En mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, este JUZGADO PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: Primero: PROCEDENTE EN DERECHO el desistimiento del procedimiento efectuado por el apoderado judicial de la parte actora, Sociedad Mercantil BANPLUS BANCO COMERCIAL C. A., en el juicio que por cobro de bolívares incoara en contra de la Sociedad Mercantil INVERSIONES CONMODA, C. A., y la ciudadana LORENA BEATRIZ ARIZA RAMOS, identificados al inicio de este fallo, quedando por tanto HOMOLOGADO. Segundo: Dada la naturaleza de la presente decisión no hay expresa condenatoria en costas. Tercero: Archívese el expediente.

Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 82.15º, 84, 88, 243, 244 del Código de Procedimiento Civil; 26, 49 y 257 contenidos en la Carta Magna, declara: PRIMERO: CON LUGAR la inhibición planteada por la Dra. ARELIS FALCON LIZARRAGA, en su condición de Juez del Juzgado Séptimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la SOLICITUD DE OPOSICIÓN A TITULO SUPLETORIO, presentada por la ciudadana NADEZWKA APONTE, actuando en su carácter de representante de la UNIDAD ADMINISTRATIVA y FINANCIERA y representante legal de la JUNTA COMUNAL PINAR ALTO. SEGUNDO: En acatamiento a la sentencia con carácter vinculante de fech.....

Este Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, en la pretensión que por PARTICION DE COMUNIDAD incoara el ciudadano ENNIO JOSE LA ROSA SOSA, contra la ciudadana YELITZA DEL VALLE ACOSTA SANCHEZ, ampliamente identificados al inicio, DECLARA: DA POR CONSUMADO EL DESISTIMIENTO efectuado por la parte actora, en los mismos términos en ella establecidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 265 del Código de Procedimiento Civil

PARTE DISPOSITIVA Como consecuencia de lo expuesto y con fundamento en las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente asunto.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el ciudadano YOXJARWIN ANTONIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad N° 18.042.878, a través del cual solicitó la nulidad del acto administrativo contenido en la Decisión Administrativa N° 795-15, emanada del Consejo Disciplinario del CUERPO DE POLICÍA NACIONAL BOLIVARIANA (CPNB), en fecha 16 de diciembre de 2015, mediante la cual se le destituye del cargo de "Oficial CPNB". En consecuencia: PRIMERO: SE DECLARA FIRME el acto administrativo contenido en la Decisión Administrativa N° 795-15, de fecha 16 de diciembre de 2015, emanada del Consejo Disciplinario del CUERPO DE POLICÍA NACIONAL BOLIVARIANA (CPNB), mediante la cual se destituye del cargo de "Oficial CPNB.....

Este Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, en la pretensión que por COBRO DE BOLÍVARES incoara BANESCO, BANCO UNIVERSAL, C.A., contra los ciudadanos ALEXANDER SIMÓN GARCÍA SÁEZ y SAMUEL BELLO GÓMEZ., ampliamente identificados al inicio, DECLARA: PERIMIDA LA INSTANCIA y extinguido el proceso.

Por todos los razonamientos expuestos este Tribunal Séptimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando en sede Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley DECLARA la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en consecuencia la extinción del proceso que por OFERTA REAL y DEPOSITO intentó la ciudadana ALEJANDRA HIDALGO contra el ciudadano MANUEL ANTONIO RIVERO GONZÁLEZ.

DECISIÓN Por las razones expuestas, esta Corte Superior del Sistema Penal de Responsabilidad Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de conformidad con los artículos 7, 26 de la Constitución de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 621, 634 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños Niñas y Adolescentes declara: PRIMERO: CON LUGAR el recurso incoado por la Defensora Pública Ana Oliver, en el que impugna la declaratoria sin lugar de nulidad emitida por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en funciones de Ejecución, mediante la cual ordenó el traslado del ciudadano Feliz Alexander Gil Infante al Internado Judicial El Rodeo II. SEGUNDO: SE DECLARA LA NULIDAD de la decisión de fecha 30 de noviembre de 2017, emitida por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en funciones de Ejecución. TERCERO: Se ordena la remisión de la causa al tribunal de origen a fin de que se remita a la URDD para su distribución a otro tribunal .....

Ahora bien, de las actas procesales puede apreciarse que el Tribunal de Instancia dictó su fallo desfavoreciendo los intereses del recurrente, el ciudadano JOSE VICENTE VELOZ TIRADO, al declarar sin lugar dicho recurso. Asimismo, por cuanto este último, tampoco ejerció recurso de apelación alguno contra esa decisión, la misma adquiere la condición de definidamente firme y, con ella de la voluntad administrativa contenida en el acto administrativo impugnado; en consecuencia no se configura el supuesto pretendido por el citado dispositivo para que esta Superioridad controle la decisión del a quo. Así se establece.

Se dictó sentencia definitiva se ordenó la rectificación de los errores en los cuales se incurrió al asentar el acta de nacimiento de la solicitante.