Ahora bien, visto que el procedimiento administrativo fue iniciado y tramitado por la parte actora en la causa en fecha 26 de Septiembre de 2011, ante la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Viviendas, el cual se sustanció en el expediente signado con el Nro. S-13327/11-9, de la nomenclatura del antes referido ente, tal y como se desprende de copias consignadas a las actas del expediente, quedando el mismo cerrado, en virtud del convenimiento celebrado entre las partes, y siendo que la parte demandada en la causa que nos ocupa, ciudadana ALICIA GONZALEZ, identificada ut supra, no dio cumplimiento al Convenimiento celebrado con la actora; vale decir, no cumplió con la entrega del inmueble dado en arrendamiento, tal y como fue convenido. En consecuencia a ello, debiera reanudarse la presente causa al estado en que se encontraba al momento de su suspensión, es decir en etapa de Sentencia; por lo que este Tribunal reanudada la causa al estado de dictar sentencia, y en aras d.....

Sentado todo lo anterior, éste Órgano Jurisdiccional subsumiendo el fundamento legal establecido en el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, así como la citada jurisprudencia, declara inadmisible in limine litis la pretensión que por Cobro de Bolívares incoara el ciudadano MANUEL ALEJANDRO SANZ MONSALVE, debidamente asistido por el abogado LUÍS ENRIQUE ZAMORA VIRGUEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 77.324, en contra del ciudadano CARLOS ALBERTO GUILARTE MONASTERIOS. Así se decide.

En la especie, en opinión de este jurisdicente no puede reputarse como instrumento público ni auténtico el escrito de solicitud de separación de cuerpos y de bienes de fecha 9 de junio de 2011, por lo que al no constituir documento público, no encuadra dentro del supuesto fáctico a que alude el artículo 630 del Código de Procedimiento Civil, y siendo ello así erró el juez a quo al haber decretado la medida de embargo ejecutivo de conformidad con lo establecido en dicha disposición legal, pues, se repite, tales actuaciones judiciales no constituyen documentos públicos per se. En síntesis, en la incidencia que se analiza no están acreditados los supuestos fácticos que el artículo 630 del Código de Procedimiento Civil exige para decretar la medida de embargo ejecutivo, esto es la existencia de un instrumento público o auténtico que pruebe clara y ciertamente la obligación del demandado de pagar alguna cantidad liquida y con plazo cumplido, lo que de suyo hace que deba declararse con lug.....

el Tribunal, le da entrada y acuerda anotarla en el libro de causas respectivo llevado por ante este Juzgado y de conformidad con lo previsto en el artículo 630 del Código de Procedimiento Civil, LA ADMITE cuanto ha lugar en derecho por no ser la misma contraria a derecho, al orden público o a alguna disposición expresa de la Ley

este Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, actuando en el juicio que por COBRO DE BOLIVARES (INTIMACION) sigue la sociedad mercantil A & L SERVICES, Inc., contra ciudadano RAUL DAZA RAMIREZ, ambas partes identificada en autos, ha decidido: PRIMERO: decreta MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO, sobre bienes muebles propiedad de la parte demandada, identificada ut supra, hasta cubrir la suma CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 58.400.000,00), suma esta que comprende el doble de la cantidad demandada, más las costas procesales calculadas prudencialmente por este Tribunal en un veinte por ciento (20%) las cuales ascienden a la cantidad de CUATRO MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 4.000.000,00). En caso de que dicha medida recayese sobre sumas líquidas de dinero, la m.....

LA CONFESIÓN FICTA de la parte accionada. CON LUGAR la demanda por COBRO DE BOLÍVARES interpuesta por la Sociedad Mercantil ROFRER, S.A., contra la Empresa Mercantil PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS, C.A. SE CONDENA a la parte demandada a pagar a la parte actora la cantidad de Bs.F 299.123,72), así como los intereses moratorios que se han venido venciendo a la tasa del uno por ciento (1%) mensual, desde el 18 de Mayo de 2012, inclusive hasta el día en que se declare definitivamente firme el presente fallo. SE ORDENA LA INDEXACIÓN monetaria sobre el capital condenado en este dispositivo mediante experticia complementaria del fallo, desde la fecha de admisión de la pretensión, a saber, 07 de Junio de 2012, inclusive, hasta que el fallo quede definitivamente firme. SE CONDENA a la parte demandada al pago de las costas.

Se HOMOLOGA LA TRANSACCIÓN efectuada por FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS, (FOGADE), a través de las abogadas Trinidad Betancourt y María Isabel Chirinos y la sociedad mercantil DISTRIBUIDORA VIVALIM, C.A., a través del abogado Mauricio Cervini Colli, todos identificados en el encabezamiento de esta decisión, debidamente autenticado por ante la Notaría Pública Segundo del Municipio Baruta del Estado Miranda, en fecha 18 de septiembre de 2012, bajo el Nº 06, Tomo 121 de los Libros de Autenticación llevados por esa Notaría, en los términos contenidos en la misma. Finalmente, la transacción realizada en los límites señalados, procede como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada de conformidad con lo previsto en el artículo 255 del Código Civil Adjetivo.

En virtud de que la parte actora no compareció al primer acto conciliatorio, y conforme a lo solicitado por el Fiscal es forzoso para este Tribunal declarar la Extinción del presente proceso. Así se decide. Por todos los razonamientos precedentemente expuestos, este JUZGADO UNDECIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara EXTINCIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO incoado por el ciudadano WARREN SAMUEL RIERA BRICEÑO, antes identificado, contra la ciudadana MARIA VIRGINIA RODRIGUEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No. V-16.202.626. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada del presente fallo en el copiador de sentencias de este Juzgado en conformidad con los artículos 247 y 248 del Código Adjetivo Civil. Da.....

- III - DECISIÓN Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: El DECAIMIENTO DE LA ACCIÓN por pérdida del interés procesal, en la solicitud de Divorcio presentada por los ciudadanos ANABELIZ GARCÍA GONZÁLEZ y JAIRO SEGUNDO YEPES NOVOA ya identificados. En consecuencia, se da por terminado la presente solicitud. Dada la especial naturaleza de la presente decisión no hay condenatoria en costas.

Con base a lo anterior este Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR LA OPOSICIÓN formulada a la medida decretada en fecha 22 de junio de 2012, por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Transito de esta Circunscripción Judicial. Publíquese, regístrese, notifíquese y déjese copia. Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre del año dos mil doce (2012).