Como consecuencia de las indicadas circunstancias, resulta imperativo proceder a la revisión de los artículos 1, 2, 3 y 4 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, que respectivamente establecen lo siguiente: "Objeto Articulo 1º. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley tiene por objeto la protección de las arrendatarias y arrendatarios, comodatarios y ocupantes o usufructuarios de bienes inmuebles destinados a vivienda principal, así como las y los adquirientes de viviendas nuevas o en el mercado secundario, contra medidas administrativas o judiciales mediante las cuales se pretenda interrumpir o cesar la posesión legitima que ejercieren, o cuya practica material comporte la perdida de la posesión o tenencia de un inmueble destinado a vivienda. Sujetos objeto de protección. Articulo 2º. Serán objeto de protección especial, mediante la aplicación del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, .....

Se dictó y publicó Sentencia Definitiva mediante la cual se publicó el fallo dictado en el debate oral y público celebrado en la causa, mediante el cual se declaró Con Lugar la demanda.- De conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se condenó en costas a la parte demandada perdidosa por haber resultado vencida en el proceso.-

En fundamento a las anteriores consideraciones, este Juzgado Undécimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 269 y 271 Ejusdem, produciendo los efectos de este último.

En virtud de los razonamientos que anteceden con las consideraciones de hecho y de derecho arriba indicadas; este JUZGADO QUINTO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, en nombre de la República Bolivariana De Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA, por haber transcurrido más de treinta (30) días a contar que desde el 22 de abril de 2010, fecha en la cual el apoderado de la parte actora suministró los emolumentos para la práctica de la citación, siendo que hasta la fecha no ha consignado los fotostatos correspondientes para la elaboración de las respectivas compulsas de citación, evidenciándose que la actora incumplió con sus obligaciones para la práctica de la citación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 y el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia, la extinción del presente procedimiento. Dada, la naturaleza del presente fallo, no hay condenatoria en costas conforme lo dispu.....

PRIMERO: Notifíquese inmediatamente a la Procuraduría General de la República, mediante oficio acompañado de copias certificadas de todo lo que sea conducente para formar criterio acerca de este asunto. SEGUNDO: Se ordena la suspensión de esta causa por un lapso de noventa (90) días continuos, el cual comenzará a transcurrir a partir de la fecha de la consignación en autos de las resultas correspondientes a la notificación indicada en el punto anterior. TERCERO: Líbrese oficio, una vez que la parte interesada proceda a consignar los fotostatos correspondientes para que luego de su certificación sean remitidos a la Procuraduría General de la República. Cúmplase.

PRIMERO: Notifíquese inmediatamente a la Procuraduría General de la República, mediante oficio acompañado de copias certificadas de todo lo que sea conducente para formar criterio acerca de este asunto.- SEGUNDO: Se ordena la suspensión de esta causa por un lapso de noventa (90) días continuos, el cual comenzará a transcurrir a partir de la fecha de la consignación en autos de las resultas correspondientes a la notificación indicada en el punto anterior.- TERCERO: Líbrese oficio, una vez que la parte interesada proceda a consignar los fotostatos correspondientes para que luego de su certificación sean remitidos a la Procuraduría General de la República. Cúmplase.

Este Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECRETA MEDIDA DE EMBARGO PREVENTIVO, sobre bienes muebles de la parte demandada, sociedad mercantil IMPORTADORA KLAARC`S, domiciliada en la Ciudad de Los Teques del Estado Miranda e inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (actualmente Distrito Capital) y Estado Miranda, en fecha 12 de Septiembre de 1997, bajo el Nro. 17, tomo 13-A-Tro; y modificados sus estatutos sociales en diversas oportunidades, siendo la última de ellas inscrita por ante el mismo Registro Mercantil, en fecha 09 de Noviembre de 2006, bajo wl Nro. 21, tomo 30-A-Tro.; e inscrita ante el registro de información fiscal (RIF) Nro. J-30473200-7, en su condición de deudora principal y de los ciudadanos GIRAGOS GARO.....

En fuerza de las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le otorga la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR LA CONFESIÓN FICTA de la parte accionada, por cuanto no quedó configurado lo dispuesto el Artículo 362 del Código de Procedimiento Civil. SEGUNDO: SIN LUGAR por IMPROCEDENTE la demanda de COBRO DE BOLÍVARES intentada por la Sociedad Mercantil COMPAQ COMPUTER CORPORATION contra la Sociedad Mercantil MICRO EXPRESS S.A., ambas partes plenamente identificadas al inicio de este fallo; por cuanto quedó evidenciado de autos que la misma debió intentase contra todos los agentes que intervinieron en el hecho señalado por el demandante, a saber, contra dicha compañía y contra la Sociedad Mercantil COMPAQ COMPUTER DE VENEZUELA S.A., por efec.....

declara CON LUGAR la pretensión principal de Resolución de Contrato de Arrendamiento, deducida por la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), en contra de la sociedad mercantil Inversiones Guatana C.A., de acuerdo con lo contemplado en el artículo 1.167 del Código Civil

declara CONSUMADO el desistimiento del procedimiento que efectuase en fecha 26.05.2011, el abogado Edgar Núñez Caminero, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana Aura Marina Peña de Spasic, en la pretensión de Resolución de Contrato de Arrendamiento, deducida en contra del ciudadano Walter Ehrlich, en razón de lo cual procédase como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, de conformidad con lo establecido en el artículo 265 del Código de Procedimiento Civil