DISPOSITIVO Con base a todos los razonamientos de hecho y derecho que han sido expresados en la parte motiva del fallo este JUZGADO DÉCIMO CUARTO (14°) DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: DESISTIDO el procedimiento de Recurso de Nulidad incoado por la ciudadana MARIA MARITZA BARAZARTE ARTIGAS, venezolana, titular de la cédula de identidad N° V- 9.153.279, contentiva de la demanda de nulidad en contra de la transacción laboral de fecha 07 de mayo de 2013, y del auto que la homologa de fecha 10 de mayo de 2013, suscrita entre la ciudadana MARIA MARITZA BARAZARTE ARTIGAS y el BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, transacción que fue presentada en fecha 02 de mayo de 2013 ante la Inspectoría del Trabajo en el Distrito Libertador Municipio Libertador, Sede Norte para su homologación, expediente N° 023-2013-01-00645. As.....

se declara CON LUGAR la petición de Divorcio incoada por los ciudadanos DOMINGO ENRIQUE SATURNO PALACIOS y DELIA EMPERATRIZ FARAH SALAZAR, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidades Nros. V-5.565.983 y V-8.448.385 respectivamente. En consecuencia, queda disuelto el Matrimonio Civil que contrajeron el día 31 de Octubre de 1991, por ante el Juzgado Sexto de Municipio del Distrito Sucre del Estado Miranda, según consta en acta N° 77 de fecha 31/10/1991. Respecto a la Obligación de Manutención a favor de su hija, la adolescente de catorce (14) años de edad, así como el resto de las Instituciones Familiares; este Tribunal lo HOMOLOGA en todas y cada una de sus partes, tomando en consideración lo acordado por las partes en su escrito de solicitud, el cual formará parte de la presente decisión.

Se dictó sentencia interlocutoria con fuerza definitiva mediante la cual se homologó la partición amigable planteada por los ciudadanos ASTRID ALVAREZ AGUIAR y MAGDIEL SANCHEZ GARCIA.-

En mérito de lo anterior, este Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara CONSUMADA LA PERENCIÓN y EXTINGUIDA LA INSTANCIA, en la querella interpuesta por la ciudadana ALICIA JOSEFINA WOLLWELER VELASQUEZ, portadora de la cédula de identidad Nro. 3.409.234, representada judicialmente por el abogado JHONNY BLANCO MENDOZA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 68.102, mediante la cual solicita a la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda, la Homologación de la asignación por jubilación, así como la diferencia de la bonificación de fin de año y del bono único otorgado por contratación colectiva.

En mérito de lo anterior, este Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara CONSUMADA LA PERENCIÓN y EXTINGUIDA LA INSTANCIA, en la querella interpuesta por la ciudadana JESLIG MARA MABARE ALVARADO, portadora de la cédula de identidad Nro. 18.367.079, asistida por la abogada AURILAY HERNANDEZ PEREZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 43.812, contra la Resolución Nro. 1089 de fecha 18 de julio de 2013, emanada de la Fiscal General de la República mediante la cual se le revocó a partir de ese mismo día el nombramiento en el cargo de Secretario I, adscrita a la Fiscalía Vigésima Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y contra el oficio Nro. DRH-DRL-309/2013 de fecha 18 de julio de 2013, emanado de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio Público, mediante el cual se le notificó del .....

Este Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara SIN LUGAR la querella interpuesta por el ciudadano JERSON GARCÍA, portador de la cédula de identidad Nº V- 19.965.759 asistido por el abogado en ejercicio Arturo José Ferrer, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 97.691 contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE PROTECCIÓN CIVIL Y ADMINISTRACIÓN DE DESASTRES DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA mediante la cual solicitó la nulidad del acto administrativo de destitución contenido en la Resolución Nº 2012-008 de fecha 31 de julio de 2012 así como su reincorporación al cargo y el pago de los sueldos dejados de percibir.

se admiten cuanto ha lugar en derecho las pruebas documentales promovidas en el CAPITULO II del citado escrito, por no ser las mismas manifiestamente ilegales ni impertinentes, salvo su apreciación en la definitiva, a excepción de la "CLAUSULA No. 29 DE LA PERMANENCIA DE LOS BENEFICIOS" y "CLAUSULA No. 44 DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS POR ANTIGÜEDAD" por cuanto se evidencia que las citadas no fueron consignadas en el referido escrito. Con respecto al "RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES SOCIALES QUE LE FUE PRESENTADO AL INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS", observa esta Juzgadora que la citada prueba documental no se circunscribe con lo señalado por la promovente. Ahora bien, con respecto a los alegatos esgrimidos en el CAPITULO I del escrito de promoción de pruebas, este Órgano Jurisdiccional estima dilucidar los mismos en la definitiva.

se admiten cuanto ha lugar en derecho las pruebas documentales promovidas en el CAPITULO II del citado escrito, por no ser las mismas manifiestamente ilegales ni impertinentes, salvo su apreciación en la definitiva, a excepción de la "CLAUSULA No. 29 DE LA PERMANENCIA DE LOS BENEFICIOS", "CLAUSULA No. 44 DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS POR ANTIGÜEDAD" y "RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES SOCIALES QUE LE FUE PRESENTADO AL INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS", por cuanto se evidencia que las citadas no fueron consignadas en el referido escrito. Ahora bien, con respecto a los alegatos esgrimidos en el CAPITULO I del escrito de promoción de pruebas, este Órgano Jurisdiccional estima dilucidar los mismos en la definitiva.

Que al no verificarse en la presenta causa ninguno de los supuestos de inadmisibilidad señalados en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, se ADMITE la querella interpuesta cuanto ha lugar en derecho, salvo su apreciación en la sentencia definitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

se admiten cuanto ha lugar en derecho, salvo su apreciación en la sentencia definitiva