Por las razones antes expuestas, este Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente juicio que por FRAUDE PROCESAL intentara el ciudadano CARLOS ENRIQUE OLIVERO contra los ciudadanos MARIA CLAUDIA MEDINA, LUIS ALFREDO BELLO ORTEGA, GLORIA ORTEGA DE BELLO, LEONARDO ALFREDO BELLO ORTEGA, LUIS ANTONIO BELLO ORTEGA y NESTOR EDUARDO BELLO RIVERO, en virtud de haber transcurrido más de diez (10) años, sin haberse ejecutado algún acto de procedimiento por las partes. Dada la naturaleza del presente fallo no hay especial condenatoria en costas.

DISPOSITIVO Con fundamento en las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CONSUMADA LA PERENCIÓN, en consecuencia EXTINGUIDA LA INSTANCIA, en la presente demanda por cobro de prestaciones sociales, interpuesta por la ciudadana Lisseth M. Torres R., titular de la cédula de identidad N° 10.629.560, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 98.480, actuando en nombre del ciudadano JOSE LUIS BARRIOS MIRANDA, en la que demanda por cobro de prestaciones sociales contra el INSTITUTO AUTONOMO DE POLICÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SUCRE.

En merito de lo anterior, este JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de la demanda de contenido patrimonial interpuesta por la abogada CHERYL ADRIANINA NARVAEZ APONTE. Inscrita en el Inpreabogado número 94.476, actuando en este acto en su condición de apoderada judicial de la FUNDACION DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS, contra INVERSIONES DON VICTOR.

IV En razón de lo anteriormente expuesto, esta Sala Diez de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, actuando de conformidad con lo establecido en el artículo 442 del Código Orgánico Procesal Penal, emite el siguiente pronunciamiento: ÚNICO: ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la ciudadana GLADYMAR PAREDES, Defensora Pública Cuadragésima Octava (48ª) Penal del Área Metropolitana de Caracas, en su carácter de defensora de los ciudadanos ERICK MICHEL OCHOA VALENZUELA y MOISES DAVID MARIN RAMOS, titulares de las cédulas de identidad nros. V-24.331.211 y V-26.433.169, respectivamente, con fundamento en el numeral 4 del artículo 439 del Código Orgánico Procesal Penal, contra la decisión dictada el 12 de octubre de 2015, por el Juzgado Primero (1º) de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metrop.....

PRIMERO: se ADMITE conforme a lo previsto en el artículo 439 numeral 4 en relación con el encabezamiento del artículo 442, ambos del Código Orgánico Procesal Penal, el recurso de apelación interpuesto el 29 de septiembre de 2016, por JUDITH TRILLO, Defensora Pública Penal Sexagésima (60ª) de esta Circunscripción Judicial, actuando en su carácter de defensora de los ciudadanos JOSE ALFREDO BORGES VEGAS, titular de la cédula de identidad Nº V-13.735.928, y YOVANI RODRIGO TORRES TORRES, titular de la cédula de identidad Nº V-15.769.040, respectivamente, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 439 del Código Orgánico Procesal Penal, contra la decisión dictada el 09 de septiembre de 2016, por el JUZGADO VIGÉSIMO (20º) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL de este Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual decretó la PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD del referido ciudadano, conforme a lo previsto en los artículos 236 numeral.....

En mérito de lo anterior, este Tribunal Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara CONSUMADA LA PERENCIÓN y EXTINGUIDA LA INSTANCIA en el Recurso Contencioso Administrativo interpuesto por la ciudadana NEIDA MARÍA ANGULO VÁSQUEZ, titular de la cédula de identidad Nro. 6.425.507, contra el GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL. Publíquese y regístrese. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Caracas a los treinta y un (31) días del mes de octubre del año dos mil dieciséis (2016). Años 206º de la Independencia y 157º de la Federación.

En mérito de lo anterior, este Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara CONSUMADA LA PERENCIÓN y EXTINGUIDA LA INSTANCIA en el Recurso Contencioso Administrativo interpuesto por la ciudadana ROCIO YSABETINO VIELMA, titular de la cédula de identidad Nro. 4.677.123, representada por el abogado Juan Pareja, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 131.454, contra el SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL (SEBIN) Publíquese, regístrese y notifíquese a la parte recurrente. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Caracas a los treinta y uno (31) días del mes de octubre del año dos mil dieciséis (2016). Años 206º de la Independencia y 157º de la Federación.

En mérito de lo anterior, este Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara CONSUMADA LA PERENCIÓN y EXTINGUIDA LA INSTANCIA en el Recurso Contencioso Administrativo interpuesto por la ciudadana JOSEFINA FERRER DE GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad Nro3.475.775, asistida por los abogados los abogados José del Carmen Blanco, Isabel Pérez Rodriguez, Janine Palacios González, Edilson Contreras Díaz y Jorge David Brazon, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 26.495, 112.009, 103.216, 100.459 y 130.216, respectivamente contra el GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL. Publíquese, regístrese y notifíquese a la parte recurrente. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Caracas a los treinta y uno (31) días del mes de octubr.....

Ahora bien, anunciado el Recurso de Casación en tiempo oportuno en contra del fallo proferido el 22 de julio de 2016, encuadrando cónsonamente con la jurisprudencia y dentro de los presupuestos del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil; es decir, ejercido contra sentencia de última instancia, el mismo resulta viable. De ahí, que este Órgano Jurisdiccional considera que habiéndose interpuesto el referido recurso de casación en tiempo oportuno, procede su admisibilidad, ordenándose remitir el presente expediente a la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, conforme a lo establecido en el aparte infine del artículo 522 del Código de Procedimiento Civil.

DISPOSITIVA Por todo cuanto antecede, esta Corte Superior de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República por Autoridad de la Ley, ADMITE a trámite el recurso de apelación interpuesto por la Abogada SUHEIS VARELA, Defensora Publica Sexta (6ª) con Competencia en Materia de Responsabilidad Penal de Adolescentes, en contra de la decisión dictada en fecha 05 de octubre de 2016, por el Juzgado Séptimo (07º) de Primera Instancia en funciones de Control de Responsabilidad Penal de Adolescentes de este Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en la causa seguida al adolescente (IDENTIDAD OMITIDA), y su procedencia será resuelta dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, tal como lo establece el artículo 442 primer aparte del Código Orgánico Procesal Penal.