Por todo y cada uno de los razonamientos tanto de hecho como de derechos antes expuestos, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley declara LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN POR PÉRDIDA SOBREVENIDA DEL INTERÉS PROCESAL en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la apoderada judicial de la sociedad mercantil URBANIZADORA YAUCARACAM C.A, inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 30 de agosto de 1978, bajo el No. 89, Tomo 84-A-Sgdo, contra el Acto Administrativo contenido en el Oficio No. 000815 de fecha 5 de mayo de 1995, emanado de la Dirección de Ingeniería y Planeamiento Urbano Local del Municipio Autónomo Sucre del Estado Miranda. En consecuencia pasa este administrador de justicia a precisar el contenido del presente fallo en los siguientes términos: PRIMERO: Se DECLARA L.....

Finalmente, siendo que las pruebas admitidas en este caso, no ameritan evacuación, esta Juzgadora de conformidad con el artículo 107 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, fija para el cuarto (4to) día de despacho siguiente al de hoy (exclusive), la oportunidad para que tenga lugar la celebración de la AUDIENCIA DEFINITIVA, a las nueve de la mañana (9:00 a.m.). Así se decide.

En mérito de lo antes expuesto este Juzgado Superior Sexto en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana AMERICA YACQUELIN PALENZUELA RUDAS, titular de la cédula de identidad Nro. V-10.115.786, debidamente asistida por el abogado GENDRY GONZÁLEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 195.143, en su condición de Defensor Público Auxiliar de la Defensoría Pública Segunda, con Competencia en materia Contencioso Administrativa del Área Metropolitana de Caracas, contra el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S), mediante la cual solicitó la nulidad de la Resolución Nro. DGRHYAP-DAL/15 N° 000352, de fecha 05 de octubre de 2015, que resolvió la destitución de la querellante del cargo de Terapeuta Ocupacional II.

La motivación que antecede este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR, la querella interpuesta por la abogada LISMIRDI JOSELIN TORTOSA BORRERO, actuando en su carácter de Defensora Pública Tercera (3º) con Competencia Administrativa, Contencioso-Administrativa y Penal para las Funcionarias y los Funcionarios Policiales e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 179.445, asistiendo al ciudadano FRANK ARMANDO GONZÁLEZ SALAS, titular de la cédula de identidad Nro. V.-10.817.824, contra el Acto Administrativo contenido en la Providencia Administrativa Nº 053/2015, de fecha 29 de septiembre de 2015, la cual fue notificada al hoy querellante en fecha 14 de diciembre de 2015, dictado por el Director de Policía. En consecuencia, SE ORDENA el pago d.....

Por la motivación que antecede este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley se declara: PRIMERO: La NULIDAD de las actuaciones efectuadas a partir de los folios cuarenta y dos (42) al cincuenta y dos (52) ambos inclusive. SEGUNDO: LA REPOSICIÓN de la presente causa al estado que se lleve a cabo la audiencia definitiva en la presente causa, una vez se notifique a las partes de la presente decisión. TERCERO: Notifíquese mediante Oficios y Boletas a las partes del presente fallo. Dada la especial naturaleza de la presente decisión no hay condenatoria en costas.

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA la FALTA DE JURISDICCIÓN del Poder Judicial para conocer la demanda interpuesta por los abogados RAFAEL ÁNGEL DOMÍNGUEZ MENDOZA, ALEJANDRO URDANETA, LUÍS LEONARDO CÁRDENAS, GUILLERMO AZA y LEYMAN VELÁSQUEZ, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 105.112, 138.836, 71.833, 120.986 y 117.213, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales INSTITUTO AUTÓNOMO DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y SERVICIOS DEL ESTADO MIRANDA (INFRAMIR), contra la sociedad mercantil SEGUROS BANVALOR, C.A..

Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- SU COMPETENCIA para conocer en primer grado de Jurisdicción la querella funcionarial ejercida conjuntamente con amparo cautelar por la ciudadana MARIA DOLORES LÓPEZ RODRIGUEZ, titular de la cédula de identidad Nro. V- 6.210.673, representado judicialmente por los abogados, RAMON ALFREDO AGUILAR y MARIA FATIMA DA COSTA GÓMEZ, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros 38.383 y 64.504, respectivamente, contra la ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 2.- ADMITE el presente Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial conjuntamente con Amparo Cautelar. 3.- PROCEDENTE el amparo cautelar solicitado. 4.- SE ORDENA la reincorporación al cargo que venía desempeñando, el pago de los salarios dejados de percibir.....

III. DISPOSITIVA.- En virtud de los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso de Hecho interpuesto por la Abogada URIMARE COROMOTO MUÑOZ CASTILLO, actuando en su carácter de apodera judicial de los ciudadanos YOHAN CARLOS TERAN RANGEL, CESAR AUGUSTO BOHORQUEZ RINCÓN, ALVARO JESÚS BONILLA, EGLIS JOSÉ MATHEUS VIERAS, ESTEFANI PAOLA RODRIGUEZ GARCIA, IRIS ANDREINA RIVERO GONZALEZ, ROXANA CAROLINA DIAZ, ANGELO DANIEL HUISE RIVAS y DANIEL ENRIQUE HERNANDEZ GOMEZ, contra el auto dictado en fecha 09.11.2016, el cual Negó la apelación ejercida contra la decisión dictada el 01.11.2016 proferida por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Carac.....

Este Tribunal, revisado como ha sido el contenido de la diligencia presentada, observada la debida asistencia y representación jurídica, además de la relación circunstanciada de los hechos que la motivan y de los derechos en ella comprendidos, que arrojaron el monto acordado, de Bs. 801.102,00, verificado el cumplimiento de los parámetros dispuestos en el artículo 19 de La Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores; al no encontrarse vulnerados derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público, lo HOMOLOGA en los términos en ésta especificados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.713 y 1.718, del Código Civil y 255 del Código de Procedimiento Civil, que aplica este Despacho atendiendo a las facultades otorgadas al Juez Laboral en el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. En consecuencia se da por concluido el proceso, contentivo de la demanda por cobro de Prestaciones Sociales y otros conceptos laborales, intentada por la.....

éste JUZGADO DUODÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, de conformidad con el artículo 257 de la Constitución Bolivariana de la República Venezuela y los Artículos 12, 242 y 243 del Código de Procedimiento Civil, declara: PRIMERO: Se SUSPENDE LA MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR, decretada por este Juzgado en fecha 15 de octubre de 2012, en el presente juicio que por PARTICION DE COMUNIDAD CONYUGAL incoara la ciudadana MARISELA GIRON GARCIA contra el ciudadano RAFAEL GUILLERMO CONTRERAS RODRIGUEZ