En el caso bajo estudio la solicitud de protección constitucional fue interpuesta contra la presunta conducta lesiva asumida por el ciudadano TAGLIAVIA PAOLO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-6.097.024, en consecuencia, es competente este Juzgado para conocer de la presente acción de amparo constitucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, antes citado. Así Se Establece.- Este Tribunal luego de haber declarado su competencia, ADMITE cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo dispuesto en el 23 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales y aplicando la decisión vinculante dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 1º de febrero de 2000 (caso Mejía-Sánchez). En consecuencia, se ordena la notificación de la parte presuntamente agraviante, ciudadano TAGLIAVIA PAOLO, venezolano, mayor de edad, titula.....

De acuerdo al criterio jurisprudencial parcialmente trascrito, este Sentenciador observa que la parte presuntamente agraviada, al señalar los hechos que originaron la interposición del presente recurso de Acción de Amparo Constitucional contra la ciudadana AMERICA BARROSO MOLINA venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-643.046, expresó que la ciudadana antes mencionada, viene causándole daños patrimoniales y desequilibrio a su derecho de propiedad, impidiendo y violando al uso, goce y disfrute del referido inmueble, el cual se encuentra ubicado en la Urbanización Urdaneta, Vereda 2, Casa Nro. 5, El Cuartel, Catia del Municipio Libertador- Caracas y que en el trayecto de estos tres (3) últimos años, a intentando en conversar con su hermana en varias oportunidades, pero le ha sido imposible llegar a un acuerdo que le permita inspeccionar y usar el bien dejado por su difunto padre, por lo que constituye como hecho notorio que ha transcurrido íntegramente el lapso.....

Por todo lo anteriormente expuesto, este Juzgado Sexto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Sin lugar la tacha de testigos ejercida por la representación judicial de la parte actora. SEGUNDO: SIN LUGAR la demanda por cobro de prestaciones sociales y otros derechos laborales incoada por la ciudadana IRENE PICO DUQUE, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y portadora de la cédula de identidad número 18162925 en contra de la empresa FIT SAMBIL S.A., Sociedad Mercantil inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 18.05.2005, bajo el nº 7, tomo 1098-A-Qto. TERCERO: Por la naturaleza del presente fallo se condena en costas a la parte actora de conformidad con las previsiones de los artícul.....

"(...) Por los razonamientos anteriores, este Tribunal NIEGA la solicitud del apoderado actor y ratifica en todo su contenido el decreto de ejecución forzosa dictado por este Despacho en fecha 24 de septiembre de 2013. ASI SE DECIDE.- (...)"

(...)En este estado, este Tribunal observando que cada uno de los apoderados judiciales le fue otorgada facultad para transigir; que el acuerdo presente una relación sucinta de los hecho; procede de conformidad a lo establecido en el Artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Las Trabajadoras, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 10 y 11 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, el artículo 1.713 del Código civil, el numeral 2 del artículo 89 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, así como el artículo 133 de La Ley Orgánica Procesal del Trabajo; HOMOLOGA el presente acuerdo transaccional en los términos expuestos. Se acuerda expedir las copias certificadas solicitadas de conformidad a lo establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y se deja constancia la entrega de las pruebas aportadas por las partes(...)

En este acto desisto del presente procedimiento, reservándome la acción contra la aquí demandada, la Fundación Barrio Adentro y la Clínica Popular El Paraíso. Es todo. En este estado, expone el abogado RUBEN NORA GONZÁLEZ, en su condición de apoderado judicial de la parte demandada MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD: Apruebo el desistimiento aquí manifestado por la apoderada judicial de la parte actora, es todo. Oída las anteriores exposiciones, este Juzgado homologa con fuerza de cosa juzgada el desistimiento del procedimiento expresado por la representación judicial, con la venia del apoderado judicial de la parte demandada. En consecuencia, se da por terminada la audiencia preliminar.-

Este Juzgado vista que la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, da por concluido el proceso y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, dándole efectos de la Cosa Juzgada. Se deja constancia que se le hace entrega a las partes de las pruebas promovidas al inicio de la Audiencia Preliminar. LA JUEZ NEREIDA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ EL SECRETARIO MARCIAL MECIA APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA

DISPOSITIVA Por las argumentaciones precedentemente expuestas, este Tribunal DUODECIMO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara CON LUGAR la solicitud de Conversión de Separación de Cuerpos en Divorcio, presentada por los ciudadanos MARIA ALEJANDRA URQUIOLA BRACAMONTE y MIGUEL ANGEL JEREZ BASTIDAS, titulares de las cédulas de identidad números 15.072.617 y 15.330.718, respectivamente, y consecuencialmente DISUELTO el vínculo matrimonial que los unía, contraído por ellos el día 07 de Junio de 2008, ante la Prefectura de la Parroquia Calderas del Municipio Bolívar del Estado Barinas, según acta No. 6.- Dada la naturaleza del Fallo no hay condenatoria en Costas.- -PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, DEJESE COPIA -

Atendiendo a todo lo expuesto, este Tribunal Vigésimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara CON LUGAR la solicitud de Divorcio formulada por los ciudadanos LUIS EDUARDO GOMEZ GALARRAGA y NANCY ESTHER BORJAS, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nros. V-6.972.570 y V-7.885.375, respectivamente en consecuencia queda disuelto el vínculo matrimonial por ambos contraído en fecha 29 de enero de 1994, por ante la Primera Autoridad Civil de la Parroquia Santa Rosalía, Departamento Libertador del Distrito Federal (hoy Municipio Libertador del Distrito Capital), según se evidencia de Acta de Matrimonio Nº 9, del Libro de Registros Civil de Matrimonios llevados por dicha Autoridad Civil.

En base a los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal Décimo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la demanda por DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES, incoada por los ciudadanos CARLOS ENRIQUE GAUTIER VARELA y EDGAR RAFAEL SANZ FLORES, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nros. 9.399.490 y 10.504.369, respectivamente, contra la RED DE ABASTOS BICENTENARIOS, S.A. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas.