Revisado como ha sido el escrito solicitud y los recaudos con él acompañados, se evidencia que cumple con los requisitos exigidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparos Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por lo que este Juzgado lo admite cuanto a lugar en derecho, haciendo la salvedad que con ello no se vulnera la potestad del Juez para juzgar a posteriori sobre la admisibilidad de la presente solicitud de amparo. Declarada como ha sido la admisión del recurso en forma provisional. En aras de garantizar una tutela judicial efectiva y en resguardo de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se acuerda tramitar el presente recurso de amparo conforme a la sentencia Nº 7 de fecha 1 de febrero de 2000, con ponencia del Magistrado Dr. Jesús Eduardo Cabrera Romero

Primero: Declarar su competencia para conocer de la solicitud de aclaratoria a la sentencia dictada por este Órgano Jurisdiccional el pasado veintiséis (26) de abril de dos mil diez (2010), interpuesto por la representación judicial de la parte accionada, Luis Alfredo Merlanti y Eduardo José Quintana García, profesionales del derecho inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (IPSA) bajo los Nros. 21.226 y 123.289, respectivamente. Segundo: Declarar improcedente la aclaratoria solicitada, conforme a los términos expuestos en la motiva del presente fallo.

Primero: Su competencia para sustanciar y pronunciarse en relación con la acción de Amparo Constitucional interpuesto por lo abogados Rafael Humberto Contreras Millán y José Francisco Contreras Millán, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros 28.193 y 28.766 respectivamente., actuando con el carácter de apoderados judiciales de la Sociedad Mercantil Sociedad Mercantil Grupo Don Sam C.A. contra la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria del Municipio Libertador del Distrito Metropolitano de Caracas. Segundo: Declara Inadmisible la solicitud de amparo constitucional incoada, ello con fundamento en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales y por aplicación de los criterios jurisprudenciales expuestos en la motiva del presente fallo. Tercero: Por cuanto la presente decisión se dicta dentro del lapso de ley resulta inoficioso practicar la notificación de la parte accionante.

DECISIÓN Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, resuelve: PRIMERO: Se ADMITE la presente acción de amparo constitucional interpuesta por la abogada XIOMARA SANCHEZ, inscrita en el inpreabogado bajo el Nº 56.133, en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana LORENA MIKELIS IGLESIAS ALBARRAN, titular de la cedula de identidad Nº 17.693.106, contra los ciudadanos RAMON BENITO BOSO SUAREZ y CLAUDIO CARMINE DI LORETO DRACOPULOS, titulares de la cédula de identidad Nros 6.329.526 y 5.308.925, respectivamente, en su carácter de representantes de la ASOCIACION CIVIL HERRERA LYNCH Y ASOCIADOS A.C. (conocida como CLINICA HERRERA LINCH Y ASOCIADOS A.C.). SEGUNDO: Se ordena la notificación a los ciudadanos RAMON BENITO BOSO SUAREZ y CLAUDIO CARMINE DI LORETO DRACOPULOS, titulares de la cédu.....

III DISPOSITIVO DEL FALLO En mérito de lo antes expuesto, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: La pérdida del interés procesal en continuar con el recurso de apelación ejercido en fecha 18 de marzo de 1999, por el abogado GABRIEL ARROYO ESTACIO, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana BEATRIZ BIANCHI ALVAREZ DE LUGO de GILL, contra la decisión de fecha 29 de enero de 1999, proferida por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: Terminado el procedimiento en segunda instancia, en la solicitud de convocatoria de asamblea seguido por la ciudadana BEATRIZ BIANCHI ALVAREZ DE LUGO de GILL, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identida.....

este JUZGADO UNDÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, hace los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara LA CONVERSIÓN EN DIVORCIO de la Separación de Cuerpos y Bienes, solicitada por los ciudadanos MAXIMO VICENTE PEREDA LEON y KAREN LUCIA CASTILLO HERRERA, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nros. 14.667.252 y 14.689.725, respectivamente, los cuales contrajeron matrimonio en fecha 05 de octubre de 2006, contrajeron matrimonio por ante la Registradora Civil del Municipio El Hatillo del Estado Miranda, tal y como se evidencia de copia certificada del Acta de Matrimonio Nº 327, de los libros del año 2006, la cual obra en los autos.

Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la CONVERSIÓN EN DIVORCIO de la separación de cuerpos de los ciudadanos ANNDY GANEDDY MERA VINCES y MARIA TERESA SCIOSCIA ANGIOLILLO, antes identificados, y en consecuencia, disuelto el vínculo que los une efectuado en fecha 03 de diciembre de 2004 por ante el Registro Civil del Municipio Chacao del Estado Miranda, bajo el Nº de acta 572, folio 188, tomo Nº 3. Queda disuelta la comunidad conyugal.

DECISIÓN Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: IMPROCEDENTE la Medida Cautelar de Suspensión de Efectos, solicitada por los abogados Ricardo Rojas Gaona y Jhoselyn Rodríguez Useche, antes identificados, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la Sociedad Mercantil Inspectorate Venezuela Sociedad en Comandita Simple, S.C.S., también identificada, la cual fue interpuesta conjuntamente con el recurso contencioso administrativo de nulidad, de conformidad con lo previsto en los artículos 10, 77 y 78 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, en concordancia con el artículo 93 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, contra el Acto Administrativo dictado mediante Resolución N° 00013542, de fecha 22 de octubre de 2009, por la Dirección General de Inquilinato de.....

este Tribunal Unipersonal Nº 12, de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, en uso de sus facultades legales y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 110 del Código Civil, DISCIERNE en la persona de la ciudadana JEISY NOJAX ALVAREZ FUNES, de nacionalidad Venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V.- 12.388.977, el Cargo de CURADOR AD-HOC

En mérito de lo anteriormente expuesto y de acuerdo a lo establecido en la norma respectiva vigente, este Despacho Judicial a cargo de la Juez Unipersonal Nº 11 del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la presente solicitud, quedando disuelto por DIVORCIO el vínculo matrimonial habido entre los ciudadanos JOSE JUAN RODRIGUEZ GARCIA y SANDRA MARIA JIMENEZ GONZALEZ, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nros V-6.976.470 y V-6.309.848, respectivamente, contraído por ante la Primera Autoridad Civil del Municipio Chacao del Estado Miranda, en data 02/08/1991, Acta Nro. 209, de ese mismo año.-