Se dictó auto mediante el cual se DECRETÓ LA EJECUCIÓN FORZOSA de la sentencia dictada en el presente juicio en fecha 07 de febrero de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 527 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, se decretó Medida de Embargo Ejecutivo, sobre bienes propiedad de la parte demandada.

Se dictó auto de admisión de pruebas.

Se dictó auto mediante el cual se ordenó agregar los escritos presentados en fechas 22 y 26 de Septiembre de 2014, por los abogados JULIO CESAR PEREZ PALELLA y MARCOS COLAN, en su condición de apoderados judiciales de la parte demandada y actora respectivamente, a fin de que surtan los efectos legales consiguientes. En virtud de ello, este Juzgado ordenó admitir la prueba de cotejo promovida y en consecuencia se fijó el tercer (3er) día de despacho siguiente a fin de que tenga lugar el nombramiento de expertos grafotécnicos. En relación a la prueba informática por cuanto la misma fue admitida en su oportunidad pertinente, una vez conste en autos las resultas de la experticia se procederá a dictaminar en relación a la incidencia.

Visto el escrito de SEPARACIÓN DE CUERPOS presentado por los ciudadanos FELIX LEONARDO MARTINEZ PIMENTEL y SOBEIDA YULESKI COLMENARES DE MARTINEZ, venezolanos, mayores de edad, cónyuges y titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V-11.559.016 y V-6.018.333, respectivamente; asistidos por la abogada en ejercicio SHEILA MONICA VALERO RODRIGUEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 106.560; y los recaudos presentados, el Tribunal acuerda darle entrada y anotarlo en el libro respectivo. Seguidamente, ADMITE la presente solicitud de Separación de Cuerpos cuanto ha lugar en derecho, por no ser contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa en la ley, en consecuencia, este Tribunal DECRETA LA SEPARACIÓN DE CUERPOS entre los ciudadanos FELIX LEONARDO MARTINEZ PIMENTEL y SOBEIDA YULESKI COLMENARES DE MARTINEZ, venezolanos, mayores de edad, cónyuges y titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V-11.559.016 y V-6.018.333, respectivamente; en los mismos t.....

Solicitó el referido abogado, se modificara el auto de entrada dictado por este Juzgado Superior, en fecha diecinueve (19) de septiembre de este mismo año; ello, por ser Contrario Imperio de la Ley, en virtud de que el recurso de apelación ejercido por él, de fecha veintinueve (29) de julio del año en curso, contra la sentencia que declaró inadmisible la tercería propuesta, fue oído en ambos efectos; razón por la cual, a su parecer, este Tribunal debió tramitar el presente asunto como una sentencia definitiva, y no como una interlocutoria, y en ese sentido, fijar el vigésimo (20º) día para la presentación de los informes respectivos; de no haber constitución con asociados; y, no el décimo día (10º) a tales fines, como efectivamente se hizo en el antes mencionado auto de entrada. Asimismo, señaló el apoderado del tercer interviniente, que como consecuencia de que la sentencia recurrida, se trataba de una definitiva y no de una interlocutoria; el Juzgado a quo, debió haber remitido .....

Se ADMITE la presente demanda cuanto ha lugar en Derecho, por cuanto la misma no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley. En consecuencia, se ordena el emplazamiento de los ciudadanos HRANT JOSÉ ZARIKIAN ARRATIA, ANDRÉS LUIS ZARIKIAN ARRATIA, GRACIELA ZARIKIAN ARRATIA y CARLOS EDUARDO ZARIKIAN ARRATIA, y de la empresa INVERSIONES ZAREMAR, C.A., y de todo el que tenga algún derecho sobre el bien que se pretende expropiar, mediante edicto, el cual se publicara en el diario El Universal, tres (3) veces durante un mes con intervalos de diez (10) días entre una y otra publicación, a fin de que comparezcan por ante éste Tribunal, ubicado en la Torre Norte, del Centro Simón Bolívar, Piso 3, al TERCER (3º) DÍA DE DESPACHO SIGUIENTE, AL VENCIMIENTO DEL LAPSO DE DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A LA CONSTANCIA EN AUTOS DE LA ULTIMA PUBLICACIÓN, que del edicto se haga, dentro de las horas de despacho comprendidas entre las 8:30 a.m. a 3:30 p.m., .....

este Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el Ordinal 1° del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo pautado en el Artículo 270 eiusdem, con la consecuencia establecida en el Artículo 271 ibídem, es decir, que no podrá intentarse de nuevo la demanda antes de que transcurran noventa (90) días continuos después de verificada la perención.

este Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el Ordinal 1° del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo pautado en el Artículo 270 eiusdem, con la consecuencia establecida en el Artículo 271 ibídem, es decir, que no podrá intentarse de nuevo la demanda antes de que transcurran noventa (90) días continuos después de verificada la perención.

LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 267, EN CONCORDANCIA CON LO ESTATUIDO EN EL ARTÍCULO 269 AMBOS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, CON LA CONSECUENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 271 EIUSDEM, ES DECIR, QUE NO PODRÁ INTENTARSE DE NUEVO LA DEMANDA ANTES DE QUE TRANSCURRAN NOVENTA (90) DÍAS CONTINUOS DESPUÉS DE VERIFICADA LA PERENCIÓN. DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 283 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL NO HA LUGAR A COSTAS.

Se dictó auto mediante el cual se DECRETÓ LA EJECUCIÓN FORZOSA de la sentencia dictada en el presente juicio en fecha 27 de septiembre de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 527 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, se decretó Medida de Embargo Ejecutivo, sobre bienes propiedad de la parte demandada.