III DECISIÓN Con fundamento en lo antes expuesto este Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, con Sede en Caracas, administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la Solicitud de Medida Cautelar interpuesta por el abogado GONZALO PÉREZ SALAZAR, titular de la cédula de identidad N° 6.749.604 e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 61.741 actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano ALBERTO BENZAQUEN, argentino titular de la cédula E-1.067.879 contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° 1693, del veintisiete (27) de agosto de dos mil nueve (2009), dictada por la DIRECIÓN DE INGENIERÍA Y PLANEAMIENTO URBANO LOCAL DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO SUCRE DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. Publíquese y regístrese. Dada, firmada y sellada, en la sala de Despacho de Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capita.....

En mérito de las razones expuestas precedentemente, este Juzgado Superior Séptimo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido por los profesionales del derecho JOSE RAFAEL GAMUS y LOURDES NIETO FERRO, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo las matrículas Nros 37.756 y 35.416, respectivamente, contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa Nº L/122.06.08, de fecha diez (10) de junio de dos mil ocho (2008) y emanada de la Dirección de Administración Tributaria de la Alcaldía del Municipio Chacao del Estado Miranda, en el cual se le impuso, a la empresa PROMO SERVICES 2004, C.A, el pago de una multa por la cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS BOLÍVARES FUERTES (BsF. 6.900,00), y el cierre temporal de su establecimiento comercial. Publíquese, regístrese y notifíquese al Síndico Procurador .....

declara: 1.- PROCEDENTE la suspensión de efectos del acto administrativo impugnado, conforme a la motiva del presente fallo.

Primero: Declarar Consumada la Perención y Extinguida la Instancia en el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, interpuesto por el ciudadano Pablo Julio Simoza Oviedo, asistido por el abogado Fernando José Valera Romero, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 91.434 , ut supra identificados, contra los actos administrativos contenidos en las Resoluciones Nos: 0468 y 244 ambas de fecha 12 de junio de 2007, dictadas por el ciudadano Ministro del Interior y Justicia (ahora Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia),. Segundo: Notificar a las partes del contenido de la presente decisión..

Revisadas las actas procesales que componen la presente causa, así como del expediente administrativo que guarda relación con la presente causa el Tribunal no constató instrumental en la que se evidencie la fecha cierta en que la querellada, a saber, Inés María Monterola de Fernández, titular de la cédula de identidad N° V.-6.017.028, recibió el pago de la deuda que por prestaciones sociales mantenía la Policía Metropolitana consigo, instrumento éste necesario a los fines de emitir pronunciamiento de fondo, motivo por el cual este Órgano Jurisdiccional dicta el presente auto para mejor proveer a tenor de lo previsto en el artículo 514 y 15 del Código de Procedimiento Civil, con el objeto de requerir al Organismo querellado, dicho expediente en original o copia certificada

En mérito de las razones expuestas precedentemente, este Juzgado Superior Séptimo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial, ejercido por el abogado Erly Ramon Herrera Azuaje, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 104.811, actuando en representación de la ciudadana Doris Coromoto Sequera, venezolana, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad Nro. V-6.425.046, contra la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio del Poder Popular para la Educación. En consecuencia: 1) Se NIEGA el pago solicitado por concepto de diferencia de prestaciones sociales. 2) Se ORDENA el pago de los intereses moratorios sobre la cantidad total (régimen anterior y recálculo del nuevo régimen) de las prestaciones sociales que le corresponden a la querellante, de conformidad con lo previsto.....

Ahora bien, de las actas que conforman el presente expediente, se evidencia que la última actuación en el expediente se realizó en fecha 10 de julio de 2009, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el cual es del tenor siguiente: "...Toda instancia se extingue por el transcurso de un año, sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá perención...". La doctrina y la jurisprudencia han calificado a la perención como abandono de trámite que extingue la relación procesal por inactividad de las partes, que igualmente supone el abandono de la instancia. El Tribunal observa que desde la fecha de la última actuación cumplida hasta la fecha del presente auto, no se han consignados los recaudos correspondientes para realizar las actuaciones, tampoco se ha realizado actuación alguna que tienda a la prosecución del proceso, por lo que a tenor de lo establecido e.....

DECISION Por la motivación que antecede este Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, interpuesto por las abogadas YALEIDY CEGARRA y LIZBETH ANTOIMA, inscritas en el Inpreabogado bajo los Nros. 105.032 y 128.542 respectivamente, actuando en su carácter de apoderadas judiciales del ciudadano OGLIS OSCAR PACHECO, titular de la Cédula de Identidad Nº 16.092.131 contra el acto administrativo N° DG-115-09 de fecha 22 de septiembre de 2009, suscrito por el Director de la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA Y PREVENCIÓN (DISIP), hoy SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA (SEBIN). En consecuencia: PRIMERO: Se declara la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución N° dg-115-09 de fecha 22 de septiembre de 2009, suscrita por .....

DECISIÓN Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE por haber operado la caducidad, el recurso contencioso administrativo funcionarial incoada por el ciudadano ALCIRO PEREZ MENDOZA, titular de la cédula de identidad Nº 7.557.735, por intermedio de su apoderado judicial, abogado MANUEL DE JESUS DOMINGUEZ, ampliamente identificado en el encabezado del presente fallo, contra la Resolución P-032 de fecha 12 de septiembre de 2005, emanada del INSTITUTO AUTÓNOMO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE (INSETRA).

DECISIÓN Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, se declara: PRIMERO: CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano PEDRO BETANCOURT LÓPEZ, titular de la cédula de identidad N° 2.967.553, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 8.565, actuando en su propio nombre y representación, contra la evaluación de desempeño correspondiente al período 01-07-2007 al 31-12-2007, cuyo resultado fuera notificado en el acto administrativo contenido en el Oficio 001 de fecha 15 de julio de 2008, emanado del INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI), la cual se anula. SEGUNDO: Se ordena al INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI), realizar nuevamente la evaluación correspondiente al período 01-07-2007 al 31-12-2007.