De conformidad con lo previsto en el artículo 133 ejusdem, da por concluido el proceso y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, dándole efectos de la Cosa Juzgada, se ordena el archivo y el cierre del expediente y se hace entrega en este mismo acto de los elementos probatorios consignados por las partes el la celebración de la audiencia preliminar.

de conformidad con lo previsto en el artículo 133 ejusdem, da por concluido el proceso y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, dándole efectos de la Cosa Juzgada, se ordena el archivo y el cierre del expediente una vez conste en autos el ultimo de los pago. Se hace entrega a las partes de sus respectivos elementos probatorios los cuales fueron consignados al inicio de la audiencia preliminar en fecha 01-02-06

V.- DISPOSITIVA.- En fuerza de las consideraciones precedentes expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: NO HA LUGAR A PRONUNCIAMIENTO sobre la apelación interpuesta el 01.12.2003 (f.75), por la abogada Vidalia Palomo, atribuyéndose la representación judicial de los codemandados, ciudadanos HUMBERTO DE PABLOS MARTÍNEZ y AZAEL DE PABLOS, sin poder que así lo acredite, contra la decisión definitiva de fecha 30.09.2003 dictada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró con lugar la acción de Nulidad de contrato de venta de inmueble, seguida por el ciudadano MÁXIMO ALEJANDRO DE PABLOS MARTÍNEZ contra los ciudadanos AZAEL DE PABLOS y HUMBERTO DE PABLOS. SEGUNDO: NULO Y SIN NINGÚ.....

PRIMERO: CON LUGAR la apelación interpuesta por el abogado Samuel Guidón Malave, apoderado judicial de la parte actora, contra el auto dictado el 08 de febrero de 2006, referente a la negativa del decreto de la medida de Embargo Preventivo, solicitada por esa representación. SEGUNDO: Se REVOCA el auto apelado fecha 08 de febrero de 2006 y se repone la causa al estado en que el Tribunal A-quo se pronuncie con respecto a la cautelar observando lo indicado en la parte dispositiva del presente fallo.

Con fundamento en las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este JUZGADO VIGESIMO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, decreta el SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA signada bajo el Nº 4704-05, por la comisión del delito de LESIONES PERSONALES LEVES, previsto y sancionado en el articulo 418 del Código Penal vigente para la época, a favor de del ciudadano LUIS ANTONIO PACHECO PEÑA de conformidad con lo dispuesto en los artículos 318 ordinal 3º del Código Orgánico Procesal Penal y 108 ordinal 4º del Código Penal

PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta por el abogado ANTONIO CASTILLO CHAVEZ, con el carácter de apoderado judicial de la parte actora BANCO CANARIAS DE VENEZUELA, BANCO UNIVERSAL, C.A. contra el auto dictado el 24 de mayo de 2005, por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: Se CONFIRMA el auto apelado fecha 24 de mayo de 2005.

Esta Sala, para decidir observa: Con vista del procedimiento anterior, de los autos se desprende que ha transcurrido el lapso legal establecido en el último aparte del artículo 185 del Código Civil, sin que los cónyuges se hubiesen reconciliado. Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de Juicio Nro.3 del Circuito Judicial de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECRETA LA CONVERSIÓN EN DIVORCIO de dicha Separación de Cuerpos, en consecuencia, disuelto el vínculo matrimonial que une a los ciudadanos ALEXIS MANUEL SEGOVIA LOPEZ y DILIA MARYORI HURTADO GUZMAN, previamente identificados; celebrado el día 08 de Octubre de 1992, ante la Primera Autoridad Civil de la Parroquia Sucre, Departamento Libertador del Distrito Federal (hoy Municipio Libertador del Distrito Capital)

PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta por la abogada ISABEL VIAFARA MARQUEZ, apoderada judicial de la sociedad mercantil PROMOCIONES LLOBERMA 2001, C.A. parte actora en el juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DAÑOS Y PERJUICIOS, en contra del auto de fecha 15 de octubre de 2004 dictado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: Queda así confirmado el auto de fecha 15 de octubre de 2004, dictado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. TERCERO: Hay condenatoria en costas de conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. CUARTO: Se ordena la notificación de las partes en el presente proceso.

PRIMERO: CON LUGAR la apelación interpuesta por la actora RAIZA MARIA MENDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-5.219.848, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil. Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 11 de marzo de 2002. SEGUNDO: CON LUGAR la demanda que por Resolución de Contrato, intentara la ciudadana RAIZA MARIA MENDEZ, en contra de los ciudadanos JOSEFA BELMONTE CAMACHO y OSCAR ARGENIS GARCÍA ESCOBAR, en consecuencia, se declara resuelto el contrato de opción de compraventa suscrito entre las partes; se condena a los demandados a pagar a la actora la cantidad de veintiséis millones de bolívares (Bs. 26.000.000,00), correspondientes al primer pago efectuado por la actora en fecha 5 de mayo de 1998 y la cláusula penal establecida en la cláusula sexta del contrato suscrito; se condena a los demandados al pago de los intereses compensatori.....

PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta por la abogado Marieva Yoll, contra el auto dictado el 03 de agosto de 2005, el cual niega el decreto de la medida de secuestro solicitada conforme al ordinal 5° del artículo 599 del Código de Procedimiento Civil. SEGUNDO: Se CONFIRMA el auto dictado el 03 de agosto de 2005 por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas.