DECISIÓN Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- COMPETENTE para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta conjuntamente con medida cautelar innominada interpuesta por los abogados Ricardo Arturo Navarro Urbaez, Enrique José Chacón Breto y Salvador Antonio Luque, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 21.085, 41.762, 154.750, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana MALVELLA JOSEFINA CORTEZ FRANCO, titular de la cédula de identidad Nº. V-7.220.601, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS. 2.- INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta, de conformidad con lo estipulado en numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Siendo así, este Tribunal ADMITE el recurso contencioso administrativo funcionarial de conformidad con los artículos 98 de la Ley del Estatuto de la Función Publica y 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa con respecto a la Resolución Administrativa Nº 192/2016, de fecha 11 de agosto de 2016 (retiro), en consecuencia, cítese al SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL, para que proceda a dar contestación a la querella dentro del lapso de quince (15) días de despacho siguientes contados a partir de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, lapso que se computará por días de despacho y comenzará a transcurrir una vez que conste en autos la consignación de la última de las notificaciones. Notifíquese a los ciudadanos ALCALDE DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL y CONTRALOR MUNICIPAL DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR, a lo.....

Siendo ello así, este Tribunal en garantía del debido proceso que involucra el derecho a la defensa establecidos en el artículo 49 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, se le otorga un lapso de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su notificación mediante boleta, que al efecto se ordena librar en este auto, para que consigne dicha solicitud por escrito con especial atención a los requisitos dispuestos en el artículo 18 de la Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

DECISIÓN Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el Abogado Oscar Elías Omaña Guerrero, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 37.382, actuando en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano HENRY VILLEGAS HERRERA, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. V-3.237.681, interpuso recurso contencioso administrativo funcionarial en contra del INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS). SEGUNDO: Se ORDENA al INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) proceda a reconocer al actor el beneficio de jubilación y a cumplir el pago de la referida obligación, bajo los términos expuestos en la Resolución Nº 629, Acta Nº 24, fechada 27 de julio de 2004, pagando, en cons.....

Por todas y cada una de las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada por Cecilia Vivas Pérez, apoderada judicial de WILMER ROJAS PÉREZ, contra el extinto INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA, hoy MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA VIVIENDA Y HÁBITAT.- En consecuencia pasa este Administrador de Justicia a precisar el dispositivo del presente fallo en los siguientes particulares: PRIMERO: Se DECLARA LA NULIDAD de los actos administrativos dictados en 22 de enero de 2007 y 19 de marzo de 2007, por el Gerente del Distrito Capital y Estado Vargas del hoy extinto Instituto Nacional de la Vivienda, según los argumentos precedentemente expuestos en la motiva de la sentencia.- SEGUNDO: Se DECLARA LA NULIDAD del procedimiento administrativo sustanciado,.....

Por todas y cada una de las razones antes expuestas este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara la PÉRDIDA DEL INTERÉS PROCESAL Y EN CONSECUENCIA EL ABANDONO DEL TRÁMITE de la demanda de contenido patrimonial (acción de repetición), interpuesto por los abogados Omar Alberto Mendoza y Fernando Anduela, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 66.393 y 112.138 respectivamente, actuando en su carácter de apoderado judicial del FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITO Y PROTECCIÓN BANCARIA ahora FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS (FOGADE), contra MANUEL FELIPE MARTINEZ ESPARRAGOZA, titular de la cédula de identidad V- 986.974.

Por todos y cada uno de los razonamientos de hecho y de derecho antes expuestos, este Juzgado Superior, siendo la oportunidad para pronunciarse sobre la acción de amparo cautelar solicitado por el querellante, acuerda precisar el dispositivo del fallo en los términos siguientes: PRIMERO: Se DECLARA IMPROCEDENTE la solicitud de amparo cautelar interpuesta por CARLOS EDUARDO PÁEZ MORALES, titular de la cédula de identidad número V-19.678.115. En los términos expuestos en la motivación de la presente decisión.- SEGUNDO: Se ORDENA la publicación del presente fallo en la página web del Tribunal Supremo de Justicia.-

Por todas y cada una de las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara el DECAIMIENTO DEL OBJETO DE LA CAUSA en la querella funcionarial interpuesta por Lourdes F. Gámez Ottamendy, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 62.184, actuando en su carácter de apoderada judicial JUANA VICTORIA ESPINOZA DE PACHECO, titular de la cédula de identidad número V- 5.230.050, contra el acto administrativo contenido en el oficio sin número de fecha 4 de octubre de 2000, suscrito en conjunto por el Alcalde y el Director de la Policía Municipal del MUNICIPIO ANDRÉS BELLO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. En consecuencia pasa este juzgador a precisar el dispositivo del presente fallo en los siguientes particulares: PRIMERO: Se DECLARA EL DECAIMIENTO DEL OBJETO DE LA CAU.....

Finalmente, siendo que de la admisión de las pruebas se requiere la evacuación de las pruebas testimoniales, de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se advierte a las partes que a partir del primer día de despacho siguientes al de hoy (exclusive) comenzará a transcurrir el lapso de diez (10) días de evacuación de pruebas.

Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Cuadragésimo Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: UNICO: HOMOLOGADA LA TRANSACCIÓN suscrita entre el ciudadano JOSE GREGORIO LLAURANO GARCIA y BANESCO BANCO UNIVERSAL, S.A., ambas partes suficientemente identificadas, a la cual se le confiere efecto de cosa juzgada. En este estado se ordena la devolución de las pruebas a ambas partes, aportadas al inicio de esta audiencia preliminar, téngase la presente acta como sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva.