En consecuencia, se DECLINA la competencia para conocer de la presente causa a los JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO de esta misma Circunscripción Judicial, a cuya Unidad de Recepción y Distribución de Documentos se deberá remitir el presente expediente mediante oficio, una vez conste el vencimiento de cinco (5) días de despacho para la interposición del recurso especial de regulación de competencia, caso que haya lugar.

Y virtud de la naturaleza de la acción incoada, vale decir, de una acción mero declarativa, que es una figura propia del derecho adjetivo civil y su fundamento está consagrado en el artículo antes citado, y al perseguir la solicitante con dicha acción que se declare la existencia de una unión concubinaria, la misma cobra un carácter eminentemente civil por estar en discusión derechos de estado y capacidad de las personas, por lo que la competencia evidentemente corresponde a los Tribunales Civiles de Primera Instancia, en lo Civil, Mercantil y del Tránsito, de la esta Circunscripción Judicial, observándose que éste Juzgado no es competente para conocer de la presente causa en razón de la materia. En consecuencia por todo lo anteriormente expuesto, este Juzgado Vigésimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, se declara INCOMPETENTE en razón de la materia, para conocer de la presente controversia y DECLINA LA COMPETENCIA al Juzgado Distribuidor de .....

En razón de los argumentos expuestos en el cuerpo del presente fallo, este TRIBUNAL SUPERIOR TERCERO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS Y NACIONAL DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad que le confiere la Ley, declara: PRIMERO: SE DECLARA COMPETENTE en razón del territorio el Tribunal de Primera Instancia de Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, para conocer de la Ejecución del Régimen de Convivencia Familiar, signada con el Nº AP51-J-2013-000168, solicitada por el abogado CARLOS CALANCHE BOGADO, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 105.148, actuando en su propio nombre y representación, contra la ciudadana KIOWA KENDALY MULLER CASTILLO, venezolana, mayor de edad y titular de las cédula de iden.....

DISPOSITIVO Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Sexto Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, Declara: UNICO: Improcedente la medida cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo N° 0514-12, dictada en fecha 6 de diciembre de 2012, por la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Capital y Vargas, adscrita al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), solicitada por la sociedad mercantil CORPORACION VENEZOLANA DE TELECOMUNICACIONES-COVETEL S.A. Por la naturaleza del presente fallo no hay especial condenatoria en costas.

Este Tribunal Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara: PERIMIDA LA INSTANCIA. En consecuencia, se declara definitivamente firme la decisión apelada. De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del citado código, no hay condenatoria en costas en esta decisión.

Este Tribunal Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara: PERIMIDA LA INSTANCIA. En consecuencia, se declara definitivamente firme la decisión apelada. De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del citado código, no hay condenatoria en costas en esta decisión.

Este Tribunal Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara: PERIMIDA LA INSTANCIA. En consecuencia, se declara definitivamente firme la decisión apelada. De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del citado código, no hay condenatoria en costas en esta decisión.

este Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara la Perención de la Instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en el juicio que por Partición incoara Rafaela Antonia De Virgilio Arriaga, contra Manuel Jesús La Cruz Blanco, ambas partes suficientemente identificadas en el encabezado del presente fallo.

mérito a todos los elementos de hecho y de derecho arriba explanados este Tribunal Superior Segundo del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: IMPROCEDENTE el presente recurso de hecho intentado por la profesional del derecho IDANIA MARTINEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 125.514, actuando en su carácter de apoderada judicial del ciudadano RIZCALLA AKEL HAMOUI, titular de la cédula de identidad No. 5.534.986, en contra de la decisión tomada por el Juez del Tribunal Quinto (5°)de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación de este Circuito Judicial, y así se decide.

Es el caso sub iúdice, el Tribunal observa que desde el día 12/07/2.012, fecha en la cual se designó defensor y se libro la boleta de notificación, transcurrió un (01) año y no se impulso el proceso, lo cual representa una evidente inercia de más de un (01) año, resultando obvio el transcurso del tiempo mayor que el requerido para la PERENCIÓN de nuestro ordenamiento jurídico. Esta inactividad procesal imputable a la parte actora se encuentra sancionada en nuestro ordenamiento jurídico, con la figura de la Perención de la Instancia cuyo efecto se circunscribe y da por extinguida la causa, no pudiendo promoverse nuevamente sino transcurrido como sean noventa (90) días de verificada la misma. Con fundamento a las anteriores consideraciones este Tribunal administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECRETA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo dispuesto en el primer aparte del artículo 267 del Código d.....