En consecuencia, este Juzgado de conformidad a lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, procede a impartirle la HOMOLOGACIÓN a dicha transacción en los términos expuestos, a fin de que la misma surta los efectos de cosa juzgada. Así se decide.

En tal sentido, de la revisión de su contenido se constata que la misma cumple con las formalidades establecidas en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores, en concordancia con lo pautado en los artículos 10 y 11 del Reglamento, y que no se vulneran derechos irrenunciables de la ex trabajadora ni normas de orden público, por lo que se HOMOLOGA la transacción dándole efecto de Cosa Juzgada, se declara concluido el presente procedimiento, ordenándose el cierre informático y el archivo del expediente.

Por último, LAS PARTES solicitan la homologación de la presente transacción; la devolución de las pruebas promovidas en la oportunidad legal correspondiente del inicio de la audiencia preliminar, y por último se ordene el cierre y archivo del expediente. En este estado, el tribunal deja constancia que devuelve a cada una de las partes en este acto los escritos de promoción de pruebas y sus anexos respectivamente. En este estado se homologa la transacción. Es todo, terminó, se leyó y conformes firman.

DISPOSITIVO Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Sexto Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, Declara: UNICO: Improcedente la medida cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo contenido en el oficio Nº 0567-2012 emitido por la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Miranda del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales en fecha 20 de agosto de 2012, y notificada en fecha 15 de noviembre de 2012, y el contenido en el oficio Nº 1849-2012 emitido por la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Miranda del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales en fecha 25 de septiembre de 2012, solicitada por la sociedad mercantil LAMINADOS INNOVADORES, LAMINOVA C.A. Por la naturaleza del presente fallo no hay especial condenatoria en costas.

Por todo lo anteriormente expuesto, este Juzgado Primero Suprior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: IMPROCEDENTE la medida preventiva de suspensión de efectos del Acto Administrativo de efectos particulares N° 0289-2010, de fecha 06 de mayo 2010, emanada de la Dirección Estadal de Salud y Seguridad de los Trabajadores de Miranda "Delegado de Prevención Jesús Bravo" del Instituto Nacional de Previsión, Salud y Seguridad Laborales, incoado por la empresa LABORATORIOS LETI, S.A.V., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 09.10.1950, bajo el Nro. 1057, tomo 4-A-B.. SEGUNDO: Dada la naturaleza del presente fallo no hay condenatoria en costas.

Por todo lo anteriormente expuesto, este Juzgado Primero Suprior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: IMPROCEDENTE la medida preventiva de suspensión del contra el acto administrativo de efectos particulares contenido en la certificación Nº 0471-12, emanado de la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Miranda "Delegado de Prevención Jesús Bravo" en fecha 13 de julio de 2012, incoado por la empresa Droguería Nena C.A., inscrita por ante el Registro de Comercio Nº 1, bajo el Nº 76.SEGUNDO: Dada la naturaleza del presente fallo no hay condenatoria en costas.

Observando el Tribunal, que corre inserto al folio 3, certificado de empadronamiento en el cual se señala, que el inmueble ubicado en la Parroquia Santa Rosalía, en la siguiente dirección: Calle San Félix, casa numero 30, Puente Hierro Sector Buenos Aires, esta inscrito a nombre de SURELIS JOSEFINA GARCIA ANGRINZONE, titular de la Cedula de Identidad Nº 6.968.821, según titulo supletorio de fecha 12 de Junio de 1987 emanado del Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, con una área de construcción de 57,11 m2, y por cuanto no consta en autos, documento alguno que demuestre que la ciudadana SURELIS JOSEFINA GARCIA ANGRINZONE, titular de la Cedula de Identidad Nº 6.968.821, vendió a la solicitante las bienhechurias antes identificadas y sobre las cuales se solicita el titulo supletorio, es por lo que se procede a negar la admisión de la presente solicitud y así se decide. Publíquese, R.....

este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República y por autoridad de la Ley NIEGA la solicitud de medida cautelar de suspensión de los efectos de la sentencia objeto de invalidación. Así se decide

RESOLUCIÓN/DESISTIMIENTO VOLUNT. 263 CPC MED. DE PROTECCIÓN DH/Se dictóp resolución en la cual este Tribunal administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por Autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, imparte HOMOLOGACIÓN al desistimiento de la presente solicitud realizado por la parte actora, ciudadano OSCAR RAMÓN PACE REYES, venezolano, mayor de edad titular de la cédula de identidad número V-4.682.081, mediante diligencia de fecha 22 de mayo de 2013 y la declara TERMINADA, en consecuencia, se ordena el CIERRE Y ARCHIVO DEFINITIVO del presente asunto y su desincorporación del archivo sede, conforme a lo establecido en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

Se dictó y publicó Sentencia Interlocutoria mediante la cual se declaró Incompetente el Tribunal en razón de la Cuantía para conocer de la presente demanda, declinandose la competencia para su conocimiento en los Juzgados de Primera Instancia Civil, Mercantil, Tránsito y Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a cuyo Juzgado Distribuidor se ordena la remisión del expediente una vez transcurra el lapso establecido en el artículo 69 ejusdem.-