Se dictó Sentencia interlocutoria mediante el cual el Tribunal NEGÓ la medida preventiva de secuestro solicitada por la parte actora, por no encontrase cumplidos los extremos de la ley.

Como consecuencia de lo expuesto y con fundamento en las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Tribunal administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA. De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del citado Código, no hay condenatoria en costas en esta decisión. Regístrese, publíquese y déjese copia.- Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado 2º de 1era Ins. C.M.T.B. En la Ciudad de Caracas, a los 22 de junio de 2016. 206º y 157º. El Juez, Abg. Luis R. Herrera G. El Secretario, Abg. Jonathan Morales

Por lo antes expuesto, este Tribunal administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, le imparte la HOMOLOGACION de Ley en todas y cada una de sus partes al CONVENIMIENTO efectuado por la parte demandada.

éste JUZGADO DUODÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, en el juicio que por COBRO DE BOLÍVARES, incoara la sociedad mercantil BANCO DEL TESORO C.A., BANCO UNIVERSAL, contra la sociedad mercantil ADMINISTRADORA 140809, C.A., anteriormente identificados, de conformidad con el artículo 257 de la Constitución Bolivariana de la República Venezuela y los Artículos 12, 242 y 243 del Código de Procedimiento Civil, declara: PRIMERO: SE DECRETA MEDIDA DE EMBARGO PREVENTIVO, sobre bienes muebles propiedad de la parte demandada hasta cubrir la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO BOLÍVARES EXACTOS (Bs. 43.946.775,00), suma ésta que comprende el doble de la cantidad demandada, más las costas procesales calculadas prudencialmente por este .....

Este sentenciador observa que los extremos legales se encuentran plenamente satisfechos; pues, por una parte el DESISTIMIENTO fue propuesto antes de la citación del demandado, es decir, mucho antes de que tuviera lugar el pronunciamiento de la sentencia que debería proferir este órgano jurisdiccional; y por la otra parte, la persona que efectuó dicho DESISTIMIENTO, es decir, el abogado ASDRÚBAL GARCÍA SANABRIA, ut supra identificado, actuó legalmente facultado para ello tal como se desprende del instrumento poder, el cual consignó anexo a su demanda y que riela en el expediente a los folios 9 y 10.. Por todo lo antes expuesto, este Juzgado aprecia que efectivamente la solicitud efectuada por el abogado ASDRÚBAL GARCÍA SANABRIA, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, mediante la cual propuso el DESISTIMIENTO del procedimiento con respecto al ciudadano JOSÉ LUIS FRANCO, reservándose la acción única y exclusivamente contra la ciudadana FANNY CAROLINA MENDOZA .....

Este Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando en Sede Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley ADMITE LA ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL intentada por el abogado PABLO LEDEZMA quien actúa en representación de los ciudadanos JAVIER ALEXANDER RUIZ GARCÍA, KLEYIS JOHANNA AYALA MARTINEZ, BELKIS JOSEFINA ABREU, DINIS ALEXANDER PRADO CANCHICA, JANET PAOLA APOLINARIO, JOSÉ AMADOR SUAREZ, MARITZA CARRASQUEL ESPINOSA y NILDA JIMENEZ, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo previsto en los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y en acatamiento al fallo dictado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 01-02-2000 con ponencia del Magistrado JESUS EDUARDO CA.....

Se dictó Sentencia Interlocutoria mediante la cual se NEGÓ la medida cautelar, invocada por la ciudadana ROSEMARY CASTRO SALAZAR, actuando en su propio nombre y derecho, en la acción de Amparo Constitucional interpuesta en contra del BANCO MERCANTIL, BANCO UNIVERSAL, en la cual señaló como terceros intervinientes a los ciudadanos LEIDY CAÑIZALES CISNEROS, JONATHAN ENRIQUE MORENO BARRIOS, AURA LUISA ECHARRY LEIVA, JOSÉ MANUEL VALLÉ BERBES y MARÍA CAROLINA YÁNEZ HERNANDEZ.

En virtud de los razonamientos expuestos, éste tribunal administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la ley SE DECLARA INCOMPETENTE para el conocimiento del presente asunto y declina su conocimiento en un Tribunal de Primera Instancia Civil, Mercantil y Transito de esta Circunscripción Judicial. Remítase el expediente una vez quede firme la presente decisión. CUMPLASE.

Por todas las consideraciones de hecho y de derecho antes expuestas, este JUZGADO SUPERIOR NOVENO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR LA APELACIÓN ejercida contra la sentencia dictada en fecha 15 de Febrero de 2016 por el Juzgado Décimo Sexto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: SE REPONE LA CAUSA al estado de que el Tribunal de la Causa proceda a admitir la demanda, ordenando la notificación del ciudadano JAVIER JOSÉ GREGORIO BERNAL GUEVARA, para que manifieste su conformidad o haga oposición con respecto al despacho saneador, y de la Vindicta Pública, declarándose la nulidad de todas las actuaciones posteriores al 14 de Diciembre de 2015. TERCERO: SE REVOCA EL FALLO APELADO, sin la imposición de las c.....

En el caso sub examen, actuando el Tribunal en forma atípica, debe instar, a manera de despacho saneador in limine litis, a la parte actora a consignar el poder que la faculta para ejercer actuaciones judiciales, así como la convalidación todo lo actuado hasta la fecha en forma expresa, en un lapso perentorio de diez (10) días de despacho siguientes al de hoy so pena de extinción del proceso en aplicación analógica del artículo 354 del Código de Procedimiento Civil.