/DIV. 185-A/Este Tribunal Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declaró CON LUGAR la presente solicitud, quedando disuelto por DIVORCIO el vínculo matrimonial habido entre los ciudadanos: ILIANA CAROLINA RÍOS ALFARO y JUAN CARLOS VARICELLI LUGO, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-17.703.271 y V-11.981.903, respectivamente.

/DESISTIDO/Este Tribunal noveno administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara DESISTIDO, la presente solicitud de Divorcio 185-A, y en consecuencia se declara la EXTINCIÓN del proceso, todo de conformidad con el artículo 514 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. Asimismo, se ordena el cierre y archivo del presente asunto.

Por todos los razonamientos precedentemente expuestos, este JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley: ANULA el auto de admisión de fecha 09 de enero de 2012, dictado por este juzgado y declara la: INADMISIBILIDAD de la presente demanda que por PARTICIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMUNIDAD CONYUGAL Y NULIDAD DE LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES Y DE LOS CONTRATOS DE COMPRA VENTA DE BIENES HABIDOS EN DICHA COMUNIDAD, interpuso la ciudadana SILVIA MAYANIN VASQUEZ ECHANDIA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cedula de identidad Nº V-10.112.988, contra el ciudadano JOSÉ RAFAEL DÍAZ PARTIDA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cedula de identidad Nº V-6.430.783, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 341 y 78 del Código de Procedimi.....

Se declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA.

declara SIN LUGAR la querella interpuesta LARRY LOUIS CHACÓN RÍOS, portador de la cédula de identidad Nro. V- 14.414.638, representado por el abogado Enrique Pérez Bermúdez, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 10.812, contra el acto administrativo contendido en la Orden Administrativa del Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana N° GN-11929 de fecha 25-07-2011, notificada el 18-08-2011 por oficio N° 26359, mediante la cual se le Destituye de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

declara INADMISIBLE POR CADUCA, la querella interpuesta por la ciudadana AIBY ZULAY PEREZ DE LEON, portadora de la cédula de identidad Nro. 10.110.101, asistido por el abogado JOSÉ DEL CARMEN BLANCO, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 26.495, mediante la cual solicita la reposición de su prima de titularidad que le fue despojada en fecha 25 de octubre de 2011, al Gobierno del Distrito Capital.

Con fundamento en lo antes expuesto este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE POR CADUCIDAD la querella interpuesta por la ciudadana NEYRA STELLA CAMARGO DE ACOSTA, titular de la cédula de identidad Nº 12.376.467, debidamente asistida por el abogado José del Carmen Blanco, Inpreabogado Nº 26.495, contra el GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL.

Con fundamento en lo antes expuesto este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE POR CADUCIDAD la querella interpuesta por la ciudadana SUSANA MAGDALENA MRSNIK CHLADNY, titular de la cédula de identidad Nº 10.334.228, debidamente asistida por el abogado José del Carmen Blanco, Inpreabogado Nº 26.495, contra el GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL.

Este Órgano Jurisdiccional, recalifica la acción y ordena dar el trámite a la presente de conformidad con lo previsto en la Ley del Estatuto de la Función Pública. En consecuencia, de conformidad con los requisitos de admisibilidad previstos en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se admite cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.