DECISIÓN Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado de Primera Instancia Quinto en Funciones de Control de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, IMPONE DE LAS MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVA DE LIBERTAD a los adolescentes IMPUTADO: adolescente se omite identidad conforme al articulo 65 de la LOPNA de 15 años de edad, nacido en fecha 24-05-91, de profesión u oficio Estudiante. Hijo de Doris Isabel Pino y de José Luis Carrasquel Hernández. Residenciado en: Al final de la Avenida principal Tamanaco, calle la línea, callejón la veguita, el llanito y el adolescente IMPUTADO: adolescente se omite identidad conforme al articulo 65 de la LOPNA de 16 años de edad, nacido en fecha 16-06-90 de profesión u oficio Estudiante. Hijo de Fiorina Mújica y de Franco Melchorri. Re.....

Tal y como fue ordenado en el dispositivo del fallo dictado en fecha veinte y cinco (25) de mayo de 2006, por el Tribunal Supremo de Justicia, de su Sala Constitucional, este Tribunal, en consecuencia, ordena remitir copia certificada de dicha sentencia al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Líbrese el correspondiente oficio.

Sobre la base de las precedentes consideraciones, este Tribunal Vigésimo de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, CONDENA al ciudadano BONILLO VELÁSQUEZ ÁNGEL JOSÉ, plenamente identificado en autos, a cumplir la pena de UN (1) AÑO Y SEIS (6) MESES DE PRISION, por la comisión del delito de PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal. Por otra parte, se condena al mencionado ciudadano a cumplir las penas accesorias de Ley, establecidas en el artículo 16 del Código Penal.

DISPOSITIVA Con fuerza en la motivación anterior, esta SALA SIETE DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso interpuesto por la ciudadana DRA. MARLEN PARRA MACHADO, en su carácter de Defensora Pública Penal de Presos N° 71 de este Circuito Judicial Penal, a favor del ciudadano JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ, en contra de la decisión dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, de fecha 31 de Mayo del año que discurre, a tenor de lo pautado en los artículos 330 ordinal 2°, 432, 437 literal "c" y 450 todos del Código Orgánico Procesal Penal.

DISPOSITIVA Por las consideraciones que anteceden esta Sala Séptima de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, DECLARA INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por los Abogados NELSON JOSÉ MARÍN LARA Y NELSON ADÁN MARÍN SEQUERA, actuando en su condición de Defensores Privados del ciudadano JOSÉ LUIS ESPONDA BORROTO, en contra de la decisión dictada por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, de fecha 22 de Mayo del presente año, por ser IRRECURRIBLE, de conformidad con lo establecido en los artículos 196 último aparte del Código Orgánico Procesal Penal y 437 literal C ejusdem.-

DECISION Por la motivación que antecede este Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, en nombre de la Republica y por autoridad de Ley declara PARCIALMENTE CON LUGAR, la querella incoada por el ciudadano ENSY JOEL JIMENEZ SANCHEZ, representado de abogados identificados UT SUPRA, contra el INSTITUTO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA. En consecuencia, se ordena la reincorporación al cargo de Geógrafo II que desempeñaba o a otro de igual o superior jerarquía para el cual reúna los requisitos de Ley. Igualmente, le sean cancelado los sueldos dejados de percibir, y demás elementos derivados del mismo que haya dejado de percibir desde la fecha de su efectivo retiro hasta su reincorporación, los cuales no requieran la prestación activa del servicio. Primero: Con respecto a la indexación solicitada, este Juzgado señala que siendo que la presente querella es consecuencia de una relación de empleo público entre l.....

DECISIÓN Por la motivación que antecede, este Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara PARCIALMENTE CON LUGAR la querella interpuesta por el ciudadano PEDRO JOSÉ DOMINGUEZ YANES, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 2.226.988, debidamente asistido por la abogada ALIS CHAPARRO DE DOMINGUEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 32.936, contra la ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS. En consecuencia: PRIMERO: Se anula el acto administrativo contenido en la Resolución N 0021 del 15 de diciembre de 2004, y el acto administrativo de retiro contenido en el oficio N° 1288 del 23 de febrero de 2005, se ordena su reincorporación al cargo que venía desempeñando de Secretario de la Jefatura Civil de la Parroquia Antimano de la Alcaldía Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: Se ordena el pago de los.....

Por los razonamientos que anteceden, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la oposición formulada por abogada OLGA TERESA SÁNCHEZ TOVAR, inscrita en el Inpreabogado bajo el No.68.689, obrando con el carácter de apoderada judicial del Municipio Autónomo Zamora del Estado Miranda, a la medida cautelar de amparo dictada por este Tribunal en fecha 12 de mayo de 2006, que suspendió los efectos del acto administrativo contenido en la Resolución Nº 101/2005, dictada en fecha 22 de noviembre de 2005, por la Alcaldía del Municipio Zamora del Estado Miranda, que a su vez rescindió y dejó sin efecto el Contrato de Concesión para la Prestación de los Servicios de Aseo Urbano y Domiciliario, Residencial, Comercial, Industrial, Institucional y Especial, suscrito entre esa Alcaldía y la empresa LIRKA INGENIERÍA, C.A.

Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara: PROCEDENTE la medida cautelar solicitada por la abogado FRANCIS ZAPATA, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 63.513, actuando en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil HOTELES 67, C.A, contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa N°. P.A. N°.19-05 de fecha 20 de enero de 2005, dictada por al Inspectoría del Trabajo en el Estado Vargas. En consecuencia: PRIMERO: Se suspenden los efectos de la Providencia Administrativa Nro. 19/05, de fecha 20 de enero de 2005, suscrita por el Abogado Adrián Aray, en su carácter de Inspector del Trabajo Jefe en el Estado Vargas. SEGUNDO: Se impone al recurrente la consignación en autos, de caución real o fianza bancaria o de empresas de seguros por un monto de OCHO MILLONES CIEN.....

En mérito de lo anterior, este Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara: 1.- PROCEDENTE la Suspensión del los Efectos de la medida solicitada. En consecuencia, se suspenden los efectos de la Medida solicitada mientras se decida el fondo de la presente causa, y a objeto de garantizar las resultas del juicio. A los fines de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 21.21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se evidencia que el sueldo reclamado por el trabajador era de cuatrocientos cinco mil bolívares exactos (Bs. 405.000, 00), mensual. Siendo así, toda vez que el trabajador fue despedido en fecha 28 de septiembre de 2005, lo que a la presente fecha determina el transcurso de nueve (9) meses y estimado prudentemente una duración de dos (2) años del proceso judicial, determina un total de trece millones trescientos sesenta y cinco mil bolívares con.....