Ahora bien, vistas las actas procesales que conforman la presente solicitud, así como el desistimiento del procedimiento formulado en fecha 19 de octubre de 2015, por el abogado RUBEN ALEJANDRO MACHUCA REEVE, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 107.333, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano MARCO ANTONIO CHACON ORTEGA, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V-9.095.690, este Tribunal luego de haber realizado una revisión exhaustiva de los autos, y no existiendo presunción alguna que el desistimiento que nos ocupa lesione o menoscabe de manera directa e indirecta derechos a terceros, toda vez que conforme al instrumento poder otorgado por ante la Notaria Pública Décima Quinta del Municipio Libertador del Distrito Capital en fecha 31 de octubre de 2014, anotado bajo el Nº 44, tomo 86 folios 192 al 195, se encuentra facultado expresamente para ello, y por cuanto la misma no es contraria al orden público, ni a .....

éste JUZGADO DUODÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, de conformidad con el artículo 257 de la Constitución Bolivariana de la República Venezuela y los Artículos 12, 242, 243 y 267, del Código de Procedimiento Civil, declara: PRIMERO: La PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, en la presente demanda de cobro de bolívares (vía intimatoria) incoara BANCORO C.A., BANCO UNIVERSAL REGIONAL contra CREDICAN, C.A., ambas partes plenamente identificadas en el encabezado del presente fallo. SEGUNDO: Dada la naturaleza del fallo, no hay especial condenatoria en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.

éste JUZGADO DUODÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, de conformidad con el artículo 257 de la Constitución Bolivariana de la República Venezuela y los Artículos 12, 242, 243, 267 y 269, del Código de Procedimiento Civil, declara: PRIMERO: La PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, en el presente juicio que por COBRO DE BOLÍVARES (VIA INTIMATORIA) incoara la sociedad mercantil BANCO ACTIVO, C.A., BANCO UNIVERSAL contra DISTRIBUIDORA GOFFRE, C.A. y el ciudadano JOSÉ MIGUEL GOFFREDO GARCÍA, ambas partes plenamente identificadas en el encabezado del presente fallo. SEGUNDO: Dada la naturaleza del fallo, no hay especial condenatoria en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.

éste JUZGADO DUODÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, de conformidad con el artículo 257 de la Constitución Bolivariana de la República Venezuela y los Artículos 12, 242, 243 y 267, del Código de Procedimiento Civil, declara: PRIMERO: La PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, en la presente causa que por COBRO DE BOLIVARES (VIA INTIMATORIA), incoara BANCO BICENTENARIO, BANCO UNIVERSAL, C.A., contra COMERCIALIZADORA CANTILLANA, C.A ambas partes plenamente identificadas en el encabezado del presente fallo. SEGUNDO: Dada la naturaleza del fallo, no hay especial condenatoria en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.

éste JUZGADO DUODÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, de conformidad con el artículo 257 de la Constitución Bolivariana de la República Venezuela y los Artículos 12, 242, 243, 267 y 269, del Código de Procedimiento Civil, declara: PRIMERO: La PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, en el presente juicio que por COBRO DE BOLÍVARES (VIA INTIMATORIA) incoara BANCO BICENTENARIO, BANCO UNIVERSAL, C.A contra INNOVACIONES AFP 93 C.A, ambas partes plenamente identificadas en el encabezado del presente fallo. SEGUNDO: Dada la naturaleza del fallo, no hay especial condenatoria en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.

Este JUZGADO SEPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, Administrando Justicia en nombre de la REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA declara: LA PERENCION DE LA INSTANCIA en el presente juicio. Asimismo se ordena suspender la medida de PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR decretada en fecha 30 de octubre de 1990, sobre un lote de terreno con un área aproximada de 2.370 Mts2, que forma parte de mayor extensión. Dicha medida fue participada al Registrador Subalterno del Cuarto Circuito de Registro del Municipio Libertador del Distrito Federal (hoy Distrito Capital), mediante oficio N°. 1652 de fecha 30 de octubre de 1990. De conformidad con lo que dispone el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, no se causan costas dada la naturaleza de la decisión.

Con fundamento a las razones de hecho y de derecho previamente expuestas, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara que la demanda de cumplimiento de contrato de arrendamiento incoada por las ciudadanas ENRIQUETA BESTILLEIRO PATIÑO, MARÍA ISABEL BESTILLEIRO PATIÑO y AMÉRICA PATIÑO contra la sociedad mercantil CORPORACION SEPTIMO AMANECER, C.A., no puede ser admitida para ser sustancia a través del procedimiento ordinario regulado en los artículos 338 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, tal como lo pretende la parte actora, por lo que la misma resulta INADMISIBLE en los términos en que ha sido planteada, y así se decide.- PUBLIQUESE Y REGISTRESE Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, T.....

Visto el anterior acuerdo, el Tribunal con fundamento en que la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, dándole efectos de Cosa Juzgada.

éste JUZGADO DUODÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, de conformidad con el artículo 257 de la Constitución Bolivariana de la República Venezuela y los Artículos 12, 242 y 243 del Código de Procedimiento Civil, declara: PRIMERO: Niega la PERENCIÓN DE LA PRESENTE INSTANCIA, solicitada por el abogado JUAN CRISOSTOMO, apoderado judicial de la parte demandada, Sociedad Mercantil BROKER FINANCIAL INSURANCE SOUTH AMERICAN, BROFINSA, C.A., en el presente juicio que por NULIDAD DE ASAMBLEA incoara en su contra la ciudadana MARIA ELIZABETH NAVARRETE ROSSEL,, supra identificados en el encabezado del presente fallo. SEGUNDO: No hay especial condenatoria en costas.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Duodécimo de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Procedente la solicitud de aclaratoria del fallo de fecha 27 de abril de 2015-10-15. SEGUNDO: Se declara procedente la corrección monetaria de las cantidades estimadas por la parte intimantes de todas y cada una de las partidas señaladas en su libelo estimatorio, cuyo monto definitivo será determinado por el Tribunal de Retasa en la sentencia correspondiente. TERCERO: Se ordena la indexación de la cantidad que en definitiva le corresponda pagar a la intimada de autos, conforme a la determinación tomada en por el Tribunal de Retasa, en la sentencia que se dictará en dicho procedimiento, desde la fecha de presentación del libelo estimatorio de los honorarios profesionales reclamados por las abogadas intimantes, hasta la fecha de publicación de la sentencia por p.....