En este orden de ideas, la Ley procesal exige que, tanto las diligencias como los escritos, sean debidamente suscritos por las partes o sus apoderados, siendo requisito indispensable a su validez, precisamente la firma de ellos y por cuanto, en el caso de autos, el solicitante, era necesario que esta firmara al pie del escrito libelar y, al no cumplirse este requisito establecido por la norma citada, el mismo se debe considerar inexistente y consecuencialmente negarse su admisión. Por lo antes expuesto y en virtud del poder revisor in limine que le confiere a quien suscribe el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal formalmente NIEGA LA ADMISIÓN de la demanda. Así se declara

Este JUZGADO SEPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL BANCARIO CON COMPETENCIA NACIONAL Y SEDE EN LA CIUDAD DE CARACAS (EN TRANSICIÓN), administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confiere la Ley, de conformidad con lo que en su tenor establecen los artículos 12, 242, 243, 444 y 506 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en los artículos 486 y 487 del Código de Comercio, y 1264 del Código Civil, declara: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada por el BANCO MERCANTIL, C.A. BANCO UNIVERSAL , en contra de GALVANIZADORA NACIONAL, C.A. y los ciudadanos JOSE LUIS FERNANDEZ BALLESTEROS, LINO GRACHO RIERA y JOSE LUIS FERNANDEZ MATEOS, todos identificados en la primera parte de la presente decisión.

declara PERIMIDA LA INSTANCIA

venezolano, mayor de edad, abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el No.17.044, procediendo en su condición de apoderado judicial de la sociedad mercantil INDUSTRIAS NOPAL S.A., sociedad mercantil de este domicilio, inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y del Estado Miranda, el 26 de Marzo de 1971, bajo el No.93, Tomo 2-A, este Tribunal de conformidad con lo establecido en el artículo 640 del Código de procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 341 ibídem, la ADMITE cuanto ha lugar en derecho por no ser contraria al orden público, las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley. En consecuencia, se decreta la intimación de la sociedad mercantil CASAS SALCEDO COMPAÑÍA ANONIMA C.A., (CASASLCA), siendo su última modificación a sus estatutos quedó asentada en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en fech.....

La Sala de Casación Civil del Máximo Tribunal en sentencia de fecha 21-06-05, estableció lo siguiente: "...la Sala presenta serias dudas respecto al criterio sostenido hasta ahora en el sentido de que cumplidos los extremos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, el Juez sigue siendo soberano para negar la medida, con pretexto en la interpretación literal del término "podrá", empleado en el referido artículo, de conformidad con lo previsto en el artículo 23 iusdem... El criterio actual de la sala se basa en la interpretación literal del término "podrá", empleado en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, cuyo contenido y alcance es determinado de conformidad con el artículo 23 eiusdem, a pesar de que esa norma remite el término "decretará" en modo imperativo. Esta norma es clara al señalar que cumplidos esos extremos el juez decretará la medida, con lo cual le es impartida una orden, que no debe desacatar... Es evidente, pues, que cumplidos esos .....

declara: Primero: SIN LUGAR la apelación interpuesta en fecha 04 de agosto de 2004, por el abogado RAFAEL APONTE, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, contra la decisión dictada en fecha 05 de mayo de 2004, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. La cual CONFIRMA en todas y cada una de sus partes. Se condena en costas a la parte demandante de conformidad con lo establecido en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil. Remítase el presente expediente en su oportunidad legal al Tribunal. Déjese copia certificada de la presente decisión en el copiador de sentencia llevado por este Juzgado Superior. Notifíquese de la presente decisión a las partes de conformidad con lo establecido en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil

En consecuencia, por todo lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta que el contrato de arrendamiento celebrado fue a tiempo determinado por un lapso de seis meses el cual comenzó a regir el día 31/03/2.001 y culminó el día 30/09/2.001, venciendo su prorroga legal el día 31 de Marzo de 2002 y visto que a la expiración del tiempo fijado, la demandada ciudadana Laura Esther Meza siguió en posesión del inmueble objeto del presente juicio, esta juzgadora califica la presente acción, ya que en este caso operó la tacita reconducción, por cuanto el contrato celebrado paso de ser de tiempo determinado a tiempo indeterminado, por lo que ateniendo a las normas de derecho transcritas y sin pasar analizar las pruebas traídas a los autos, esta sentenciadora considera que lo procedente y ajustado a derecho, es declarar como efecto declara SIN LUGAR la acción que por RESOLUCIÓN DE CONTRATO sigue la ciudadana María Adelina López contra la ciudadana Laura Esther Meza Y ASI SE DECIDE. En consec.....

Se HOMOLOGA el desistimiento en los mismos términos y condiciones expuestas por la parte actora, y de conformidad con lo previsto en el artículo 266 del Código de Procedimiento Civil, se declara extinguida la instancia.

NIEGA la solicitud de Medida Preventiva de Secuestro, interpuesta por la abogada Evalú Ballesteros Peña, actuando en su carácter de apoderada judicial del ciudadano Víctor Manuel Hidalgo Villarroel, en la pretensión de Desalojo, deducida en contra de la ciudadana Yolanda Sulbaran Viloria, de conformidad con lo establecido en el parágrafo primero del artículo 34 del Decreto Nº 427 con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios

"...Con fundamento a las anteriores consideraciones este Tribunal administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECRETA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo dispuesto en el primer aparte del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 269 Ejusdem, produciéndose en consecuencia, los efectos indicados en el artículo 271 ibídem..."