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES

Este Juzgado Segundo de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara homologado el desistimiento del procedimiento y de la acción presentado por la representación judicial de la parte actora en fecha 17 de diciembre de 2009, en el juicio que por resolución de contrato sigue la sociedad mercantil BANCO FEDERAL C.A., en contra del ciudadano EDITSON RAFAEL CRUZ CEBALLOS, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V-11.116.236, y se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada de conformidad con el Artículo 263 del Código de Procedimiento Civil; asimismo se ordena la devolución de los documentos originales solicitados previa su certificación en autos por secretaria.-

el desistimiento realizado por la apoderada judicial de la parte actora en fecha diez (10) de junio del año dos mil nueve (2009) y visto igualmente que la apoderada judicial de la parte actora abogada MAIRY JASMIN DIAZ, supra identificada, tiene facultad expresa para desistir tal y como se evidencia del poder cursante al folio 05 del presente expediente, éste Tribunal le imparte su correspondiente HOMOLOGACIÓN en los mismos términos expuestos por la parte, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 266 del Código de Procedimiento Civil. Y así se decide.-

se decreta medida preventiva de EMBARGO sobre bienes propiedad de la parte demandada

Vista la anterior demanda por COBRO DE BOLIVARES (Procedimiento Intimatorio), así como los recaudos acompañados, presentada por los ciudadanos LUIS CROCE POGGIOLI, abogado en ejercicio en su carácter de apoderado judicial del BANCO EXTERIOR, C.A, BANCO UNIVERSAL; el Tribunal por cuanto la misma no es contraria al orden público, las buenas costumbres o alguna disposición expresa en la Ley, la ADMITIÓ cuanto ha lugar en derecho. En consecuencia intímese a la CORPORACIÓN HELLAS, C.A, en la persona de su Presidente ciudadano MIHAIL SIDERIS AGIOMAVRITU, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cedula de identidad Nro. V-13.286.215,a fin de que compareciera ante éste Tribunal dentro de los Diez (10) días de Despacho siguientes a la constancia habida en autos de la practica de su intimación, para que pague, acredite haber pagado o formule oposición, a las cantidades intimadas y descritas en este auto.

Este Tribunal, acogiendo el criterio contenido en la sentencia emanada de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 10 de diciembre del año 2009 por medio de la cual establece "...las apelaciones que se propongan contra las decisiones dictadas por los Juzgados de Municipio, cuando actúen como jueces de primera instancia, deben ser conocidas por los mismos tribunales que conocerían las proferidas por los jueces de primera instancia, esto es, los Juzgados Superiores con competencia en lo Civil en la Circunscripción Judicial, a la que pertenece el Juzgado de Municipio". DECLINA LA COMPETENCIA a los Juzgados Superiores en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en virtud de haberse incoado la presente demanda en fecha posterior a la emisión de la referida Resolución. Remítase el presente expediente bajo oficio al Juzgado Superior Distribuidor en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Cir.....

En cuanto a la prueba de Informes, promovida en el capítulo II, este Tribunal observa que la misma contradice lo dispuesto en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil al pretender el promovente que su mandante suministre información emanada de la propia institución, lo que a todas luces resulta improcedente al violar tal modo de promoción el principio de alteridad de la prueba, según el cual nadie puede constituir una prueba emanada de si mismo a su favor. En tal sentido este Tribunal con fundamento en lo anteriormente expuesto niega la admisión la referida prueba.

Se admitió demanda por el procedimiento intimatorio interpuesta por los apoderados judiciales de CORP BANCA, C.A. BANCO UNIVERSAL, contra la sociedad mercantil CONSORCIO ERIPE-LAMILARA (CONSELCA),en la persona de sus administradores ciudadanos LEOPOLDO JOSÉ GOMEZ PERNÍA, LUCIA ALEXANDRA LANDER RODRÍGUEZ, GAETANO ALBERTO FRANCISCO CHEMELO y ENRIQUE RAFAEL LANDER RODRÍGUEZ, y a este último en su propio nombre; y, a ENRIQUE JOSÉ MADURERI MIJARES y LEOPOLDO JOSÉ GOMEZ PERNIA, titulares de las cédulas de identidad Nros. 6.554.562 y 5.972.498, respectivamente en su carácter de fiadores solidarios y principales pagadores de las obligaciones contraídas por la demandada.

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesto por el ciudadano ELIO GONZALO SALAZAR, titular de la cédula de identidad Nº V.- 2.564.496, debidamente asistido por el abogado MANUEL DE JESÚS DOMÍNGUEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 41.605, contra el ciudadano MANUEL ENRIQUE FURELOS REY, en su carácter de Presidente del Instituto Autónomo de Policía del Municipio Sucre, por la presunta violación del derecho constitucional establecido en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.-