En el día de hoy veintiuno de mayo del año dos mil siete, siendo las nueve y treinta minutos de la mañana se trasladó y se constituyó el Abogado CARLOS MARTINEZ PERAZA, Juez cuarto de Municipio ejecutor de Medidas y su Secretaria Abogado, Josefa Mantilla, en compañía de los apoderados judiciales de la parte actora, abogados Carlos Federico y Angel Morillo, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 53.107 y 84.877, respectivamente, en la siguiente dirección: Residencias Jardin El Marquez, Apartamento identificado con el Nro. 2-3, Jurisdicción del Municipio Petare, Estado Miranda, a fin de practicar la medida de ENTREGA MATERIAL decretada por el JUZGADO QUINTO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS con motivo del juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO siguen los ciudadanos VIVIANA GIRELLI DE PONCE Y FABIAN PONCE contra la ciudadana MARITZA JOSEFINA ARAYA VARGHAS.- Una ves a las puertas del inmueble se hace presente en el pasillo .....

Se niega la medida preventiva de embargo peticionada por la apoderada judicial de la parte actora

III DISPOSITIVO Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Décimo Séptimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Homologada la Transacción presentada en fecha 09 de mayo de 2007, suscrita entre la Sociedad Mercantil INMOBILIARIA VISIÓN C.A., parte actora en el presente juicio, representada por la ciudadana NANCY RUEDA, en su carácter de presidente de la mencionada empresa, debidamente asistida por el abogado en ejercicio JOSE ARMANDO VELAZCO, y en representación de la parte demandada, los abogados HECTOR OLIVO ALAMO Y LUIS VIDAL HERNANDEZ, en su carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos SILVESTRE ALBERTO DOS REIS Y URMARIS GONZALEZ ALAMO, respectivamente, todos plenamente identificados en la parte inicial del presente fallo, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 256 del Códi.....

El Tribunal mediante SENTENCIA INTERLOCUTORIA, de conformidad con el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el contenido del artículo 70 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se declaró Incompetente por el valor para conocer de la presente causa, que por Cobro de Bolívares (Vía Ejecutiva) sigue el ciudadano Luís Alberto Peña contra la ciudadana Nélida Rosa Escalante, ya identificados, y declinó la competencia en un Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, que previa Distribución de ley, le sea asignado el presente asunto.

DEMANDAS DISTRIBUIDAS EL DIA 21 DE MAYO DEL 2.007

Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta por la representación de la parte actora en contra de la decisión dictada en fecha 21 de febrero de 2005, por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, mediante la cual declaro extinguida la demanda, intentada el ciudadano Francisco Rodolfo Obregón Franco. SEGUNDO: Se CONFIRMA en todas sus partes el fallo apelado. TERCERO: Se condena en costas a la parte apelante.

Aplicando al caso que nos ocupa las normas antes transcrita, este Tribunal por cuanto la transacción judicial celebrada no es contraria al orden público la HOMOLOGA en consecuencia téngase como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este JUZGADO OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO EL CIRCUITO JUDICIAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, SE DECLARA INCOMPETENTE para conocer la demanda intentada por la ciudadano JUAN CARLOS CHACIN BENEDETTO, contra la empresa INVERSIONES 89, S.R.L. ( GRAN PARRILLA TORO Y GALLO) En consecuencia, DECLINA la competencia de la presente causa a los Juzgados de Municipios del Área Metropolitana de Caracas, con el objeto de que siga conociendo del presente asunto, Por lo que se ordena: PRIMERO: Remitir el expediente al Juzgado Distribuidor de Municipio del Área

Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este JUZGADO OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO EL CIRCUITO JUDICIAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, SE DECLARA INCOMPETENTE para conocer la demanda intentada por la ciudadano PEDRO JOSÉ CABRERA PEREZ, contra la UNIDAD EDUCATIVA LA FUENTE DEL SABER , En consecuencia, DECLINA la competencia de la presente causa a los Juzgados de Municipios del Área Metropolitana de Caracas, con el objeto de que siga conociendo del presente asunto, Por lo que se ordena: PRIMERO: Remitir el expediente al Juzgado Distribuidor de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, a los fines que se distribuido y lo siga conociendo su Juez natural. SEGUNDO: Dada la naturaleza del presente fallo no hay condenatoria en costas.

Al conjugar lo establecido en los artículos 22 y 25 de la Ley de Abogados, con la sentencia parcialmente transcrita del Juzgado Superior, que comparte este Tribunal, se evidencia que en el presente caso las intimaciones no fueron practicadas en forma personal, ya que de las consignaciones del Alguacil del fecha 24 de Abril de 2007, que rielan del folio 14 al 19 del expediente, se aprecia que el Alguacil se entrevistó con el ciudadano Graymar Toledo en su condición de empleado de la empresa CTI SISTEMAS C.A, a quien le hizo entrega de las boletas, siendo que la intimación debe ser personal, es decir, debe practicarse en la persona intimada al pago por concepto de honorarios profesionales, en el presente caso la parte intimada en la empresa C.T.I. SISTEMAS, C.A. en la persona de los ciudadanos Boris Gherman Cohen y Shirley Zimilis, en su condición de Directores y en forma personal, por lo cual el lapso de los diez días hábiles a que hace referencia el artículo 25 de la Ley de Abogados a.....